¿Cuándo se convierte la democracia en una tiranía?
Pedro Sánchez estudia retrasar las elecciones generales hasta finales de 2027 ante el desplome electoral del PSOE
![[Img #29812]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/02_2026/4182_screenshot-2026-02-10-at-11-38-20-sanchez-lanza-su-ministerio-de-la-verdad-crea-una-direccion-general-de-discurso-y-mensaje-en-moncloa-heraldo-sanitario-y-politico-satirico-de-oregon.png)
En medio de un panorama político marcado por el desgaste electoral profundo del PSOE y un notable auge de las fuerzas de derecha, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está valorando internamente una opción que hasta hace poco parecía impensable: retrasar la convocatoria de elecciones generales hasta noviembre de 2027, más allá del calendario habitual que marca julio de ese año, aprovechando interpretaciones jurídicas flexibles del mandato parlamentario.
Según informa The Objetive, la idea, debatida en reuniones en el Palacio de la Moncloa encabezadas por el jefe de gabinete, Diego Rubio, no es una simple táctica de sobremesa, sino una respuesta estratégica a la que varios dirigentes socialistas consideran una realidad: el PSOE ha sufrido derrotas sucesivas en elecciones autonómicas —especialmente en Aragón y Extremadura— y ve minimizadas sus opciones de regresar a La Moncloa si se celebran comicios en el plazo constitucional.
Siempre según The Objetive, Desde Moncloa se sostiene que existen informes jurídicos capaces de sostener la tesis de que el mandato de las Cortes Generales podría entenderse como comenzado desde la investidura —el 16 de noviembre de 2023— y no desde el día de las urnas, posibilitando así una convocatoria hasta noviembre de 2027. El Ejecutivo interpreta que el artículo 68 de la Constitución Española presenta una ambigüedad susceptible de esa lectura.
Según estas fuentes, la idea no está descartada, aunque oficialmente no se ha tomado ninguna decisión y se evita plantearla públicamente como una opción prioritaria. En la práctica, la estrategia consiste en ganar tiempo hasta que cambien las dinámicas demoscópicas, con la esperanza de revertir el descenso en el apoyo electoral socialista.
El telón de fondo de esta deliberación política es un PSOE muy debilitado electoralmente. Tras el batacazo autonómico en Aragón, donde los socialistas quedaron en uno de sus peores resultados históricos, el debate interno sobre la conveniencia de convocar elecciones anticipadas o prolongar la legislatura ha cobrado fuerza incluso entre sectores críticos dentro del propio partido.
En este contexto, el presidente Sánchez ha sido acusado por sectores críticos de priorizar su supervivencia política y el control institucional por encima del ritmo electoral que marca la ley. Se ha llegado a argumentar que Sánchez no adelanta elecciones porque no puede permitírselo, lo que sugiere que la lógica del poder actual se ha transformado en un seguro de vida político más que en un instrumento de gobierno.
El auge de Vox y la polarización del electorado también juegan un papel fundamental en esta ecuación. Las últimas encuestas indican que el espacio de la derecha —PP y Vox— supera el 50% del apoyo electoral, mientras que la izquierda sigue debilitándose, con el PSOE por debajo del 30%, Sumar en niveles marginales y Podemos prácticamente desaparecido. Esta recomposición hace que muchos estrategas socialistas teman que una cita electoral en 2026 o principios de 2027 pueda resultar en un sorpasso duradero de la derecha, consolidando una mayoría de gobierno conservadora o de coalición.
Desde la oposición, figuras como el presidente del PP han intensificado sus críticas, denunciando la obstinación del presidente por no convocar elecciones y acusándolo de aferrarse al poder a pesar del daño político que ello provoca tanto al sistema como a su propio partido. En círculos nacionalistas vascos se ha llegado a afirmar que una legislatura extendida mediante decretos ley sería “mala para todo el mundo”.
El debate, en suma, trasciende la mera conveniencia electoral para tocar un problema más profundo: la legitimidad democrática del Ejecutivo y el respeto al calendario constitucional. Aunque legalmente la convocatoria permanecerá en manos del presidente, el posible intento de retrasarla contraviene la lógica tradicional del ciclo parlamentarista y abre un interrogante sobre hasta qué punto las urgencias políticas internas de un partido pueden alterar las reglas del juego establecidas.
