Víctor de Aldama es el símbolo perfecto de lo que es la política española.

Toda política conlleva corrupción en muchos y diferentes sentidos. La corrupción política española o italiana son ejemplos de tradición inmemorial; la de los países socialistas, como Cuba, Venezuela o la Argentina pre Milei son ejemplos de cómo las castas políticas atropellan a sus pueblos y se enriquecen sin tasa ni disimulo. Pero se dice que hay países del norte de Europa en los que se presume que ese socialismo de guante blanco no es corrupto.

Esta percepción es errónea, pues corrupción política no es sólo meter la mano en la caja y enriquecerse personalmente. Corrupción política también es, aunque sea de la mano de mayorías, obligar a la gente a pagar impuestos confiscatorios, imponer políticas que atentan contra la población, como la recepción de millones de inmigrantes musulmanes, o imponer políticas de decrecimiento. También es corrupción imponer planes de asistencia social con que ganar votos a costa del contribuyente productivo.

Dicho lo cual, y volviendo a Víctor de Aldama, el apelativo de conseguidor hay que entenderlo en sentido inverso. Ha sido el poder político el que necesitaba un engrasador de los engranajes para el robo de los fondos públicos. Por mucho que Aldama hubiese insistido en sus negocios sucios no hubiera podido llevarlos a cabo no sólo sin la connivencia plena de los políticos sino con su autorización explícita. Quien tiene la llave de la corrupción son los políticos, no los empresarios.

La mafia gobernante del PSOE no sólo fue cómplice de los chanchullos de Aldama, sino que buscaba desde el primer momento un individuo del sector privado con el que llevar a cabo el latrocinio, y Aldama estaba en el lugar indicado en el momento oportuno, ya que la idea de robar a manos llenas no es una oportunidad sobrevenida, como demuestran las pruebas encontradas por la UCO, que indican que incluso antes de la moción de censura con que el crimen organizado se hizo del gobierno de la nación, ya estaban preparando el terreno, constituyendo sociedades ad hoc para el latrocinio y manipulando pliegos de obras públicas para comenzar el expolio nada más obtener el poder (ya estaban seguros de que lo iban a conseguir).

Existen decenas de ejemplos de robo directo, sin necesidad de testaferros y comisionistas privados. Los casos más graves de corrupción son puramente políticos, sin que se sepa a día de hoy de colaboración externa: los treinta millones perdidos de las donaciones a los perjudicados por la gota fría de Valencia o los millones entregados por Europa para reparar y adecuar las vías férreas donde ha ocurrido el crimen de Adamuz así lo prueban. Pero no son los casos más graves, aunque afecten a familiares de fallecidos o incluso, como en el caso anterior, que ese robo haya provocado muertes directamente. El caso más grave ocurrió durante la pandemia.

Nada más decretarse el confinamiento y detectarse la falta de material sanitario, el gobierno español se negó a que las comunidades autónomas pudiesen adquirir directamente dicho material y también a que las compras las realizase la UE, como ocurrió con el resto de países. Ya lo dijimos aquí: si querían quedarse el monopolio de la compra no era para otra cosa que robar como jamás antes se había podido robar en España, por miles de millones.

Lo consiguieron. Robaron sobre miles de enfermos, robaron sobre miles de muertos. Que después haya más muertos en Valencia, que los haya por el apagón o en Adamuz, no son sino unos pocos más sobre los miles que provocaron antes. Ya saben lo que dijo Stalin: la muerte de un hombre es una tragedia; la muerte de millones una estadística.

En eso quedan los muertos para los españoles, y a la ausencia de memoria sobre los crímenes durante la pandemia me remito: una mera estadística sin memoria ni alma. Este gobierno tiene el récord de muertes en un país occidental en tiempo de paz y con el consentimiento explícito de la mitad de la población. Es digno de estudiarse en el futuro en los libros de historia, especialmente para demostrar que la democracia ha devenido en un sistema insoportable, porque son ya demasiados los países en que gentuza ha llegado al poder para imponer sus políticas sin escrúpulos ni límites y con desprecio absoluto de cualquier ética; incluso con la intención de reemplazar y eliminar a su propia población, como se demuestra con la política de incremento de la inmigración masiva o de empobrecerla, como prueba las políticas energéticas europeas. Hugo Chávez llegó al poder mediante las urnas. Dijimos aquí hace cinco años que se replicaba en España su itinerario autoritario y nadie quiso creerlo. Ahora muchos han caído, por fin, en la cuenta.

