Carmelo Alvarez Fernandez de Gamarra (*) - Hay artículos que uno escribe con convicción. Otros, con indignación. Y luego están los que no querría haber escrito jamás.

Este es uno de ellos.

La muerte en prisión de Kermit Gosnell, condenado por asesinar a bebés nacidos vivos tras abortos tardíos, no es simplemente una noticia. Es una evidencia incómoda. Es la prueba brutal de hasta dónde puede caer una sociedad cuando convierte la eliminación del más débil en un derecho, en un servicio, en una rutina sanitaria.

No estamos ante una anomalía del sistema. Estamos ante el resultado lógico de una pendiente resbaladiza que comenzó mucho antes de que Gosnell empuñara unas tijeras.

Porque cuando una ley permite matar al no nacido, lo que hace en realidad es abrir una puerta. Una puerta que, una vez abierta, nadie sabe exactamente hasta dónde llega.

Gosnell no apareció de la nada. Creció, trabajó y operó durante años dentro de un sistema que miraba hacia otro lado. Durante décadas, su clínica funcionó con una impunidad escalofriante. Inspecciones inexistentes. Denuncias ignoradas. Autoridades ausentes. Todo en nombre de un supuesto “derecho” que, curiosamente, siempre protege al más fuerte.

En su clínica, los testimonios hablan de bebés que nacían con vida. De llantos. De movimientos. Y después, de muerte. Una muerte ejecutada con una frialdad industrial.

¿Monstruoso? Sin duda. ¿Excepcional? Esa es la gran mentira que muchos quieren que creamos. Porque el verdadero problema no es Gosnell. El verdadero problema es el sistema que lo permitió.

Cuando una sociedad decide que hay vidas que no merecen ser vividas, está sentando las bases de algo mucho más oscuro. No es una cuestión religiosa. No es una cuestión ideológica. Es una cuestión de pura lógica moral.

Si eliminar a un ser humano antes de nacer es un derecho, ¿qué impide ampliar ese derecho cuando ese ser humano ya ha nacido pero resulta incómodo? ¿Dónde está la línea? ¿Quién la dibuja? ¿Y con qué autoridad moral?

La historia ya nos ha dado respuestas. Siempre empiezan igual. Siempre terminan peor.

Hoy, muchos quieren presentar el caso Gosnell como una aberración aislada. Como un fallo del sistema. Como un “caso extremo”. Pero no lo es. Es el espejo en el que no queremos mirarnos.

Antes de continuar, conviene detenerse (aunque incomode profundamente) en lo que realmente ocurría dentro de la clínica de Gosnell, según consta en el sumario judicial, en las actas del juicio y en los testimonios de quienes estuvieron allí. Porque lo que se encontró no fue una clínica médica. Fue, en palabras de los propios investigadores, una “casa de los horrores”.

Las condiciones eran infrahumanas: instrumental reutilizado sin esterilizar, sangre acumulada en el suelo, restos biológicos almacenados en recipientes improvisados, fetos conservados en frascos. Un entorno propio de la negligencia más absoluta… o de algo peor.

Pero lo verdaderamente insoportable no era el estado del lugar. Era lo que allí se hacía.
 

Mujeres en fases muy avanzadas del embarazo eran sometidas a procedimientos para inducir el parto. Y los bebés nacían. Nacían vivos. Respiraban. Se movían. Lloraban.

Y entonces venía lo que Gosnell denominaba, con un lenguaje clínico que hiela la sangre, “cortar la médula”: introducir unas tijeras en la nuca del bebé y seccionar su columna vertebral. No una vez. No de forma excepcional. Según los testimonios, de forma sistemática.

Trabajadores sin cualificación médica participaban en estos actos. Se administraban sedaciones sin control, sin anestesistas. Mujeres sufrían complicaciones graves sin atención adecuada. Una de ellas murió tras una sobredosis de anestesia administrada por personal no cualificado.

Durante años, las autoridades apenas inspeccionaron la clínica. Las denuncias no prosperaban. Todo seguía igual. Décadas de impunidad. Esto no es una exageración. No es literatura. Es lo que figura en documentos judiciales. Y precisamente por eso resulta aún más perturbador. Porque obliga a plantear una pregunta incómoda: si esto ocurrió durante años sin que nadie lo detuviera… ¿qué más puede haber ocurrido donde nadie ha mirado? ¿Alguien quiere mirarlo?.

Porque aceptar que esto es una consecuencia lógica obligaría a replantearse todo el edificio ideológico sobre el que se sostiene la cultura del aborto. Y eso, claro, no interesa.

Mientras tanto, el sistema sigue funcionando. Clínicas cerradas al exterior. La opacidad es absoluta, no es que haya cristales translúcidos donde se podría ver a alguien moviéndose, no. Son cristales negros donde no se ve nada.  Silencio absoluto. Nadie ve nada. ¿Nadie pregunta demasiado de esas clínicas? No lo sabemos.

Y lo digo con toda la cautela jurídica necesaria: no lo sabemos presuntamente. Pero tampoco lo sabemos en la práctica. La opacidad es total. No hay transparencia real. No hay control efectivo que el ciudadano pueda verificar. En España, como en tantos otros países, estas clínicas operan en una especie de burbuja. Sabemos lo que nos dicen que ocurre. Pero no lo que realmente ocurre. Y eso, en un asunto de vida o muerte, debería helarnos la sangre.

Porque cuando el sistema se vuelve opaco, es cuando los abusos encuentran el terreno perfecto para crecer. ¿Hay más casos como el de Gosnell?  No lo sabemos. ¿Podría haberlos? Tampoco lo sabemos. ¿Algún día lo sabremos? Esa es la pregunta más inquietante de todas.

Lo que sí sabemos es que estamos ante un fenómeno de dimensiones gigantescas. Un verdadero drama humano que algunos prefieren maquillar con palabras suaves: “interrupción”, “derecho”, “salud reproductiva”. Pero detrás de esas palabras hay una realidad que nadie quiere mirar de frente. Una realidad que, de vez en cuando, se escapa. Como en el caso de Gosnell. Y cuando se escapa, el sistema corre a cerrarla, a aislarla, a presentarla como una excepción irrepetible.

Pero no lo es. Es una advertencia. Una advertencia de lo que ocurre cuando una sociedad pierde el sentido del límite. Cuando la ley deja de proteger al débil y pasa a justificar su eliminación.

Gosnell ha muerto en la cárcel. Tenía al menos dos condenas de cárcel a perpetuidad. Pero la estructura que permitió su existencia sigue intacta. Y esa es la verdadera tragedia. Porque mientras sigamos llamando derecho a lo que en esencia es la eliminación de un ser humano, la pendiente seguirá descendiendo y siendo cada vez más resbaladiza.

Y en algún punto, volveremos a encontrarnos con otro nombre, otra clínica, otro escándalo. Y volveremos a fingir sorpresa.

Nosotros, por desgracia, no. Nosotros queremos que esto termine. Queremos que se investigue. Que se abra la luz. Que se rompa el silencio. Que se devuelva a la ley su función esencial: proteger al inocente. Porque lo que está en juego no es una ideología.

ES LA DIGNIDAD HUMANA. Y ESA, O SE DEFIENDE SIEMPRE, O SE PIERDE PARA TODOS.
 

(*) Carmelo Alvarez Fernandez de Gamarra es colaborador de ENRAIZADOS y coordinador de SIEMPREVIDA.ORG