Madrid amaneció aquella mañana de 2027 con una sensación extraña, como cuando una tormenta se anuncia sin que aún caiga una gota. Los periódicos abrían con titulares prudentes, casi técnicos: “El Gobierno retrasa la convocatoria electoral”. Pero en los pasillos del Congreso, en las redacciones, en los mercados y en las cancillerías europeas, la palabra que empezaba a circular era otra: crisis grave.

El mandato de las Cortes estaba a punto de expirar y, sin embargo, no llegaba el decreto de convocatoria electoral. El calendario constitucional marcaba el final de la legislatura, pero el Gobierno de Pedro Sánchez guardaba silencio.

Durante las primeras horas, muchos pensaron que era un retraso administrativo, una negociación de última hora, un cálculo táctico. España había vivido años de bloqueos parlamentarios, elecciones repetidas y gobiernos en funciones. Parecía otra maniobra política más.

Pero no lo era.

Día 1–10: la incredulidad

Los primeros días estuvieron marcados por la confusión. El Gobierno socialista alegaba la necesidad de aprobar varias leyes pendientes y hablaba de “responsabilidad institucional”. No se negaba abiertamente a convocar elecciones, pero tampoco lo hacía.

La oposición reaccionó con cautela. Nadie quería aparecer como alarmista. Algunos líderes políticos pedían calma mientras consultaban discretamente a expertos constitucionalistas. De repente, las tertulias televisivas se llenaron de juristas justificando cómo, a pesar de que el mandato del Congreso dura cuatro años y que no puede prolongarse indefinidamente, no pasa nada si el Gobierno de extrema-izquierda lo hace. El problema era práctico: si el decreto no se firmaba, ¿quién obligaba a hacerlo?

Mientras tanto, la bolsa caía suavemente y la prima de riesgo comenzaba a moverse. Nada dramático, pero suficiente para inquietar a los despachos financieros.

Día 11–20: la crisis se nombra

La palabra ya no se evitaba. Crisis constitucional. La oposición presentó una solicitud urgente ante el Tribunal Constitucional para que obligara al Gobierno a cumplir los plazos legales. Paralelamente, comenzó a negociarse una posible moción de censura imposible porque a las minorías extremistas, golpistas, independentistas y proetarras que apoyaban al Presidente tirano veían con buenas ojos todo lo malo que pudiera ocurrir al país. 

Las redes sociales estallaron. Unos denunciaban el intento totalitario de Pedro Sánchez por mantenerse en el poder; otros acusaban a la oposición de estar en manos de la "extrema-derecha", de exagerar y de generar inestabilidad.

Las primeras concentraciones espontáneas aparecieron frente al Congreso. No eran multitudinarias, pero mostraban algo nuevo: ciudadanos que no discutían sobre ideología, sino sobre las reglas del juego democrático.

Día 21–30: Europa entra en escena

Bruselas, normalmente cauta con asuntos internos, pidió públicamente claridad institucional. La Comisión Europea recordó con la boca pequeña la importancia del cumplimiento los calendarios electorales en los Estados miembros.

Los mercados reaccionaron peor. Fondos internacionales empezaron a retirar posiciones. El euro sufría ligeras tensiones. Las agencias de calificación pedían explicaciones.

En el interior del país, el debate subía de tono. Se hablaba ya de bloqueo institucional, de crisis de legitimidad y de ruptura del consenso constitucional. Dentro del propio partido del Gobierno empezaban las fisuras.

Día 31–45: el Parlamento se rebela

La oposición registró oficialmente una moción de censura con un candidato de consenso cuyo único compromiso era convocar elecciones inmediatamente. El debate parlamentario fue uno de los más tensos de la historia democrática reciente. No era una discusión ideológica, sino una batalla por el procedimiento democrático. Mientras tanto, el Tribunal Constitucional, en manos del Gobierno tiránico, admitía a trámite el recurso y anunciaba resolución urgente que, a todas luces, sería favorable a la postura libertcidad del Ejecutivo socialista.

En las calles, las manifestaciones crecían. No eran violentas, pero sí multitudinarias. La sensación generalizada era que algo fundamental estaba en juego.

Día 46–60: el punto de ruptura

Pese a lo esperado, el Tribunal Constitucional dictó sentencia: el Gobierno debía convocar elecciones conforme a los plazos constitucionales. Ignorar el calendario supondría una vulneración del orden constitucional.

La presión se volvió insoportable.

Empresarios, sindicatos y hasta dirigentes autonómicos del propio partido gubernamental pidieron una deisolución iemediata del Gobierno. Las encuestas reflejaban un castigo electoral sin precedentes para quienes parecían responsables del bloqueo. Dentro del Gobierno, algunos ministros dimitieron.