Puesto de manifiesto que la democracia es totalitaria, como la sufrimos ahora en España, que la corrupción sea su alma más profunda no es sino la consecuencia inevitable e inherente a la existencia de un poder político. Que se sufra por los ciudadanos en mayor o menor medida no depende, como comprobamos a diario, de que haya buenas leyes, porque éstas se pueden modificar al antojo de las mayorías parlamentarias, sino de la voluntad de los políticos. Y cuando un grupo de éstos decide no respetar esas leyes tibias, todo el sistema de mínimas garantías se viene abajo.

Por el contrario, hay muy poca corrupción en el ámbito privado, incluso en España. Las empresas que podemos ver que participan de la corrupción no son la mayoría de las empresas que trabajan en el ámbito de la sociedad civil, sino aquéllas que viven al amparo del poder político: bancos, empresas energéticas, empresas de obras públicas, etc.

Evidentemente, éstas no podrían participar de la corrupción si no fuera porque hay políticos que la fomentan. Se dice que son estas empresas las que provocan la corrupción. Es falso. El sistema está concebido desde el legislador para ofrecer sistemas de concursos que amparan y favorecen la corrupción. No de otra manera puede entenderse que la obra pública esté impregnada de corrupción desde que surgió el Estado si no fuera porque se hace deliberadamente para que sea así. Y no de otra manera puede concebirse la corrupción sistémica en el ámbito de las energías renovables: se favorece desde el legislador la implantación de sistemas de energías que la sociedad no ha demandado para favorecer trasvases de miles de millones desde la sociedad civil a esas empresas que, a través del sistema de vasos comunicantes, riegan el poder.

Que, de cuando en cuando, se descubra algún caso; que, de cuando en cuando, la UCO o la fiscalía consigan detener y mostrar algún supuesto de corrupción, no mejora el sistema, lo corrobora. Son los ejemplos necesarios para que la sociedad duerma tranquila pensando que los sistemas estatales controlan y persiguen la corrupción. Se paga por algunos casos para permitir que el sistema continúe libremente con el grueso de la corrupción. Nunca recordamos lo suficiente que el poder político y sus sistemas de control, como la policía y la judicatura, no están para perseguir los abusos de poder, sino que dependen de quienes abusan del poder: están, en el 90% de los casos, para perseguir a los ciudadanos y empresas que no actúan de acuerdo a los dictados del poder. No están para defendernos; están para controlarnos.

Víctor de Aldama, por tanto, es el ejemplo de cómo funciona el sistema. Si bien algunas veces estalla un caso importante en la poca prensa libre no sometida al poder estatal, siguen pululando a su antojo los miles de corrupciones, unas más grandes y otras más pequeñas, alrededor de todos los ámbitos de poder político: gobierno de la nación, de las comunidades autónomas, de toda clase y suerte de empresas públicas y de chiringuitos, de ayuntamientos, etc. Esto supone una distorsión de la sociedad desde el punto de vista económico difícil de precisar, pero que seguramente alcanza varios puntos del PIB, que pagamos los infelices sometidos. Desde el punto de vista moral no hay más que mirar a nuestro alrededor para comprobar como mina los principios y valores sobre los que se asienta la comunidad.

No obstante, Aldama se ha convertido en un caso poco frecuente en España: colaborador, no de la Justicia, sino del poder que puede meterlo en prisión muchos años. En ese sentido, es un traidor al sistema de la corrupción institucionalizada que es el verdadero corazón de la política española. Su resistencia a comerse el pastel él solo, y su conveniencia de reducir su previsible y futura estancia en prisión, son los motivos por los que colabora. Seguramente también influye, por lo que se deduce de su actitud, su desprecio por los políticos con los que compartía la corrupción hasta el punto, según él, de sentirse extorsionado por ellos.

