El informe definitivo sobre el gran apagón que dejó sin electricidad a España y Portugal el 28 de abril de 2025 ha sido elaborado por un panel internacional de expertos coordinado por la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO-E), con participación de los operadores de sistemas eléctricos implicados y supervisión de las autoridades regulatorias europeas. Se trata de una investigación técnica independiente destinada a esclarecer las causas del colapso y proponer medidas para evitar que un episodio similar vuelva a repetirse en el sistema eléctrico europeo.

El documento concluye que el apagón no fue un accidente imprevisible ni el resultado de un único fallo puntual, sino la consecuencia de una cadena de vulnerabilidades técnicas, operativas y regulatorias que convergieron en el peor momento posible. Aunque evita señalar culpables jurídicos directos, el análisis identifica responsabilidades distribuidas entre operadores, generadores y el propio diseño del sistema eléctrico, cuyo funcionamiento al límite dejó a la red ibérica sin capacidad real de defensa cuando se desencadenó la crisis.

El origen del colapso se sitúa claramente en el sistema español, donde se produjo una subida rápida y sostenida de la tensión que no pudo ser controlada a tiempo. Esa desviación desencadenó una reacción en cascada: desconexión automática de instalaciones de generación, pérdida progresiva de capacidad para estabilizar la red y ruptura del sincronismo con el sistema eléctrico europeo continental. En cuestión de segundos, la Península Ibérica quedó eléctricamente aislada y posteriormente sufrió un colapso total. El informe subraya que esta secuencia no fue instantánea ni inevitable, sino el resultado de una pérdida gradual de control que no se logró corregir antes de alcanzar el punto crítico.

Uno de los factores decisivos fue la insuficiente capacidad del sistema para gestionar la potencia reactiva, indispensable para mantener estable la tensión. Numerosas plantas renovables operaban con configuraciones de factor de potencia fijo, lo que les impedía reaccionar dinámicamente ante variaciones de voltaje. En un contexto de elevada penetración renovable, esta rigidez dejó al sistema sin herramientas para absorber las oscilaciones. Al mismo tiempo, varios generadores convencionales no aportaron los niveles de soporte de tensión esperados, sin que existiera un control efectivo o consecuencias claras por ese incumplimiento, lo que redujo aún más los márgenes de estabilidad.

Especialmente crítico fue el comportamiento de los sistemas de protección. Muchas instalaciones se desconectaron antes de alcanzar los límites de seguridad reales debido a ajustes conservadores o desalineados con las condiciones operativas del sistema. Estas desconexiones prematuras eliminaron de golpe miles de megavatios de generación que podrían haber contribuido a estabilizar la red, acelerando el efecto dominó que llevó al apagón generalizado.

Las decisiones operativas durante los minutos previos tampoco lograron contener la crisis. Algunos dispositivos clave para el control de tensión dependían de maniobras manuales, lo que introdujo retrasos incompatibles con la velocidad de los fenómenos eléctricos, que evolucionan en fracciones de segundo. Otras medidas destinadas a amortiguar oscilaciones de potencia terminaron elevando aún más la tensión, agravando la perturbación inicial. La falta de herramientas automatizadas y de una visión plenamente integrada en tiempo real redujo significativamente la capacidad de reacción del operador del sistema.

El informe también apunta a responsabilidades estructurales derivadas del diseño regulatorio. No existían exigencias suficientemente claras sobre el comportamiento dinámico de las instalaciones de generación ante perturbaciones graves, ni incentivos o sanciones que garantizaran el cumplimiento de los niveles de soporte necesarios para la estabilidad de la red. España operaba además con márgenes de tensión relativamente amplios, lo que permitía desviaciones mayores antes de activar medidas correctoras, pero reducía el margen de maniobra una vez alcanzados los límites críticos.

La integración de la generación distribuida, especialmente renovable, mostró igualmente debilidades. Las redes locales no siempre estaban diseñadas con una visión sistémica, sino optimizadas para maximizar la producción, lo que en situaciones extremas puede provocar desconexiones innecesarias o comportamientos no coordinados con las necesidades globales del sistema eléctrico. Cuando comenzó la crisis, esas fragilidades locales se propagaron rápidamente al conjunto de la red.

En última instancia, el documento concluye que no hubo un único responsable, sino un conjunto de fallos interdependientes: generadores que no aportaron soporte suficiente, configuraciones de protección inadecuadas, decisiones operativas condicionadas por herramientas limitadas y un marco regulatorio que no garantizaba la resiliencia del sistema en escenarios extremos. El apagón ibérico de 2025 aparece así como la manifestación de vulnerabilidades acumuladas durante años, más que como un evento extraordinario. La responsabilidad, por tanto, se reparte entre quienes planificaron, regularon y operaron una infraestructura crítica que, en el momento decisivo, no pudo cumplir su función esencial: mantener encendida la red.