En toda sociedad libre existe una distinción fundamental entre lo que una persona siente y lo que una persona hace. El odio —como el amor, el miedo o la envidia— pertenece al ámbito de la vida interior. Es un sentimiento humano tan antiguo como la propia historia, imposible de erradicar por decreto y, sobre todo, imposible de fiscalizar sin invadir la esfera más íntima de la libertad personal. Pretender lo contrario supone cruzar una frontera peligrosa: la que separa un Gobierno democrático sujeto al Estado de Derecho de un Gobierno tiránico, como el que encabeza Pecro Sánchez,  que aspira a gobernar también las conciencias.

El ordenamiento jurídico español ya establece con claridad meridiana qué conductas son delictivas. Las amenazas, las agresiones, la discriminación efectiva o la incitación directa a la violencia están tipificadas y sancionadas. No hay vacío legal que justifique la vigilancia preventiva de emociones o opiniones. Por eso resulta terriblemente inquietante que  el socialismo gobernante, haciendo honor a sus marcados rasgos fascistas, impulse herramientas destinadas a monitorizar “discursos de odio” de forma difusa, sin criterios estrictamente jurídicos, abriendo la puerta a interpretaciones políticas, ideológicas o incluso arbitrarias. Cuando el castigo se desplaza de los actos a las palabras —y de las palabras a las intenciones—, la seguridad jurídica se resquebraja.

La nueva aplicación gubernamental presentada en el marco del foro contra el odio plantea precisamente ese riesgo: convertir a la Administración en árbitro de lo que puede decirse, pensarse o expresarse en el espacio público. Bajo la apariencia de protección frente a conductas intolerables, se introduce un mecanismo de vigilancia que claramente deriva en autocensura social. El ciudadano deja de hablar con libertad no porque haya cometido un delito, sino porque teme que su opinión pueda ser reinterpretada como sospechosa, como odiante y amenazante para lo que dicta el poder. La consecuencia no es una sociedad más tolerante, sino una sociedad más silenciosa y más reprimida, como lo son todas las sociedades marcadas por la extrema izquierda política.

La historia europea ofrece ejemplos suficientes de cómo los poderes públicos han intentado moldear el pensamiento colectivo en nombre de causas supuestamente nobles. Siempre se invoca la seguridad, la convivencia o el bien común; siempre se afirma que las medidas son necesarias y proporcionadas; y siempre se descubre, demasiado tarde, que el precio pagado ha sido la erosión de las libertades más elementales de los ciudadanos. La libertad de expresión no protege únicamente las ideas cómodas o consensuales, sino precisamente aquellas que incomodan, irritan o disgustan. Si solo puede decirse lo que no molesta a nadie, lo que no molesta a un Gobierno de idiotas morales como el de Pedro Sánchez, en realidad ya no existe libertad.

Además, confundir sentimiento con delito implica un error antropológico de base. El odio no desaparece por prohibirlo, del mismo modo que no desaparece la ira por sancionar su expresión verbal. Lo único que se consigue es desplazarlo al ámbito privado, donde puede radicalizarse sin contraste ni debate. Las democracias maduras no temen las palabras: las confrontan con más palabras, con argumentos, con ley aplicada a hechos concretos. La represión preventiva del discurso, en cambio, suele ser síntoma de inseguridad institucional o de voluntad de control.

Resulta especialmente paradójico que estas iniciativas surjan en contextos políticos marcados por una fuerte polarización larvada siempre desde las filas progresistas. Cuando el propio debate público está impregnado de descalificaciones y confrontación permanente, pretender regular emocionalmente a los ciudadanos transmite un mensaje contradictorio: el poder izquierdista, corrupto y miserable, puede utilizar un lenguaje duro, pero la sociedad debe moderar el suyo bajo supervisión. Esa asimetría erosiona la confianza y alimenta la percepción de que se legisla más para controlar al adversario que para proteger a la comunidad.

Nada de lo anterior implica tolerar delitos ni conductas violentas. Todo lo contrario: el Estado debe perseguirlas con rigor y sin ambigüedades. Pero precisamente por eso no necesita herramientas ambiguas que diluyan la frontera entre opinión y crimen. Cuando todo puede considerarse potencialmente dañino, cualquier discrepancia corre el riesgo de convertirse en sospechosa.

Una democracia sólida se mide por su capacidad para soportar incluso aquello que detesta. El odio, como emoción, forma parte de la condición humana; la violencia, como acción, es lo que la ley debe impedir. Confundir ambas cosas no solo es conceptualmente erróneo, sino políticamente peligroso. Porque el día en que el poder pueda vigilar lo que sentimos, habrá dejado de ser necesario vigilar lo que hacemos.

En última instancia, la pregunta no es si esa bufonada de "Hodio"  puede ayudar a detectar discursos problemáticos, sino quién decide qué es problemático y con qué garantías. Sin controles estrictos, transparencia real y límites jurídicos muy claros, herramientas de este tipo corren el riesgo de convertirse en instrumentos de vigilancia ideológica más que en mecanismos de protección ciudadana.

Las sociedades libres no se construyen eliminando sentimientos, sino limitando abusos. Y esa diferencia —sutil pero decisiva— marca la distancia entre la libertad y el control totalitario. Por cierto, y para que pongan a prueba su herramienta, desde este periódico tenemos un mensaje claro para Pedro Sánchez y su Gobierno de sinvergüenzas (personas inmorales, descaradas, irrespetuosas o que cometen actos ilegales para su propio beneficio, según la RAE): les odiamos con todas nuestras fuerzas y lo seguiremos haciendo hasta que se marchen de una vez por todas.