La incesante deriva totalitaria del fascista Pedro Sánchez
El Gobierno socialfascista del tirano Pedro Sánchez ha presentado su plan para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años y endurecer la persecución contra plataformas que no eliminen contenidos considerados de odio. Se presenta como una iniciativa para proteger a los menores, pero en realidad supone un giro preocupante, uno más, hacia un modelo de intervención estatal que erosiona libertades fundamentales y coloca al poder político en manos de la extrema izquierda estalinista como árbitro último del discurso público y del funcionamiento del mercado digital.
Nadie discute que existen riesgos reales en Internet para los menores: adicción, acoso, explotación o exposición a contenidos nocivos. Sin embargo, convertir un problema social complejo en una prohibición generalizada supone trasladar al Estado responsabilidades que corresponden, en primer lugar, a las familias, al ámbito educativo y a la propia sociedad civil. En lugar de reforzar la educación digital y la corresponsabilidad parental, el Ejecutivo opta por la vía más simple y peligrosa: prohibir y controlar. Que es, realmente, lo que busca.
La cuestión se vuelve aún más inquietante cuando la medida se acompaña de la amenaza de sanciones e incluso responsabilidades penales para las plataformas que no retiren contenidos considerados ilegales o de odio. Aquí aparece el verdadero núcleo del problema: ¿quién decide qué constituye odio? ¿Con qué criterios? ¿Con qué garantías jurídicas? La experiencia reciente demuestra que la mayor máquinaria de odio actualmente en marcha es la que mantiene al Ejecutivo sanchista y que la línea entre discurso odioso, crítica política, sátira o simple discrepancia ideológica es extremadamente difusa y susceptible de manipulación.
La consecuencia práctica es evidente: ante el riesgo de sanciones, las plataformas optarán por eliminar cualquier contenido potencialmente conflictivo. Es decir, no habrá un debate libre, sino un ecosistema digital autocensurado por miedo a multas y responsabilidades legales. El resultado no es una Internet más segura, sino una Internet más dócil y filtrada según los criterios dominantes en cada momento político. Tal y como les gusta a los buenos socialistas como Pedro Sánchez, que lo que realmente son es grandes fascistas.
Además, la exigencia de sistemas estrictos de verificación de edad introduce un problema adicional: para controlar quién puede acceder a redes sociales será necesario implantar mecanismos masivos de identificación digital. En otras palabras, más datos personales circulando, más vigilancia potencial y un precedente peligroso para futuras restricciones de acceso a servicios digitales bajo cualquier pretexto “protector”.
Tampoco es menor el impacto en la libertad de empresa y en la economía digital. Convertir a compañías tecnológicas en policías del discurso público, bajo amenaza constante, altera las reglas del mercado y crea un entorno hostil para la innovación y la inversión. Las grandes multinacionales quizá puedan adaptarse, pero el impacto sobre nuevas empresas y plataformas emergentes será demoledor.
Lo más preocupante es el patrón político que subyace: cada crisis social sirve para ampliar la capacidad de intervención del Estado sobre la vida privada y el espacio público. Ayer fue la pandemia, hoy es la protección digital de menores; mañana podrá ser cualquier otra causa legítima utilizada para justificar nuevos controles. Siempre con la misma lógica: sacrificar libertad en nombre de una presunta seguridad o de un presunto bienestar.
La protección de los menores es un objetivo incuestionable. Pero proteger no equivale a prohibir ni a convertir al Estado en tutor universal de la ciudadanía. Una democracia madura debería apostar por educación digital, herramientas de control parental, alfabetización tecnológica y responsabilidad compartida, no por el control preventivo y la censura indirecta.
Cuando el poder político decide qué se puede decir, quién puede acceder a determinados espacios y bajo qué condiciones deben operar las empresas, el debate ya no es tecnológico ni social: es profundamente democrático. Y la historia demuestra que las libertades rara vez se pierden de golpe; se erosionan paso a paso, siempre bajo la promesa de protegernos de algo. Tal y como hacen Pedro Sánchez y su Gobierno de delincuentes.
El verdadero desafío no es construir un Internet controlado, sino una sociedad capaz de educar, debatir y convivir sin necesidad de que el Estado determine los límites de la conversación pública. Porque cuando la protección se convierte en tutela, la libertad empieza a desaparecer sin que muchos se den cuenta.
