Lo ocurrido en el Museo Reina Sofía no es un simple error de protocolo ni un malentendido entre visitantes. Es algo mucho más grave: una institución pública que, ante un episodio de odio, optó por expulsar a las víctimas en lugar de protegerlas.

Tres mujeres israelíes —una de ellas superviviente del Holocausto— fueron insultadas dentro del museo por su identidad judía. Se las señaló como “asesinas de niños”. Se las increpó por portar símbolos judíos. Y, según los testimonios difundidos por múltiples medios, la solución adoptada por el museo fue pedirles que abandonaran el recinto porque otros visitantes estaban incómodos con su presencia.

Conviene llamar a las cosas por su nombre: esto supone legitimar al agresor y penalizar al agredido y supone la comisión, al menos, de cuatrop posibles delitos que deben ser ya denunciados por una Fiscalía que, en general, se da mucha prisa en ver presuntos casos de islamofobia y muy poca en atacar casos ciertos de antisemitismo: Delito de odio; Discriminación en servicio público; Injurias o vejaciones y/o trato degradante.

Una institución cultural pública no puede actuar como si el odio fuese un problema de convivencia entre iguales. No lo es. Cuando alguien es atacado por su religión, su identidad o su origen, la obligación de la autoridad es intervenir contra quien agrede, no contra quien sufre la agresión. Expulsar a las víctimas equivale a enviar un mensaje inequívoco: es más fácil apoyar a los agresores que proteger a las víctimas.

Lo más inquietante es que no se trata de la primera controversia que rodea al museo por la gestión de tensiones políticas o identitarias. Desde hace años, el Reina Sofía arrastra críticas por su incapacidad para separar activismo de extrema izquierda y gestión cultural, y por permitir que posiciones ideológicas progresistas impregnen espacios que deberían ser, precisamente, lugares de encuentro plural y convivencia cívica.

Un museo público no puede convertirse en un espacio donde ciertas identidades deban esconderse para evitar conflictos. Mucho menos en Europa, y mucho menos cuando las víctimas pertenecen a un pueblo que conoce mejor que nadie hasta dónde puede conducir la normalización del odio cotidiano.

La gravedad del caso no reside solo en los insultos, sino en la (nula) reacción institucional. Cuando un centro cultural del Estado expulsa a quienes sufren discriminación, el problema deja de ser un incidente puntual y pasa a ser un fallo moral e institucional.

No bastan ahora comunicados ni investigaciones internas que, demasiadas veces, terminan diluyéndose en explicaciones burocráticas. El museo debe explicar públicamente qué ocurrió, quién tomó la decisión, bajo qué criterios y qué medidas se adoptarán para que no vuelva a repetirse. Y debe hacerlo con transparencia real, no con fórmulas administrativas destinadas a enfriar la polémica.

Porque aquí no está en juego solo la reputación de un museo. Está en juego algo más básico: si en los espacios públicos españoles se protege a quienes sufren odio o se les invita discretamente a marcharse para evitar molestias. Aunque cuando la institución en cuestión depende del Gobierno indecente de Pedro Sánchez, ya sabemos la respuesta.