El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha acusado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de protagonizar “una auténtica vergüenza” y de “encubrir” al que hasta hace pocos días era el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez, tras la admisión a trámite de una denuncia por agresión sexual presentada por una agente subordinada. 

La polémica se intensificó en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, donde Tellado afirmó que “da náuseas verle sentado en el banco que ocupa”, en referencia al ministro del Interior, y acusó al Ejecutivo de haber “tapado” la denuncia hasta que trascendió públicamente. El dirigente popular exigió la dimisión de Marlaska por haber permitido que su mano derecha permaneciera en el cargo pese a las graves acusaciones.

Tellado aseguró además que el Ejecutivo está “rodeado de encubridores” y criticó lo que calificó de incoherencias del Gobierno en materia de violencia de género y justicia. En su intervención también arremetió contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendiendo que su gestión ha sido un “epicentro de la corrupción” y cuestionando su capacidad política. 

El caso se originó cuando un juzgado admitió a trámite una querella en contra de González Jiménez por presunta agresión sexual, coerción y lesiones psíquicas, y le citó a declarar el próximo 17 de marzo tras la denuncia presentada por una funcionaria de la Policía Nacional. Poco después, González presentó su dimisión como DAO. 

El Ejecutivo ha rechazado las acusaciones de encubrimiento. Marlaska ha manifestado que su equipo desconocía hasta fechas recientes los detalles de la denuncia y que, una vez conocida, exigió la renuncia inmediata del funcionario y promovió la apertura de una investigación interna, además del cese de un comisario supuestamente implicado en presiones a la denunciante.

Desde el Gobierno, la vicepresidenta primera defendió la actuación del Ejecutivo y acusó al PP de aplicar una “doble moral”, señalando que los populares han enfrentado consecuencias judiciales en otros casos y que las críticas se enmarcan en una estrategia de confrontación política. 

La denuncia contra el ex DAO y la gestión política del caso han generado un clima de fuerte tensión parlamentaria y mediática, con llamadas desde el PP a la responsabilidad política del ministro del Interior y una firme defensa del Gobierno sobre la actuación institucional ante un procedimiento judicial en curso.