Las elecciones autonómicas en Aragón han puesto al Gobierno al borde del colapso político, sin contar que Podemos ha quedado prácticamente fuera del mapa político regional, quebrándose el equilibrio que sostuvo el ciclo progresista desde 2015.

Se ha abierto una escena política incómoda para el Gobierno de Pedro Sánchez, palpándose un nerviosismo que se refleja en sus declaraciones. En lugar de asumir el desgaste o plantear una reflexión crítica, se ha optado por una salida poco ética y profesional: atribuir, por parte de Óscar López, el resultado electoral a la herencia de Francisco Javier Lambán Montañés, fallecido en 2025.

Da la sensación de que trasladar la responsabilidad se ha convertido casi en un lema no escrito del actual Gobierno ¿No creen?

El cierre del ciclo progresista en Aragón merece una interpretación más amplia. En España se está percibiendo un desplazamiento ideológico hacia posiciones más conservadoras, acompañado de una creciente fragmentación política. La consolidación de VOX y el avance de nuevas formaciones como SALF, que en Aragón han llegado a rozar el escaño, reflejan un electorado menos fiel a los partidos tradicionales y más dispuestos a buscar alternativas.

El desgaste acumulado y la pérdida de apoyos ponen en manifiesto que el proyecto del sector progresista ha entrado en una fase de agotamiento. En este contexto, resulta interesante abrir el debate sobre un posible adelanto electoral en el ámbito nacional, que los ciudadanos lo interpretarán como un ejercicio de autocrítica por parte del peso, y que es necesario que se haga. Extremadura y Aragón son un espejo de lo que los ciudadanos españoles quieren: el cambio. Por ello, consultar a los ciudadanos puede ser una herramienta inteligente para restaurar la confianza en un sistema que parece alejarse cada vez más de lo que la Constitución proclama.

De esta forma, el ciclo del Gobierno socialista con sus aliados parece estar llegando a su fin, y conviene asumirlo, porque de no hacerlo, se entraría, como yo lo denomino, en una verdadera tormenta política.  Aunque creo que ya estamos en ella.

Los nuevos aires ideológicos, que tienden más hacia la derecha, no constituyen una amenaza, como algunos políticos insisten. Forma parte del sistema y de la propia naturaleza cambiante de la sociedad. Basta recordar el sistema de alternancia política instaurado durante la Restauración, que, con sus luces y sombras, introdujo la idea de que el poder no debía perpetuarse en un único partido.

Por ello, el desplazamiento ideológico no convierte a España en un país fascista ni justifica expresiones como la de “barrer a España de fachas”, pronunciada por Irene Montero. Por cierto, descalificar a los adversarios políticos por parte de nuestros representantes no contribuye, en absoluto, a fortalecer la convivencia democrática, sino todo lo contrario.

Lo que una parte significativa de la ciudadanía reclama no son etiquetas, sino soluciones: soluciones ante una crisis política de gran envergadura, originada por los casos de corrupción que asolan al Gobierno y que erosionan la confianza institucional; la necesidad de respetar de manera efectiva la separación de poderes; la importancia de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado para poder gobernar con estabilidad; y la obligación de utilizar adecuadamente instrumentos legislativos excepcionales como el decreto-ley, entre otros.

El debate de fondo no es ideológico,  no va de colores. Va, de que España necesita recuperar un clima de estabilidad, responsabilidad y confianza ciudadana en sus instituciones.