El Gobierno socialfascista del tirano Pedro Sánchez ha presentado su plan para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años y endurecer la persecución contra plataformas que no eliminen contenidos considerados de odio. Se presenta como una iniciativa para proteger a los menores, pero en realidad supone un giro preocupante, uno más, hacia un modelo de intervención estatal que erosiona libertades fundamentales y coloca al poder político en manos de la extrema izquierda estalinista como árbitro último del discurso público y del funcionamiento del mercado digital.
Nadie discute que existen riesgos reales en Internet para los menores: adicción, acoso, explotación o exposición a contenidos nocivos. Sin embargo, convertir un problema social complejo en una prohibición generalizada supone trasladar al Estado responsabilidades que corresponden, en primer lugar, a las familias, al ámbito educativo y a la propia sociedad civil. En lugar de reforzar la educación digital y la corresponsabilidad parental, el Ejecutivo opta por la vía más simple y peligrosa: prohibir y controlar. Que es, realmente, lo que busca.
La cuestión se vuelve aún más inquietante cuando la medida se acompaña de la amenaza de sanciones e incluso responsabilidades penales para las plataformas que no retiren contenidos considerados ilegales o de odio. Aquí aparece el verdadero núcleo del problema: ¿quién decide qué constituye odio? ¿Con qué criterios? ¿Con qué garantías jurídicas? La experiencia reciente demuestra que la mayor máquinaria de odio actualmente en marcha es la que mantiene al Ejecutivo sanchista y que la línea entre discurso odioso, crítica política, sátira o simple discrepancia ideológica es extremadamente difusa y susceptible de manipulación.
La consecuencia práctica es evidente: ante el riesgo de sanciones, las plataformas optarán por eliminar cualquier contenido potencialmente conflictivo. Es decir, no habrá un debate libre, sino un ecosistema digital autocensurado por miedo a multas y responsabilidades legales. El resultado no es una Internet más segura, sino una Internet más dócil y filtrada según los criterios dominantes en cada momento político. Tal y como les gusta a los buenos socialistas como Pedro Sánchez, que lo que realmente son es grandes fascistas.
Además, la exigencia de sistemas estrictos de verificación de edad introduce un problema adicional: para controlar quién puede acceder a redes sociales será necesario implantar mecanismos masivos de identificación digital. En otras palabras, más datos personales circulando, más vigilancia potencial y un precedente peligroso para futuras restricciones de acceso a servicios digitales bajo cualquier pretexto “protector”.
Tampoco es menor el impacto en la libertad de empresa y en la economía digital. Convertir a compañías tecnológicas en policías del discurso público, bajo amenaza constante, altera las reglas del mercado y crea un entorno hostil para la innovación y la inversión. Las grandes multinacionales quizá puedan adaptarse, pero el impacto sobre nuevas empresas y plataformas emergentes será demoledor.
Lo más preocupante es el patrón político que subyace: cada crisis social sirve para ampliar la capacidad de intervención del Estado sobre la vida privada y el espacio público. Ayer fue la pandemia, hoy es la protección digital de menores; mañana podrá ser cualquier otra causa legítima utilizada para justificar nuevos controles. Siempre con la misma lógica: sacrificar libertad en nombre de una presunta seguridad o de un presunto bienestar.
La protección de los menores es un objetivo incuestionable. Pero proteger no equivale a prohibir ni a convertir al Estado en tutor universal de la ciudadanía. Una democracia madura debería apostar por educación digital, herramientas de control parental, alfabetización tecnológica y responsabilidad compartida, no por el control preventivo y la censura indirecta.
Cuando el poder político decide qué se puede decir, quién puede acceder a determinados espacios y bajo qué condiciones deben operar las empresas, el debate ya no es tecnológico ni social: es profundamente democrático. Y la historia demuestra que las libertades rara vez se pierden de golpe; se erosionan paso a paso, siempre bajo la promesa de protegernos de algo. Tal y como hacen Pedro Sánchez y su Gobierno de delincuentes.
El verdadero desafío no es construir un Internet controlado, sino una sociedad capaz de educar, debatir y convivir sin necesidad de que el Estado determine los límites de la conversación pública. Porque cuando la protección se convierte en tutela, la libertad empieza a desaparecer sin que muchos se den cuenta.
