La Universidad del País Vasco, contra la libertad
La reciente decisión de la Universidad del País Vasco (EHU) de suspender la actividad presencial en su campus de Vitoria ante la convocatoria de un acto político de Vox no puede despacharse como una mera medida técnica de seguridad. El problema no es solo el cierre. Es el miserable marco conceptual con el que esta decisión se justifica: la necesidad de levantar un “cordón sanitario” frente a “mensajes totalitarios”.
Una universidad pública no es un actor partidista. No es un sujeto ideológico con legitimidad para clasificar políticamente a formaciones políticas legales. Es una institución financiada por todos los ciudadanos, incluidos quienes votan a partidos con los que su equipo rector pueda discrepar profundamente. Cuando una universidad adopta un lenguaje político para fundamentar una decisión institucional, deja de situarse en el plano administrativo y entra de lleno, en este caso, en el terreno del activismo de extrema-izquierda.
La cuestión central no es si Vox gusta o disgusta. La cuestión es si una institución pública, que un día tras otro arropa a no pocos miembros de ETA, puede arrogarse el derecho de determinar qué opción política, siendo legal y con representación parlamentaria, merece o no espacio en el entorno universitario. Si la formación de Santiago Abascal, o cualquier otra, vulnera la ley, existen mecanismos constitucionales para actuar. Mientras no sea así, excluirla simbólicamente desde el poder institucional erosiona grave y desvergonzadamente el principio de igualdad política.
La universidad puede —y debe— garantizar la seguridad. Puede adoptar medidas preventivas ante riesgos objetivos. Pero cuando la argumentación se construye sobre una valoración ideológica previa, el mensaje que se envía es otro: que determinadas ideas no solo se combaten intelectualmente, sino que se consideran incompatibles con el propio espacio académico.
Eso es lo que resulta alarmanete e inquietante, aunque nada sorprendente en un entorno sociopolítico como el vasco, acostumbrado de atacar y despreciar a las víctimas mientras se alaba a los verdugos.
La esencia de la universidad es el contraste crítico. Es el debate abierto. Es la capacidad de someter cualquier tesis —también las "políticamente incorrectas" — al escrutinio racional. Una comunidad académica segura de su fortaleza intelectual no necesita cerrar campus para defenderse de discursos que considera erróneos. Necesita argumentos, no vetos y prohibiciones.
Además, el contexto vasco añade una dimensión histórica delicada a esta decisión de la UPV. Durante décadas, el pluralismo político ha sido el gran ausente en una sociedad vasca domeñada por independentistas, proetarras y ultras de de izquierda. Precisamente por esa memoria vergonzante, la neutralidad institucional debería ser hoy un principio especialmente protegido. No selectivo. No condicionado por afinidades ideológicas del ideolóigicamente pútrido rectorado de la UPV.
Cuando una universidad pública utiliza categorías como “cordón sanitario” en relación con partidos legales, se instala en una lógica de exclusión moral que, aunque no tenga forma coercitiva clásica, sí establece fronteras ideológicas desde el poder institucional. Y cuando el poder institucional define quién es aceptable y quién no en el espacio común, el pluralismo deja de ser un principio estructural para convertirse en una concesión contingente y caprichosa. Y esto tiene un nombre: totalitarismo.
Lo sucedido en la Universidad del País Vasco no es un episodio menor ni una simple polémica coyuntural. Plantea una grave cuestión de fondo sobre la neutralidad de las instituciones públicas, las mismas que desde el Gobierno Vasco, las diputaciones provinciales y numerosos ayuntamientos no dejan de atacar a Vox mientra limitan grávemnte el pluralismo democrático.
Cualquier universidad puede cuestionar ideas. Puede promover valores. Puede debatir con firmeza. Pero no debería clasificar políticamente desde su privilegiada posición institucional a opciones legales ni cerrar espacios en función de juicios previos marcadas por el fanatismo ideológico y la ignorancia política.
La democracia se fortalece cuando las instituciones garantizan reglas iguales para todos, no cuando seleccionan interlocutores en función de sus afinidades políticas. Lo que está en juego no es una sigla concreta, sino la poca credibilidad que le queda a la Universidad del País Vasco como espacio común de libertad intelectual. Una credibilidad que lleva años dilapidando mientras da cobertura a los sicarios de ETA e insulta a sus víctimas.
