La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), principal organización representativa del colectivo en España, ha iniciado gestiones ante el Consejo de la Unión Europea para conocer si existe alguna iniciativa orientada a retirar a ETA del listado comunitario de organizaciones terroristas.

Según han explicado fuentes de la asociación y ha recogido Servimedia, la decisión responde a las informaciones aparecidas en distintos medios que apuntan a posibles negociaciones políticas en España vinculadas a la permanencia o no de la organización en dicha lista. Ante estas especulaciones, la AVT ha solicitado formalmente aclaraciones al órgano europeo encargado de revisar periódicamente el registro.

En las últimas semanas se ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez podría estar abordando esta cuestión en el marco de sus relaciones parlamentarias con EH Bildu, lo que ha generado un intenso debate político por el impacto simbólico que tendría en la memoria de las víctimas del terrorismo en España.

ETA figura en la lista europea de organizaciones terroristas desde su creación tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Aunque la organización anunció su disolución en 2018 y cesó su actividad armada años antes, cualquier modificación de su estatus requiere una decisión formal del Consejo de la UE.

El asunto ha sido objeto de controversia política en España. El expresidente del Gobierno Felipe González se mostró recientemente contrario a la retirada de ETA del listado y criticó que algunos presos de la organización abandonen la cárcel sin haber expresado arrepentimiento ni pedido perdón por sus crímenes. Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, instó en el Congreso a representantes de EH Bildu a colaborar en el esclarecimiento de atentados aún pendientes de resolver.

Desde el Ejecutivo, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró recientemente no disponer de información sobre un eventual cambio en la situación de ETA dentro del listado comunitario.

La inclusión de organizaciones en la lista antiterrorista europea se basa en la Posición Común 2001/931/PESC y en el Reglamento 2580/2001, que permiten aplicar sanciones económicas y restricciones financieras a personas y entidades vinculadas a actividades terroristas. Entre las medidas se incluyen la congelación de activos y la prohibición de facilitar recursos económicos dentro de la Unión Europea.

El Consejo revisa el listado al menos dos veces al año, basándose en información remitida por los Estados miembros y en la evolución de la situación de los grupos incluidos. Tras cada revisión, se decide mantener, añadir o retirar organizaciones, publicándose posteriormente la actualización en el Diario Oficial de la UE.

Para que una entidad sea eliminada de la lista es necesario un acuerdo formal de los Estados miembros, generalmente tras constatar cambios sustanciales en su actividad o la inexistencia de base jurídica actualizada que justifique su permanencia en el registro.