El sector agroalimentario europeo podría entrar en una nueva fase de tensión más intensa que la vivida tras la pandemia y la guerra de Ucrania. Así lo advierte en un informe la consultora Roland Berger, que sitúa el origen del problema en el conflicto con Irán y en el eventual cierre del Estrecho de Ormuz, una de las principales arterias del comercio mundial de fertilizantes.

El estudio señala que la interrupción del tráfico marítimo en esta zona ha provocado un desplome casi total de las exportaciones de fertilizantes en pocas semanas. Por este corredor transita aproximadamente un tercio de la urea mundial y cerca del 45% del azufre global, dos materias primas fundamentales para la producción agrícola. La consecuencia no es solo un encarecimiento de los costes, sino también un problema más grave: la escasez física de suministros, un factor que no tuvo el mismo peso en la crisis anterior.

Durante el episodio de 2021-2022, los precios ya se dispararon —con la urea triplicándose, la energía multiplicándose y el transporte marítimo encareciéndose—, pero la situación actual parte de un nivel de costes aún elevado y añade una limitación directa en la disponibilidad de insumos.

En el caso de España, el impacto potencial afecta a un mercado de agroinsumos valorado en torno a 5.600 millones de euros. Dentro de este, los fertilizantes convencionales —que suponen cerca de la mitad del total— son los más expuestos, debido a su dependencia directa de materias primas importadas. En cambio, los productos biológicos o de origen local presentan una mayor resiliencia, mientras que fitosanitarios y semillas registran impactos intermedios. 

El análisis contempla distintos escenarios en función de la duración de la crisis. Si la interrupción del suministro se prolonga entre uno y tres meses, el precio de los fertilizantes podría aumentar entre un 30% y un 50%. En un escenario más prolongado, superior a seis meses, el encarecimiento podría situarse entre el 150% y el 200%, superando los niveles alcanzados en la crisis anterior. 

Este incremento de costes acabaría trasladándose al consumidor final de forma desigual. Los cultivos más intensivos en insumos, como los de invernadero (tomate, pimiento o pepino), podrían experimentar subidas de entre el 15% y el 25%, mientras que otras producciones agrícolas también registrarían incrementos, aunque más moderados. 

Los agricultores, especialmente los pequeños productores, aparecen como uno de los eslabones más vulnerables. Con márgenes ya reducidos, muchos podrían verse obligados a reducir el uso de fertilizantes o incluso abandonar sus explotaciones, reproduciendo —y posiblemente agravando— dinámicas observadas en crisis anteriores. 

Asimismo, la presión sobre el sector podría acelerar la concentración empresarial en la distribución de insumos, un mercado fragmentado en España con más de 700 operadores. Las grandes compañías tendrían mayor capacidad para anticiparse mediante acopio de stock, mientras que los pequeños distribuidores afrontarían tensiones financieras crecientes. 

En paralelo, el informe apunta a un cambio estructural en el modelo agrícola europeo. La crisis podría impulsar de forma significativa la adopción de soluciones biológicas —como fertilizantes orgánicos o bioestimulantes—, menos dependientes de materias primas importadas y con cadenas de suministro más cortas. Esta transición, según el análisis, podría adelantarse varios años y consolidarse como una tendencia duradera en el sector. 

En conjunto, la combinación de tensiones geopolíticas, dependencia exterior y fragilidad en las cadenas de suministro sitúa al sistema agroalimentario europeo ante un escenario de alto riesgo. Más allá de la coyuntura, el informe sugiere que esta crisis puede actuar como catalizador de una transformación profunda hacia modelos más resilientes y menos expuestos a shocks externos.