El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, en la denominada operación Perserte, ha procedido a la detención de seis personas pertenecientes a una trama de corrupción medioambiental relacionada con parques eólicos y fotovoltaicos. En la operación se han llevado 12 registros, diez en Madrid y dos en Zaragoza. La investigación se centra en los presuntos delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La causa tiene su origen en la posible manipulación de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), necesarias para la tramitación de proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos. Según los indicios recabados hasta el momento, E.D., una persona que ocupó altas responsabilidades en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de la socilista Teresa Ribera, habría podido influir de manera irregular en la emisión de determinadas resoluciones ambientales.

La investigación policial apunta a que estas actuaciones habrían podido beneficiar a un grupo empresarial del sector de las energías renovables en la tramitación de proyectos ubicados en la provincia de Teruel. Además, y siempre según los datos policiales, el ex alto cargo investigado habría actuado presuntamente a cambio de una contraprestación económica. Para mover ese dinero y ocultar su origen, los investigados habrían utilizado varias sociedades interpuestas, así como, presuntamente, a la intervención de un fedatario público en la formalización de documentación vinculada a las operaciones bajo investigación.

En relación con los proyectos objeto de análisis, la investigación examina también si la tramitación ambiental tuvo en cuenta de forma adecuada los posibles efectos sobre el entorno, tales como la afección a la avifauna y quirópteros, el impacto paisajístico o la alteración de hábitats y usos del suelo.