El debate sobre la regulación de las plataformas digitales en Europa ha dejado de ser una cuestión meramente tecnológica para convertirse en un asunto central de naturaleza jurídica.. En el núcleo de esta discusión se encuentra la tensión entre la necesidad legítima de combatir delitos y abusos en la red y la obligación de preservar uno de los pilares fundamentales de las democracias liberales: la libertad de expresión. La reciente ofensiva regulatoria europea, especialmente a través del Digital Services Act (DSA), junto con actuaciones judiciales y administrativas contra plataformas digitales, ha abierto un escenario en el que no pocos juristas advierten de un desplazamiento preocupante del equilibrio tradicional entre derechos fundamentales y control estatal del discurso público.

En el modelo clásico de las democracias liberales, la libertad de expresión se configura como un derecho preferente cuya limitación solo puede justificarse en circunstancias excepcionales. Este marco descansa en tres principios básicos: primero, la legalidad estricta, según la cual cualquier restricción debe estar claramente definida por la ley para evitar interpretaciones arbitrarias; segundo, la necesidad y proporcionalidad, que exige que toda limitación responda a un daño real y sea el medio menos restrictivo posible; y tercero, la responsabilidad posterior frente a la censura previa, es decir, que las conductas ilícitas se sancionan una vez producidas y no mediante controles preventivos del discurso.

La regulación europea reciente, enmaorada de los modelos dictatoriales chinos, introduce elementos que alteran ese equilibrio. El Digital Services Act impone a las grandes plataformas obligaciones estrictas para retirar contenidos potencialmente ilícitos y prevenir presuntos riesgos considerados sistémicos. Sin embargo, en la práctica, este sistema traslada la función de decidir qué contenidos pueden circular desde los tribunales hacia empresas privadas que, bajo la amenaza de sanciones multimillonarias, tienden a eliminar cualquier contenido dudoso. Se produce así una forma de censura preventiva privada: para evitar riesgos legales, las plataformas optan por borrar más contenidos de los estrictamente necesarios, suprimiendo no solo material ilegal sino también opiniones polémicas, críticas duras o discursos minoritarios que, aunque legales, pueden resultar incómodos para las élites europeas.

A ello se suma la utilización de conceptos jurídicos amplios y difusos como “discurso de odio”, “desinformación” o “riesgos sistémicos”, cuya interpretación puede variar según contextos políticos o culturales. Cuando las definiciones no son claras, el riesgo de aplicación arbitraria aumenta y el margen de discrecionalidad administrativa se amplía, debilitando las garantías propias del Estado de derecho.

La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha insistido durante décadas en que la libertad de expresión protege no solo ideas consensuales, sino también aquellas que ofenden, chocan o perturban a la sociedad. Sentencias emblemáticas han subrayado que el debate político y social debe gozar de una protección reforzada y que las limitaciones deben aplicarse con extrema cautela. Incluso en decisiones que admiten cierta responsabilidad de intermediarios digitales, el propio tribunal ha advertido del peligro de generar efectos disuasorios que conduzcan a la autocensura.

En la misma línea, los estándares internacionales impulsados por Naciones Unidas señalan que imponer retiradas rápidas de contenidos sin suficientes garantías judiciales puede desembocar en censura excesiva y en la privatización de la función de control del discurso público. La ONU ha insistido en que la moderación de contenidos debe ir acompañada de transparencia, mecanismos de recurso y supervisión independiente para evitar abusos.

El contraste con el modelo estadounidense es significativo. En Estados Unidos, la Primera Enmienda protege incluso discursos altamente ofensivos, salvo en casos muy concretos como la incitación directa e inmediata a la violencia. Además, la normativa que regula la responsabilidad de intermediarios digitales evita convertir a las plataformas en responsables directas de lo que publican sus usuarios, lo que ha permitido un ecosistema digital más plural, aunque también más conflictivo. Europa, en cambio, parece avanzar hacia un modelo donde las plataformas se convierten en guardianes del discurso bajo presión regulatoria.

El problema de fondo no es si debe existir regulación digital —algo que prácticamente nadie discute—, sino hasta qué punto esa regulación puede expandirse sin erosionar los principios básicos del debate democrático. El riesgo actual reside en sustituir la intervención judicial por decisiones empresariales condicionadas por la presión gubernamental, incentivar la censura preventiva y reducir el espacio para la discrepancia política o cultural. La línea entre combatir delitos y moldear el discurso público es extremadamente fina y, una vez cruzada, resulta difícil de revertir.

Desde una perspectiva jurídica, el consenso internacional sostiene que la libertad de expresión no es absoluta y puede ser limitada cuando provoca daños reales, pero también establece que tales restricciones deben ser excepcionales, claramente delimitadas y sometidas a garantías judiciales sólidas. La cuestión que se plantea hoy en Europa es si la regulación digital logrará equilibrar protección y libertad o si, por el contrario, terminará debilitando progresivamente el derecho a expresarse, especialmente cuando lo dicho resulte incómodo para el poder político o para la opinión mayoritaria.

La discusión, en definitiva, no gira solo en torno a plataformas tecnológicas, algoritmos o redes sociales. Lo que está en juego es el modelo de sociedad digital que se está construyendo: uno en el que el Estado actúa como garante de libertades en un entorno complejo o uno en el que, bajo la promesa de proteger a los ciudadanos, termina ejerciendo un control creciente sobre el espacio donde hoy se desarrolla la mayor parte del debate público.