Ahora ha destapado el caso más grave de corrupción del PSOE y de su presidente: el pago por parte de la narcodictadura venezolana de 250 millones de dólares para el PSOE y para la Internacional Socialista, de la cual Hugo Sánchez es el actual presidente. Algo que todo el mundo sabía pero que ahora parece podrá probarse.

Aún así, no hará caer a este gobierno, cuyo presidente no dimitirá porque al día siguiente estaría sentado ante un juez, pero sí es cierto que puede hacer mucho daño en ámbitos europeos a la imagen que aún conserva, incomprensiblemente, esta casta de criminales que usurpa el gobierno.

Pero eso no basta. Tendría que haber una respuesta gigantesca de la sociedad española aprovechando esta circunstancia. Del mismo modo que los dos únicos partidos que no están en el Frente Nacional de la destrucción de España y de la corrupción, PP y Vox, deberían hacer mucho más.

Pero no lo harán: el PP no sabe hacer oposición, por mucho que citen en el Senado a Sánchez o Zapatero, o por muchas interpelaciones a sus ministros en el Parlamento o exquisiteces dialécticas, pues no saben controlar los medios ni la calle. Y lo mismo se puede decir de Vox, que no ve con malos ojos esta degradación pensando que le puede ser rentable electoralmente.

Es inaudito que ninguno de ellos haya propuesto una ley de arrepentidos, al modo de la que ayudó a diezmar la mafia en Italia, o como las tiene EEUU, para garantizar la impunidad a quienes colaboren con la justicia. Lo que tenemos es España es una normativa mínima y ridícula para conseguir tales objetivos. Es increíble que, al menos, no le hayan prometido solemnemente a Aldama el indulto cuando lleguen al poder si colabora hasta el último momento.

Como es una vergüenza que ninguno de estos partidos favorezca la protección de Aldama, cuando consta que ya hay más de un muerto en extrañas circunstancias de los que tenían conocimiento de la corrupción mafiosa, de la mano del narco, del PSOE y de la izquierda. Pero ¡qué esperar de dos partidos que no han hecho nada por averiguar la verdad sobre el 11M!

Una ley de arrepentidos podría animar (sin duda alguna), a Ábalos y Koldo a seguir los pasos de Aldama. Y esto podría ser definitivo, incluso para este gobierno.

Pero el PP no se atreve, su cagapoquito habitual tal vez se mezcla con intereses propios (una ley como ésta podría animar a algunos a hablar demasiado); y Vox está a por uvas pensando que podría superar al PP electoralmente, cuando todo el que no esté ciego sabe que para eso hace falta un reemplazo generacional de al menos veinte años. Tampoco tiene en cuenta Vox algo que sus "expertos" electorales no contemplan: en España siempre gana el que manda. Tuvimos al PSOE en Andalucía cuarenta años y tendremos al PP en Andalucía cuarenta años (como ha pasado en Madrid). Eso no dice mucho sobre la conciencia democrática de los españoles.

En cualquier caso, ambos, PP y Vox, Vox y PP, nos dicen continuamente que son patriotas, que sólo les preocupan España y los españoles. Y nosotros nos lo creemos.

Si fueran patriotas de verdad habrían anunciado un frente común para sacar a España de la dictadura; habrían firmado pactos en los gobiernos; habrían firmado pactos electorales para concurrir juntos a las elecciones y habrían promovido una moción de censura conjunta con una persona de consenso al frente y habrían puesto el grito en el cielo, en Europa y en el mundo, avisando de que España ya no es una democracia y de que se avecina incluso un pucherazo electoral para cuando este individuo convoque elecciones formales que puede no sirvan para nada.

Pero no hacen nada de esto. Es lamentable ver cómo el PP añora un Psoe bueno que jamás ha existido y desprecia a un partido que nació de su propia negligencia, debilidad y complicidad con el socialismo. Y es lamentable ver un partido como Vox que se empeña en apuñalar por la espalda a un PP que, por deficiente que sea, es menos malo que lo que tenemos y que sería incapaz de llegar a los niveles de autoritarismo del partido socialista.

Mientras tanto, los españoles a mamarla, que para eso estamos.