Un análisis elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CNIF), dependiente de la Policía Nacional, estima que el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno podría beneficiar inicialmente a entre un millón y 1,35 millones de personas, más del doble de las cifras manejadas por el Ejecutivo. Además, el estudio advierte de posibles efectos a medio y largo plazo que incrementarían la presión migratoria hacia España.

El Gobierno de extrema izquierda de Pedro Sánchez ha situado en torno a 500.000 el número de personas que podrían acogerse a la medida, una cifra mencionada por dirigentes del Ejecutivo en diferentes intervenciones públicas. Sin embargo, el informe policial considera que solo entre los inmigrantes irregulares ya presentes en territorio español podrían solicitar la regularización entre 750.000 y un millón de personas. A este grupo se sumarían entre 250.000 y 350.000 solicitantes de asilo que también podrían acogerse al proceso, lo que elevaría significativamente el total de beneficiarios.

El CNIF señala que la regularización podría generar una percepción internacional de mayor permisividad en España respecto a la inmigración irregular, convirtiéndose en un factor de atracción para nuevos flujos migratorios. Según el análisis, la repercusión mediática del anuncio ha sido intensa en países de origen, especialmente en Latinoamérica, donde se estaría difundiendo información sobre los requisitos para acogerse a la medida, incluso a través de redes sociales y canales no convencionales.

El informe prevé asimismo movimientos secundarios de inmigrantes desde otros países del espacio Schengen hacia España, que podrían situarse entre 200.000 y 250.000 personas adicionales cada año. También anticipa un posible desplazamiento de rutas marítimas desde el Mediterráneo central y oriental hacia el occidental, con un aumento anual de llegadas por mar estimado entre 6.000 y 12.000 personas.

A ello se sumaría un incremento de entradas por vía aérea, especialmente de ciudadanos latinoamericanos y asiáticos que acceden como turistas y prolongan su estancia más allá del periodo permitido. Este flujo podría suponer entre 35.000 y 45.000 nuevas personas al año, según la estimación policial.

El Ministerio de Inclusión rechaza estas previsiones y sostiene que no existe un “efecto llamada” cuando se establece un marco temporal y condiciones claras para la regularización. El departamento defiende además que la situación irregular es la que favorece a las redes de explotación y tráfico de personas, y que la regularización contribuye precisamente a combatir ese fenómeno.

Por su parte, sindicatos policiales han advertido de posibles efectos colaterales, como un aumento de la presión sobre las unidades de Extranjería y Fronteras, ya actualmente muy exigidas por la gestión migratoria.

Diversos estudios independientes también sitúan el número de inmigrantes en situación irregular en cifras superiores a las manejadas por el Ejecutivo. Funcas estimó recientemente en torno a 840.000 las personas en situación irregular en España a finales de 2025, mientras que organizaciones y representaciones diplomáticas de países latinoamericanos manejan cifras elevadas de potenciales beneficiarios de la medida.

El proceso extraordinario fue aprobado por el Consejo de Ministros a finales de enero mediante la tramitación de un real decreto y permitirá acogerse a él a ciudadanos extracomunitarios que acrediten al menos cinco meses de estancia en España antes del 31 de diciembre de 2025, así como a quienes hayan solicitado protección internacional antes de esa fecha. Las solicitudes comenzarán a tramitarse en abril y, según el Gobierno, deberán resolverse en un plazo aproximado de quince días.

En distintas ciudades españolas ya se observa un incremento de trámites en consulados y oficinas administrativas, así como un aumento de denuncias por supuesta pérdida de pasaportes, circunstancia que, según fuentes policiales citadas en informes internos, podría utilizarse para ajustar fechas de entrada o facilitar la obtención de documentación necesaria para acogerse al proceso.

La regularización actualmente en marcha difiere de la aprobada en 2005, que exigía un contrato de trabajo previo y permitió entonces regularizar a unas 576.000 personas. En el procedimiento actual, la acreditación de la estancia se basa en documentación administrativa diversa y será gestionada principalmente por Interior.

El debate sobre el impacto real de la medida continúa abierto mientras avanzan los preparativos para el inicio del proceso administrativo en las próximas semanas.