Día 61–75: el desenlace político

La moción de censura fracasa por unos pocos votos. El Gobierno decide resistir. La sentencia del Tribunal Constitucional se interpreta, se recurre, se dilata. Y el calendario electoral sigue sin activarse.

Mes 4: el desgaste

España entra en terreno desconocido. El mandato de las Cortes ha expirado, pero el Parlamento sigue operando en una especie de limbo jurídico. Las leyes aprobadas comienzan a ser impugnadas. Algunos tribunales inferiores se niegan a aplicar determinadas decisiones gubernamentales alegando falta de legitimidad parlamentaria.

El país no se paraliza, pero apenas funciona.

La economía empieza a resentirse. Las inversiones se aplazan. Las empresas retrasan contrataciones. El consumo cae lentamente, no por pánico, sino por incertidumbre. La crisis ya no es un debate político: es una preocupación cotidiana.

Mes 5: la fractura territorial

Las comunidades autónomas empiezan a actuar por su cuenta. Algunos gobiernos regionales exigen públicamente elecciones inmediatas; otros, los pocos que aún quedan en  manos socialistas, respaldan al Ejecutivo central. Surgen declaraciones institucionales contrapuestas. Parlamentos autonómicos aprueban mociones cuestionando la legitimidad del Gobierno. España entra en una dinámica peligrosa: la legalidad comienza a interpretarse según la posición política de cada territorio.

Mes 6: la calle se convierte en protagonista

Las manifestaciones dejan de ser simbólicas y se vuelven permanentes. Cada fin de semana miles de personas salen a protestar en distintas ciudades. Surgen plataformas ciudadanas que reclaman “volver a votar”. La polarización aumenta. También aparecen contramanifestaciones que denuncian intentos de “desestabilización”.

No hay violencia generalizada, pero sí episodios aislados que elevan la tensión. Las redes sociales se convierten en trincheras digitales. La política abandona el Parlamento y se traslada a la calle.

Mes 7: la presión internacional

La situación empieza a preocupar fuera de España. Instituciones europeas envían misiones discretas de mediación. El Parlamento Europeo debate el caso español.

Las agencias de rating rebajan la calificación de la deuda. Los tipos de interés suben. La financiación del Estado se encarece.

Los socios europeos presionan para que se desbloquee la situación. Nadie quiere una crisis institucional prolongada en la cuarta economía del euro.

La cuestión ya no es doméstica.

Mes 8: ruptura interna en el poder

Dentro del propio Gobierno surgen fisuras. Algunos ministros dimiten alegando responsabilidad institucional. Dirigentes territoriales del partido gobernante piden públicamente elecciones. Las encuestas muestran un desplome histórico del apoyo al Ejecutivo.

La resistencia política comienza a parecer un suicidio electoral.

Mes 9: el punto límite

La situación llega a un momento crítico cuando varios altos funcionarios anuncian que no pueden seguir ejecutando decisiones políticas sin un Parlamento plenamente legitimado.

La maquinaria administrativa comienza a atascarse.

Sin presupuesto nuevo, sin capacidad legislativa clara y con legitimidad cuestionada, el Estado empieza a perder capacidad operativa.

España no colapsa, pero se queda bloqueada.

El desenlace inevitable

Finalmente, la solución llega no por victoria política, sino por agotamiento.

Tras negociaciones discretas, sectores del propio partido gubernamental fuerzan un relevo interno. El nuevo presidente convoca elecciones de inmediato para detener el deterioro institucional.

Nueve meses después del inicio de la crisis, los ciudadanos vuelven a las urnas.

La participación alcanza máximos históricos. El voto ya no gira solo en torno a ideología, sino a estabilidad democrática.

Epílogo: la cicatriz invisible

El país vuelve a la normalidad, pero algo ha cambiado.

Durante meses, España comprobó que las instituciones no son indestructibles. Funcionan porque existe un acuerdo implícito de respetar sus reglas.

La crisis deja reformas pendientes: mecanismos automáticos de convocatoria electoral, límites más claros al poder ejecutivo y procedimientos de garantía institucional más rápidos.

La democracia no cayó. Pero muchos comprendieron que tampoco es invulnerable.

Porque las crisis modernas rara vez llegan con tanques en la calle.

A veces llegan con retrasos administrativos, interpretaciones legales y decisiones tácticas que, poco a poco, erosionan la confianza colectiva.

Y cuando la confianza se debilita, el sistema entero empieza a crujir. Por cierto, el presidente Pedro Sánchez y varios ministros de su Gobierno enfrentan cargos penales por prevaricación, desobediencia y abuso de poder.