La investigación judicial sobre el accidente ferroviario de Adamuz ha dado un nuevo giro. La Guardia Civil ha alertado al Juzgado de Instrucción número 2 de Montoro de posibles irregularidades en la documentación técnica aportada por Adif en relación con el siniestro ocurrido el pasado 18 de enero.

Según el informe remitido por la Unidad Orgánica de Policía Judicial, los investigadores han detectado inconsistencias en los documentos relativos a las soldaduras del tramo de vía afectado, concretamente en el punto kilométrico 318 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Ese punto es clave en la causa: la fractura del carril en esa zona figura entre las hipótesis principales para explicar el descarrilamiento.

El atestado —identificado como 36/2026— recoge observaciones trasladadas por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que tras examinar la documentación técnica advirtió de problemas en el control de versiones de algunos informes y dudas sobre la autenticidad de determinadas firmas. Estas anomalías, de confirmarse, podrían afectar a la fiabilidad de parte del material probatorio incorporado a la investigación.

La documentación cuestionada está vinculada a las tareas de supervisión de soldaduras realizadas por una empresa contratista. Los agentes tratan ahora de determinar si las posibles irregularidades obedecen a errores administrativos, fallos de trazabilidad documental o a una manipulación posterior de los informes.

En paralelo, la causa continúa ampliándose. Días después del accidente, la retirada de fragmentos de vía por parte de personal de Adif sin autorización judicial previa generó fricciones procesales y llevó a la magistrada instructora a exigir que cualquier intervención sobre material relacionado con la causa requiera permiso expreso del juzgado.

Las diligencias siguen abiertas. La Guardia Civil mantiene varias líneas de investigación: análisis metalúrgicos de las soldaduras fracturadas, estudio de los protocolos de mantenimiento aplicados en el tramo siniestrado y verificación de la cadena de custodia de la documentación técnica.

La cuestión central permanece sin respuesta definitiva: si la rotura del carril fue consecuencia de un defecto estructural, de un fallo en el proceso de soldadura o de un mantenimiento inadecuado. La instrucción judicial deberá determinar ahora hasta qué punto las irregularidades detectadas en la documentación condicionan el esclarecimiento de responsabilidades en uno de los accidentes ferroviarios más graves de los últimos años.