Durante décadas, la Unión Europea ha proclamado su compromiso inequívoco con la lucha contra el antisemitismo. Sin embargo, el último informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE (FRA) revela una realidad incómoda: Europa sigue sin saber medir con rigor el antisemitismo que se produce en su propio territorio, y esa incapacidad institucional tiene consecuencias directas sobre la seguridad, la dignidad y los derechos de los ciudadanos judíos europeos.

El documento, titulado Monitoring and recording antisemitism in the EU: State of play and ways forward, parte de una constatación esencial: sin datos fiables no hay política eficaz, y hoy los datos disponibles son fragmentarios, inconsistentes y, en muchos casos, profundamente engañosos. La FRA reconoce que los Estados miembros utilizan metodologías distintas, definiciones incompatibles y sistemas de registro descoordinados que impiden conocer la verdadera dimensión del fenómeno. Europa legisla, condena y proclama, pero no registra bien.

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El informe recuerda que el antisemitismo no es un fenómeno marginal ni episódico. Según la última gran encuesta de la FRA, realizada entre enero y junio de 2023, el 96% de los judíos europeos experimentó al menos una forma de antisemitismo en el año anterior. Sin embargo, solo una minoría de esos incidentes llega a conocimiento de las autoridades. La cadena de protección —denuncia, registro, investigación, persecución penal y condena— falla ya en su primer eslabón. Las víctimas no denuncian porque no confían en que sirva de algo, porque consideran que el proceso es inútil, costoso o humillante, o porque sencillamente no saben a quién dirigirse. El resultado es una impunidad estructural, reconocida de forma implícita por la propia UE.

El punto de inflexión llega tras los atentados terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la posterior guerra en Gaza. A partir de ese momento, los datos oficiales muestran un aumento abrupto de los incidentes antisemitas en numerosos países europeos. Alemania pasa de 2.641 incidentes registrados en 2022 a más de 5.100 en 2023 y supera los 6.200 en 2024. Francia multiplica casi por cuatro sus cifras en un solo año. Italia, Países Bajos, Austria o Suecia muestran incrementos similares. No se trata de percepciones, sino de cifras oficiales recogidas por ministerios del Interior, cuerpos policiales y organismos judiciales.

Ahora bien, el propio informe se cuida de advertir que estos datos no permiten comparaciones directas entre países. Cada Estado mide cosas distintas: algunos registran incidentes, otros delitos; unos cuentan denuncias, otros condenas; algunos incluyen hechos que no alcanzan el umbral penal, otros los excluyen sistemáticamente. Así, un país con cifras bajas no es necesariamente un país con menos antisemitismo, sino con un sistema de registro más deficiente. En este punto, la FRA es clara: la ausencia de datos no equivale a ausencia de antisemitismo, sino, muy a menudo, a ausencia de voluntad o capacidad para detectarlo.

La distancia entre los datos oficiales y los recogidos por organizaciones de la sociedad civil resulta especialmente reveladora. En muchos Estados, las entidades judías y observatorios independientes registran varias veces más incidentes que las autoridades públicas. Esta brecha no es un detalle técnico, sino una señal política: los Estados no están captando, por voluntad o incompetencia, la realidad que viven sus ciudadanos judíos. La consecuencia es una subestimación sistemática del problema, que impide diseñar políticas de prevención eficaces y transmite a las víctimas la sensación de abandono institucional.

El informe identifica múltiples causas de este fracaso. Entre ellas, la falta de formación de los agentes encargados de registrar los hechos, la inexistencia de categorías claras para identificar la motivación antisemita, y una interpretación excesivamente restrictiva de la normativa de protección de datos. La FRA recuerda que el Reglamento General de Protección de Datos permite la recogida de datos sensibles cuando existe un interés público sustancial, como es el caso de la lucha contra los delitos de odio. No se trata, por tanto, de un obstáculo legal insalvable, sino de una decisión política y administrativa.

Especialmente preocupante es el ámbito digital. El antisemitismo online se ha convertido en un fenómeno masivo, amplificado por crisis sucesivas —la pandemia, la guerra de Ucrania, el conflicto en Oriente Próximo— y por la viralidad de teorías conspirativas, negacionismo y distorsión del Holocausto. El 90% de los judíos europeos declara haber sufrido antisemitismo en Internet, según la FRA. Sin embargo, los sistemas de detección automática utilizados por las plataformas fallan de forma sistemática: censuran contenidos no ofensivos por el uso de determinadas palabras, mientras dejan pasar expresiones más sofisticadas de odio que eluden los filtros mediante códigos, ironías o sustituciones deliberadas. La entrada en vigor del Digital Services Act impone nuevas obligaciones a las plataformas, pero el informe advierte de que sin cooperación real con autoridades especializadas y sin conocimiento contextual, el problema persistirá.

Desde el punto de vista jurídico, la UE recuerda que los Estados miembros están obligados a actuar contra el antisemitismo en virtud de los Tratados europeos, la Carta de Derechos Fundamentales, la Decisión Marco contra el racismo y la xenofobia, la Directiva de Derechos de las Víctimas y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Casi todos los países han adoptado además la definición de antisemitismo de la IHRA, aunque el propio informe recuerda —citando al Consejo de Europa— que dicha definición no puede utilizarse para silenciar la crítica legítima a Israel. La protección frente al odio no puede convertirse en censura política, advierte el texto.

Ante este panorama, la FRA propone una serie de medidas concretas: sistemas de recogida de datos homogéneos y específicos, formación policial para identificar indicadores de sesgo, cooperación estructurada con organizaciones civiles y comunitarias, armonización metodológica entre Estados, encuestas periódicas sobre la experiencia vivida del antisemitismo y mecanismos específicos para el entorno digital. Iniciativas como la Red Europea de Monitorización del Antisemitismo o las conferencias intergubernamentales impulsadas por algunos Estados se presentan como modelos a seguir.

La conclusión del informe es tan sobria como contundente. Más de ochenta años después del Holocausto, el antisemitismo sigue siendo una realidad cotidiana en Europa, y los Estados miembros no pueden combatirlo eficazmente mientras continúen sin medirlo adecuadamente. Registrar bien no es un ejercicio burocrático ni una concesión simbólica: es el primer acto de reconocimiento hacia las víctimas y la condición imprescindible para que el Estado de Derecho funcione también para ellas.