La reciente decisión de la Universidad del País Vasco (EHU) de suspender la actividad presencial en su campus de Vitoria ante la convocatoria de un acto político de Vox no puede despacharse como una mera medida técnica de seguridad. El problema no es solo el cierre. Es el miserable marco conceptual con el que esta decisión se justifica: la necesidad de levantar un “cordón sanitario” frente a “mensajes totalitarios”.
Una universidad pública no es un actor partidista. No es un sujeto ideológico con legitimidad para clasificar políticamente a formaciones políticas legales. Es una institución financiada por todos los ciudadanos, incluidos quienes votan a partidos con los que su equipo rector pueda discrepar profundamente. Cuando una universidad adopta un lenguaje político para fundamentar una decisión institucional, deja de situarse en el plano administrativo y entra de lleno, en este caso, en el terreno del activismo de extrema-izquierda.
La cuestión central no es si Vox gusta o disgusta. La cuestión es si una institución pública, que un día tras otro arropa a no pocos miembros de ETA, puede arrogarse el derecho de determinar qué opción política, siendo legal y con representación parlamentaria, merece o no espacio en el entorno universitario. Si la formación de Santiago Abascal, o cualquier otra, vulnera la ley, existen mecanismos constitucionales para actuar. Mientras no sea así, excluirla simbólicamente desde el poder institucional erosiona grave y desvergonzadamente el principio de igualdad política.
La universidad puede —y debe— garantizar la seguridad. Puede adoptar medidas preventivas ante riesgos objetivos. Pero cuando la argumentación se construye sobre una valoración ideológica previa, el mensaje que se envía es otro: que determinadas ideas no solo se combaten intelectualmente, sino que se consideran incompatibles con el propio espacio académico.
Eso es lo que resulta alarmanete e inquietante, aunque nada sorprendente en un entorno sociopolítico como el vasco, acostumbrado de atacar y despreciar a las víctimas mientras se alaba a los verdugos.
La esencia de la universidad es el contraste crítico. Es el debate abierto. Es la capacidad de someter cualquier tesis —también las "políticamente incorrectas" — al escrutinio racional. Una comunidad académica segura de su fortaleza intelectual no necesita cerrar campus para defenderse de discursos que considera erróneos. Necesita argumentos, no vetos y prohibiciones.
Además, el contexto vasco añade una dimensión histórica delicada a esta decisión de la UPV. Durante décadas, el pluralismo político ha sido el gran ausente en una sociedad vasca domeñada por independentistas, proetarras y ultras de de izquierda. Precisamente por esa memoria vergonzante, la neutralidad institucional debería ser hoy un principio especialmente protegido. No selectivo. No condicionado por afinidades ideológicas del ideolóigicamente pútrido rectorado de la UPV.
Cuando una universidad pública utiliza categorías como “cordón sanitario” en relación con partidos legales, se instala en una lógica de exclusión moral que, aunque no tenga forma coercitiva clásica, sí establece fronteras ideológicas desde el poder institucional. Y cuando el poder institucional define quién es aceptable y quién no en el espacio común, el pluralismo deja de ser un principio estructural para convertirse en una concesión contingente y caprichosa. Y esto tiene un nombre: totalitarismo.
Lo sucedido en la Universidad del País Vasco no es un episodio menor ni una simple polémica coyuntural. Plantea una grave cuestión de fondo sobre la neutralidad de las instituciones públicas, las mismas que desde el Gobierno Vasco, las diputaciones provinciales y numerosos ayuntamientos no dejan de atacar a Vox mientra limitan grávemnte el pluralismo democrático.
Cualquier universidad puede cuestionar ideas. Puede promover valores. Puede debatir con firmeza. Pero no debería clasificar políticamente desde su privilegiada posición institucional a opciones legales ni cerrar espacios en función de juicios previos marcadas por el fanatismo ideológico y la ignorancia política.
La democracia se fortalece cuando las instituciones garantizan reglas iguales para todos, no cuando seleccionan interlocutores en función de sus afinidades políticas. Lo que está en juego no es una sigla concreta, sino la poca credibilidad que le queda a la Universidad del País Vasco como espacio común de libertad intelectual. Una credibilidad que lleva años dilapidando mientras da cobertura a los sicarios de ETA e insulta a sus víctimas.
