Una poderosa firma jurídica internacional ha lanzado una ofensiva pública contra el sistema fiscal español que amenaza con provocar un terremoto institucional. El despacho Amsterdam & Partners LLP, con sede en Londres y Washington, ha publicado una carta abierta exigiendo “transparencia total” a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) sobre su sistema interno de incentivos económicos a inspectores y técnicos. La carta se acompaña de una extensa investigación que revela cómo dichos incentivos podrían crear conflictos de interés graves y distorsionar la actuación inspectora.

Como decimos, la iniciativa de Amsterdam & Partners LLP se apoya en un informe técnico —basado en documentos divulgados por la propia Agencia Tributaria— que cuestiona el funcionamiento del llamado “complemento de productividad”. Según ese análisis, cada año se reparten cientos de millones de euros en primas vinculadas al desempeño de los funcionarios, en un sistema descrito como competitivo, opaco y fuertemente discrecional. Solo entre 2020 y 2024, las primas habrían superado de forma habitual los 250 millones de euros anuales, alcanzando más de 280 millones en 2024.

El informe sostiene que aproximadamente el 70 % de ese fondo se distribuye entre los cerca de 26.000 empleados de la AEAT, mientras que el 30 % restante se concentra en el cuerpo de inspectores —unos 2.500 funcionarios—, con pagos medios teóricos que podrían rondar los 30.000 euros anuales por inspector. Esa cuantía, señala el documento, puede suponer incrementos salariales cercanos al 50 % y resultar “lo suficientemente elevada como para influir en su comportamiento”.

Pero el punto más controvertido es cómo se asignan esas primas. El sistema, según la investigación, se basa en una compleja fórmula de puntuaciones vinculadas a las inspecciones realizadas, la complejidad de los expedientes, la eficacia recaudatoria y una serie de coeficientes que incluyen evaluaciones subjetivas. Un elemento especialmente sensible es un multiplicador discrecional —decidido por el inspector regional— que puede elevar o anular completamente la puntuación final, otorgando a los superiores un poder significativo sobre las recompensas económicas del personal.

El informe también sostiene que el tamaño total del fondo depende del cumplimiento de objetivos globales de recaudación: cuanto más se recauda, mayor es el fondo disponible para primas. Esto implicaría que todos los inspectores se benefician de incrementos recaudatorios generales, lo que podría generar incentivos estructurales para elevar las liquidaciones fiscales.

Desde Amsterdam & Partners se argumenta que un sistema de estas características podría comprometer la neutralidad de la inspección tributaria y minar la confianza internacional en la seguridad jurídica española. Por ello, el despacho reclama una auditoría externa independiente y la publicación completa de los criterios reales de asignación de incentivos.

La Agencia Tributaria, por su parte, ha defendido históricamente que estos complementos están amparados por la legislación vigente y responden a evaluaciones de desempeño habituales en la función pública. Sin embargo, la carta abierta internacional sitúa ahora el debate en una dimensión política y reputacional mucho más amplia, al cuestionar si el modelo español de incentivos fiscales respeta plenamente los principios de objetividad, transparencia e imparcialidad que exige el propio Estatuto del Empleado Público.

Si la polémica prospera, España podría enfrentarse a un escrutinio sin precedentes sobre el funcionamiento interno de su administración tributaria, en un momento especialmente sensible para la economía y la inversión extranjera.