Un panel de investigación integrado por dos diputados británicos, un abogado y la activista Sammy Woodhouse ha publicado una declaración en la que detalla el testimonio de una superviviente de abusos sexuales en grupo que comenzaron cuando tenía 12 años y se prolongaron durante varios años en múltiples localidades del Reino Unido.

El documento, firmado por los parlamentarios Rupert Lowe y Esther McVey, describe una escalada de violencia sistemática que incluía violaciones múltiples diarias, torturas filmadas en lo que los perpetradores llamaban "red rooms" y el uso de ese material como instrumento de chantaje. La superviviente, cuya identidad permanece protegida, habría presenciado además el asesinato de al menos tres chicas durante ese periodo, una de ellas supuestamente ejecutada como castigo por hablar con la policía.

El aspecto más explosivo del informe es la implicación directa de agentes policiales en los hechos. Según el testimonio recogido por el panel, varios oficiales fueron perpetradores activos, recibían dinero a cambio de su participación y utilizaban vehículos oficiales para trasladar a la víctima. Algunas de esas sesiones de abuso eran conocidas entre los implicados como "cop nights". El panel señala que esa complicidad destruyó la capacidad y la voluntad de la superviviente de buscar ayuda.

El texto precisa que la coordinación de estos abusos fue perpetrada predominantemente por hombres de origen pakistaní, en lo que constituye una referencia directa al origen demográfico que ha centrado el debate político en torno a las llamadas grooming gangs en Inglaterra. La denunciante también ha afirmado que "las torturas incluían ahogamientos simulados y estrangulamientos con una cuerda. Trágicamente, fue violada por un perro, filmada y obligada a volver a ver las imágenes mientras los hombres hacían apuestas".

La superviviente recibió reconocimiento como víctima de trata en 2018 a través del Mecanismo Nacional de Derivación (NRM), aunque no fue informada de ello hasta 2021, y no obtuvo una resolución definitiva hasta 2023. El panel califica de "comprensible" su reticencia a acudir ahora a la policía y anuncia que ha solicitado con carácter urgente una reunión con la ministra del Interior para garantizar su seguridad, preservar las evidencias y articular medidas hacia la justicia.

"El pueblo británico merece saber, por fin, lo que se ha infligido a chicas inocentes en ciudades y pueblos de este país durante décadas", concluye la declaración. El primer ministro británico, el socialista Keir Starmer, sigue guardando silencio sobre este asunto y su posible implicación en el mismo durante su etapa en la Fiscalía del país.