A través de un comunicado remitido a los medios de comunicación, el Sindicato Profesional de la Ertzaintza (Si.P.E.) ha manifestado su "profunda preocupación y malestar ante las declaraciones realizadas por el consejero de Seguridad en relación con el desarrollo de la nueva OPE de la Ertzaintza y los graves incidentes organizativos que la han rodeado".

Para el Si.P.E., "resulta inadmisible que, tras el caos vivido durante la celebración de las pruebas y las dudas generadas en torno a la cadena de custodia de los exámenes, el consejero se limite a señalar que ha remitido una nota explicativa a los aspirantes, mientras las organizaciones sindicales, que hemos sido quienes hemos puesto el foco en este despropósito desde el primer momento, no hemos recibido ni una sola explicación oficial, ni una llamada, ni una reunión urgente para aclarar lo sucedido".

El Si.P.E. denuncia que, a día de hoy, "no se nos ha facilitado ningún documento que justifique ni avale las manifestaciones realizadas por el consejero sobre la supuesta garantía de la cadena de custodia. No existe información técnica detallada, ni informe independiente, ni dato objetivo que permita verificar que el proceso se ha desarrollado con las debidas garantías. La transparencia no puede proclamarse en rueda de prensa mientras se niega la información a los representantes legales de los ertzainas".

"Pedir disculpas no puede ser suficiente. Cuando hablamos de una OPE pública, hablamos de igualdad, mérito y capacidad. Hablamos del futuro profesional de miles de personas y de la credibilidad de la propia Ertzaintza como institución. Lo ocurrido no es una mera incidencia logística: es una situación grave que ha generado inseguridad jurídica, desconfianza y un evidente deterioro de la imagen del proceso selectivo".

Además, añade el sindicato, "resulta especialmente preocupante que, en un examen que se califica de 'transparente', se haya permitido que una parte de los opositores realizara la prueba con copias en color mientras otros lo hicieran en blanco y negro. Este hecho, lejos de ser anecdótico, puede suponer un agravio comparativo evidente en función del tipo de prueba y del impacto visual del material entregado. La Administración tiene la obligación de garantizar condiciones idénticas para todos los aspirantes, sin excepciones".

Desde el Si.P.E. "consideramos que lo sucedido evidencia una incompetencia manifiesta en la organización y supervisión del proceso. Por ello, exigimos que se delimiten responsabilidades de forma clara y pública. Si ha habido errores, negligencias o fallos en la planificación y ejecución de la prueba, deben identificarse a los responsables y adoptarse las medidas correspondientes. La confianza en las instituciones no se recupera con declaraciones, sino con hechos".

"La Administración no puede pretender cerrar esta crisis con una carta y unas disculpas. Es imprescindible una comparecencia detallada ante las organizaciones sindicales, la entrega de toda la documentación relativa a la cadena de custodia y la apertura, si procede, de una investigación interna que determine qué ha fallado y quién debe responder por ello".