El House Committee on the Judiciary de Estados Unidos ha publicado un informe interino que ha desencadenado una intensa polémica transatlántica al acusar a la Comisión Europa de haber orquestado durante más de una década una campaña de presión para que las grandes plataformas digitales modifiquen sus normas de moderación de contenidos, con efectos que, según los legisladores estadounidenses, han terminado afectando negativamente a la libertad de expresión en Estados Unidos.

El documento, titulado The Foreign Censorship Threat, Part II: Europe’s Decade-Long Campaign to Censor the Global Internet and How it Harms American Speech in the United States, sostiene que la Comisión presionó de forma reiterada a plataformas como TikTok, X, Meta y otras para que adoptaran reglas más restrictivas en su moderación que se aplican globalmente, lo que habría provocado la eliminación de contenidos legítimos relacionados con debates políticos y sociales relevantes en EE. UU. y otros países.

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El informe interino, de más de 150 páginas y basado en miles de documentos internos obtenidos mediante citaciones, señala que en más de 100 reuniones privadas desde al menos 2020, la Comisión Europea –la rama ejecutiva de la Unión Europea– presionó a las plataformas para que cambiasen sus políticas de moderación de contenido a nivel global a fin de combatir lo que Bruselas describía como “discurso de odio” o “desinformación”, pero que, a juicio del comité estadounidense, resultó en la censura de información verdadera y de discursos políticos legítimos. Entre los temas que, siempre según el informe, fueron objeto de supresión figuran debates sobre la pandemia de Covid-19, la migración y cuestiones sobre identidad de género.

El documento también expone que, bajo el paraguas de marcos regulatorios como la Digital Services Act (DSA), Bruselas habría amenazado con sanciones —incluidas multas de hasta el 6% de los ingresos globales— si las plataformas no adaptaban sus normas para cumplir con las expectativas de los reguladores europeos, lo que, según el comité, equivale a una forma de censura extraterritorial sobre la narrativa pública global. En ese contexto, el informe afirma que estas presiones no fueron “voluntarias” ni alcanzaron un “consenso” real, sino que constituyeron intentos deliberados de coaccionar a las empresas para que implementaran normas más estrictas que luego se aplican fuera del territorio europeo, incluido en Estados Unidos.

Los legisladores detrás del informe sostienen que estas prácticas “ponen en riesgo existencial” un derecho fundamental estadounidense: la libertad de expresión en Internet, que, a diferencia de otras jurisdicciones, está protegida de forma expresiva por la Primera Enmienda y por interpretaciones legales que limitan la intervención estatal en la moderación de contenidos privados. El reporte advierte además que la campaña de Bruselas no sólo se ha centrado en eliminar o reducir la visibilidad de ciertos discursos, sino que señala un patrón de sesgo en el que se habrían perjudicado contenidos de carácter conservador o relacionados con debates políticos sensibles en sociedades occidentales.

El informe se inscribe en un contexto más amplio de tensiones entre Estados Unidos y la Unión Europea sobre cómo deben regularse las plataformas tecnológicas globales. Las normas europeas como la Digital Services Act, diseñadas presuntamente para modernizar la regulación de los mayores servicios digitales y mejorar la transparencia y la seguridad en línea, son percibidas por sus defensores en Europa como herramientas legítimas para proteger a los usuarios frente a contenidos dañinos y desinformación; por el contrario, para los críticos estadounidenses estos mismos marcos habrían derivado en un efecto extraterritorial que condiciona lo que millones de usuarios pueden ver o decir en línea.

Las reacciones oficiales desde Bruselas han sido inmediatas y contundentes. Altos representantes de la Comisión Europea han rechazado las acusaciones como “infundadas” y han defendido su derecho soberano a regular el espacio digital de acuerdo con lo que denominan como "valores democráticos y compromisos internacionales", subrayando que la libertad de expresión es un pilar de la democracia europea. Asimismo, la UE ha afirmado que sus leyes se aplican dentro de su jurisdicción y que los mecanismos con las plataformas buscan únicamente combatir contenidos dañinos, no suprimir el debate político legítimo. Algunos Estados miembros han calificado las sanciones estadounidenses recientes, que incluyeron vetos de entrada al país a funcionarios europeos por presunta coacción en materia de redes sociales, como inaceptables entre aliados y socios.

El choque de enfoques regulatorios entre Washington y Bruselas sobre libertad de expresión, moderación de contenidos y soberanía digital se ha intensificado en los últimos años y el informe del House Judiciary Committee es la manifestación más reciente de esa disputa, con posibles repercusiones para la gobernanza global de internet, las políticas públicas sobre desinformación y el futuro de las grandes plataformas digitales.