Osakidetza: cuando la incompetencia afecta a los más vulnerables
Lo ocurrido en Osakidetza no es un simple error técnico, ni una disfunción administrativa menor, ni un “incidente puntual” como algunos se esfuerzan en presentarlo. Es algo mucho más grave: el síntoma inequívoco de un sistema sanitario mal gestionado por el nacionalsocialismo gobernante, opaco y peligrosamente negligente, incapaz de garantizar algo tan elemental como que las vacunas que se administran a los bebés y niños vascos no estén caducadas.
El Departamento de Salud sabía desde marzo del año pasado que el sistema informático de registro de vacunas no era fiable. Lo sabía. Lo reconoció internamente. Y, aun así, hizo la vista gorda y autorizó que siguiera funcionando, permitiendo que durante meses se inocularan dosis cuya validez no podía garantizarse con certeza. Este dato, por sí solo, debería provocar dimisiones inmediatas.
No hablamos de un fallo burocrático. Hablamos de salud pública, de bebés revacunados, de familias alarmadas, de confianza rota. En cualquier sistema sanitario serio, europeo y responsable, una incidencia de este calibre habría activado auditorías inmediatas, revisiones externas y una depuración clara de responsabilidades. En Osakidetza, en cambio, se ha optado por el manual ya conocido: minimizar, rectificar cifras a la baja, culpar al registro, no asumir responsabilidades y ganar tiempo.
La secuencia es reveladora. Primero, más de 250 afectados. Después, 103. Finalmente, “menos de 30”. ¿Qué ha cambiado? No los hechos, sino el relato. La reducción no se debe a una investigación previa eficaz, sino al cotejo tardío de las cartillas físicas, el sistema que los propios responsables reconocen ahora —demasiado tarde— como el único realmente fiable. Es decir, el sistema digital falló y nadie lo corrigió a tiempo.
Peor aún: mientras se trataba de cerrar el caso de la vacuna hexavalente, han ido apareciendo nuevas incidencias ocultas, otras vacunas caducadas, otros lotes, otros niños potencialmente afectados. Casos que no fueron comunicados internamente y que han salido a la luz por avisos externos o revisiones forzadas. Esto ya no es un error: es un patrón.
Que en pleno siglo XXI se alegue confusión entre las siglas “CAD” y “EXP” como posible causa adicional resulta, sencillamente, bochornoso y digono de una comunidad regiga por la inoperancia nacionalsocialista del PNY-PSE. Si ese es el nivel de control y formación en el sistema sanitario vasco, el problema no es el software, sino la cultura de la irresponsabilidad instalada en la gestión.
Osakidetza ha sido durante años presentada como un modelo. Hoy, ese relato se desmorona. Un sistema que no controla sus registros, que no reacciona ante alertas internas y que solo actúa cuando el escándalo estalla públicamente es un sistema fallido. Y cuando el fallo afecta a los más vulnerables —los niños—, la gravedad se multiplica.
No basta con crear comités ni anunciar investigaciones internas. Eso llega tarde y suena a trámite defensivo. La ciudadanía exige responsabilidades políticas y administrativas claras, explicaciones completas y garantías verificables de que esto no volverá a suceder. Lo contrario sería asumir que la incompetencia es tolerable cuando se gestiona desde lo público. En Osakidetza no caben errores de este nivel. Y si los hay, no pueden quedar impunes.
Lo ocurrido en Osakidetza no es un simple error técnico, ni una disfunción administrativa menor, ni un “incidente puntual” como algunos se esfuerzan en presentarlo. Es algo mucho más grave: el síntoma inequívoco de un sistema sanitario mal gestionado por el nacionalsocialismo gobernante, opaco y peligrosamente negligente, incapaz de garantizar algo tan elemental como que las vacunas que se administran a los bebés y niños vascos no estén caducadas.
El Departamento de Salud sabía desde marzo del año pasado que el sistema informático de registro de vacunas no era fiable. Lo sabía. Lo reconoció internamente. Y, aun así, hizo la vista gorda y autorizó que siguiera funcionando, permitiendo que durante meses se inocularan dosis cuya validez no podía garantizarse con certeza. Este dato, por sí solo, debería provocar dimisiones inmediatas.
No hablamos de un fallo burocrático. Hablamos de salud pública, de bebés revacunados, de familias alarmadas, de confianza rota. En cualquier sistema sanitario serio, europeo y responsable, una incidencia de este calibre habría activado auditorías inmediatas, revisiones externas y una depuración clara de responsabilidades. En Osakidetza, en cambio, se ha optado por el manual ya conocido: minimizar, rectificar cifras a la baja, culpar al registro, no asumir responsabilidades y ganar tiempo.
La secuencia es reveladora. Primero, más de 250 afectados. Después, 103. Finalmente, “menos de 30”. ¿Qué ha cambiado? No los hechos, sino el relato. La reducción no se debe a una investigación previa eficaz, sino al cotejo tardío de las cartillas físicas, el sistema que los propios responsables reconocen ahora —demasiado tarde— como el único realmente fiable. Es decir, el sistema digital falló y nadie lo corrigió a tiempo.
Peor aún: mientras se trataba de cerrar el caso de la vacuna hexavalente, han ido apareciendo nuevas incidencias ocultas, otras vacunas caducadas, otros lotes, otros niños potencialmente afectados. Casos que no fueron comunicados internamente y que han salido a la luz por avisos externos o revisiones forzadas. Esto ya no es un error: es un patrón.
Que en pleno siglo XXI se alegue confusión entre las siglas “CAD” y “EXP” como posible causa adicional resulta, sencillamente, bochornoso y digono de una comunidad regiga por la inoperancia nacionalsocialista del PNY-PSE. Si ese es el nivel de control y formación en el sistema sanitario vasco, el problema no es el software, sino la cultura de la irresponsabilidad instalada en la gestión.
Osakidetza ha sido durante años presentada como un modelo. Hoy, ese relato se desmorona. Un sistema que no controla sus registros, que no reacciona ante alertas internas y que solo actúa cuando el escándalo estalla públicamente es un sistema fallido. Y cuando el fallo afecta a los más vulnerables —los niños—, la gravedad se multiplica.
No basta con crear comités ni anunciar investigaciones internas. Eso llega tarde y suena a trámite defensivo. La ciudadanía exige responsabilidades políticas y administrativas claras, explicaciones completas y garantías verificables de que esto no volverá a suceder. Lo contrario sería asumir que la incompetencia es tolerable cuando se gestiona desde lo público. En Osakidetza no caben errores de este nivel. Y si los hay, no pueden quedar impunes.
