El debate sobre el futuro de la energía nuclear en España ha reavivado la confrontación entre criterios políticos y argumentos técnicos. La Fundación para el Avance de la Libertad ha difundido un informe en el que sostiene que el cierre progresivo del parque nuclear español no obedece a razones de seguridad ni de obsolescencia tecnológica, sino a una decisión política sostenida mediante una “fiscalidad desproporcionada” que hace inviables económicamente las centrales.

El posicionamiento del think tank coincide con recientes declaraciones de responsables empresariales del sector. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha solicitado públicamente la prórroga de las centrales más allá del calendario previsto —que contempla el cierre de Central Nuclear de Almaraz entre 2027 y 2028— argumentando que podrían operar con garantías durante 60 u 80 años. En la misma línea se ha pronunciado el consejero delegado de Endesa. Asimismo, las comarcas catalanas de la Ribera d’Ebre han aprobado mociones a favor de prolongar la actividad de Central Nuclear de Ascó y Central Nuclear de Vandellós.

Actualmente, los siete reactores en funcionamiento en España generan aproximadamente el 20% de la electricidad nacional. Se trata de producción estable y continua, no sujeta a la variabilidad del viento o la radiación solar. Según el comunicado, cada reactor abastece a cerca de un millón de hogares.

La Fundación sostiene que, junto con la hidráulica gestionable, la nuclear es la única fuente capaz de garantizar suministro ininterrumpido las 24 horas del día. En este contexto, advierte de que la reducción de generación estable incrementa la vulnerabilidad del sistema eléctrico.

El informe cita un estudio de PricewaterhouseCoopers (PwC) según el cual el cierre del parque nuclear elevaría el precio mayorista de la electricidad en más de 13 euros por megavatio hora de media anual. Esto supondría un encarecimiento estimado de unos 40 euros al año para un hogar medio y sobrecostes de entre 15.000 y 40.000 euros para pequeñas empresas intensivas en consumo eléctrico. En sectores como el cerámico valenciano, el impacto superaría los 120 millones de euros anuales.

Además, el parque nuclear genera alrededor de 19.500 empleos en España —8.500 directos— y constituye un pilar económico en municipios como Almaraz (Extremadura) o Trillo (Castilla-La Mancha), donde las centrales representan una fuente clave de actividad y recaudación.

La Fundación subraya que las centrales soportan una carga fiscal que oscila entre el 25 % y el 40 % de sus costes totales de producción, una proporción que, según denuncia, no afecta a otras tecnologías. Entre sus propuestas figura la revisión del calendario de cierre, la eliminación de impuestos específicos considerados “redundantes” y la reforma de la tasa de Enresa para ajustarla a los costes reales de gestión de residuos.

El debate no es exclusivo de España. Países como Francia, Suecia, Países Bajos, Polonia o Finlandia han anunciado ampliaciones o reactivaciones de sus programas nucleares. En Alemania, el canciller Friedrich Merz ordenó en 2025 paralizar el desmantelamiento de varias centrales y estudiar su reactivación.

Incluso la actual vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, la ultraizquierdista Teresa Ribera, antigua ministra española de Transición Ecológica y promotora del calendario de cierre, ha declarado que no obstaculizará el desarrollo de esta tecnología en el marco europeo.

La Fundación insta al Gobierno y a las comunidades autónomas a adoptar criterios técnicos vinculantes en la renovación de licencias, de modo que una central certificada como segura por el Consejo de Seguridad Nuclear no pueda cerrarse por decisión política. También aboga por garantizar que la nuclear compita en igualdad de condiciones dentro del mercado energético.

Según el comunicado, varios actores políticos ya han mostrado interés en estas tesis. El ejemplo más reciente es la presentación de una Propuesta No de Ley en el Parlamento de Castilla-La Mancha en enero de 2026, impulsada tras intercambios con la Fundación.

El debate, concluye el informe, no debe plantearse en términos ideológicos sino estratégicos: se trata de decidir si España puede permitirse prescindir de infraestructuras que, según sus defensores, reducen el precio de la electricidad, sostienen miles de empleos y aportan estabilidad al sistema energético nacional.