El próximo año, por tanto, no será solo el final de una legislatura, sino una encrucijada institucional en la que la democracia española deberá sortear los embates del tirano socialista Pedro Sánchez.
En medio de un panorama político marcado por el desgaste electoral profundo del PSOE y un notable auge de las fuerzas de derecha, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está valorando internamente una opción que hasta hace poco parecía impensable: retrasar la convocatoria de elecciones generales hasta noviembre de 2027, más allá del calendario habitual que marca julio de ese año, aprovechando interpretaciones jurídicas flexibles del mandato parlamentario.
Según informa The Objetive, la idea, debatida en reuniones en el Palacio de la Moncloa encabezadas por el jefe de gabinete, Diego Rubio, no es una simple táctica de sobremesa, sino una respuesta estratégica a la que varios dirigentes socialistas consideran una realidad: el PSOE ha sufrido derrotas sucesivas en elecciones autonómicas —especialmente en Aragón y Extremadura— y ve minimizadas sus opciones de regresar a La Moncloa si se celebran comicios en el plazo constitucional.
Siempre según The Objetive, Desde Moncloa se sostiene que existen informes jurídicos capaces de sostener la tesis de que el mandato de las Cortes Generales podría entenderse como comenzado desde la investidura —el 16 de noviembre de 2023— y no desde el día de las urnas, posibilitando así una convocatoria hasta noviembre de 2027. El Ejecutivo interpreta que el artículo 68 de la Constitución Española presenta una ambigüedad susceptible de esa lectura.
Según estas fuentes, la idea no está descartada, aunque oficialmente no se ha tomado ninguna decisión y se evita plantearla públicamente como una opción prioritaria. En la práctica, la estrategia consiste en ganar tiempo hasta que cambien las dinámicas demoscópicas, con la esperanza de revertir el descenso en el apoyo electoral socialista.
El telón de fondo de esta deliberación política es un PSOE muy debilitado electoralmente. Tras el batacazo autonómico en Aragón, donde los socialistas quedaron en uno de sus peores resultados históricos, el debate interno sobre la conveniencia de convocar elecciones anticipadas o prolongar la legislatura ha cobrado fuerza incluso entre sectores críticos dentro del propio partido.
En este contexto, el presidente Sánchez ha sido acusado por sectores críticos de priorizar su supervivencia política y el control institucional por encima del ritmo electoral que marca la ley. Se ha llegado a argumentar que Sánchez no adelanta elecciones porque no puede permitírselo, lo que sugiere que la lógica del poder actual se ha transformado en un seguro de vida político más que en un instrumento de gobierno.
El auge de Vox y la polarización del electorado también juegan un papel fundamental en esta ecuación. Las últimas encuestas indican que el espacio de la derecha —PP y Vox— supera el 50% del apoyo electoral, mientras que la izquierda sigue debilitándose, con el PSOE por debajo del 30%, Sumar en niveles marginales y Podemos prácticamente desaparecido. Esta recomposición hace que muchos estrategas socialistas teman que una cita electoral en 2026 o principios de 2027 pueda resultar en un sorpasso duradero de la derecha, consolidando una mayoría de gobierno conservadora o de coalición.
Desde la oposición, figuras como el presidente del PP han intensificado sus críticas, denunciando la obstinación del presidente por no convocar elecciones y acusándolo de aferrarse al poder a pesar del daño político que ello provoca tanto al sistema como a su propio partido. En círculos nacionalistas vascos se ha llegado a afirmar que una legislatura extendida mediante decretos ley sería “mala para todo el mundo”.
El debate, en suma, trasciende la mera conveniencia electoral para tocar un problema más profundo: la legitimidad democrática del Ejecutivo y el respeto al calendario constitucional. Aunque legalmente la convocatoria permanecerá en manos del presidente, el posible intento de retrasarla contraviene la lógica tradicional del ciclo parlamentarista y abre un interrogante sobre hasta qué punto las urgencias políticas internas de un partido pueden alterar las reglas del juego establecidas.
El próximo año, por tanto, no será solo el final de una legislatura, sino una encrucijada institucional en la que la democracia española deberá sortear los embates del tirano socialista Pedro Sánchez.
