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Martes, 03 de Febrero de 2026 Tiempo de lectura:
El Gobierno de Emanuel Macron, contra la libertad de expresión

La Fiscalía de París viola la oficina de X (Twitter) en París y cita a Elon Musk a declarar el 20 de abril

[Img #29746]La unidad de delitos informáticos de la Fiscalía de París ha registrado las oficinas de X (antes Twitter) en Francia junto a la unidad de ciberdelincuencia de la Policía gala y Europol en el marco de una investigación abierta en enero del año pasado. 


"La unidad de delitos informáticos de la fiscalía de París lleva a cabo una búsqueda en las oficinas de X en Francia, con @CyberGEND y @Europol en el marco de la investigación abierta en enero de 2025. La fiscalía de París abandona X. Encuéntrenos en Linkedin e Instagram", ha detallado la Fiscalía parisina a través de su perfil oficial en X. Además, en un comunicado en su web, ha informado de que ha citado a declarar el próximo 20 de abril tanto a Elon Musk, propietario de X, como a la consejera delegada de la compañía, Linda Yicarino. 


"Los empleados de la plataforma X también han sido citados durante la semana del 20 al 24 de abril de 2026 para ser interrogados en calidad de testigos", añade. 


La mencionada investigación arrancó, según recuerda la Fiscalía de París, a raíz de una serie de denuncias recibidas el pasado 12 de enero de 2025 desde el entorno político de Emmanuel Macron y vinculadas con la posible manipulación del algoritmo de la red social para favorecer determinados contenidos. "La investigación se amplió tras otras denuncias (anónimas) que denunciaban el funcionamiento de Grok en la plataforma X, lo que habría dado lugar a la prewsunta difusión de contenidos negacionistas y 'deepfakes' de carácter sexual", agrega la Fiscalía. 


De hecho, la propia Comisión Europea anunció la semana pasada el inicio de una investigación formal contra X por las presuntas imágenes sexuales 'deepfake' generadas sin consentimiento por Grok, su asistente de inteligencia artificial (IA) integrado, y otros contenidos controvertidos, que Bruselas sospecha que violan la ley europea de servicios digitales (DSA, por sus siglas en inglés). 

 

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