El reciente caso de Noelia Castillo, una joven que recibió la eutanasia en Barcelona, ha reabierto un debate que nunca debió cerrarse del todo: el de la aplicación de la Ley de Eutanasia en España en contextos especialmente sensibles.

La aprobación de esta norma en 2021 fue presentada como un avance en derechos individuales y en la garantía de una muerte digna. Sin embargo, más allá de su reconocimiento jurídico y que fue avalado por el Tribunal Constitucional, la ley plantea interrogantes que no pueden ser ignorados: ¿puede una norma prever la complejidad de todas las situaciones humanas? ¿Está haciendo el Estado todo lo posible para que quienes sufren encuentren razones para vivir y no para morir?

El problema de fondo no radica únicamente en el reconocimiento del derecho a la muerte, sino en las condiciones en las que este derecho se ejerce. El legislador y la propia doctrina constitucional han señalado que este tipo de decisiones deben producirse en contextos de sufrimiento grave, irreversible y médicamente contrastado. Pero ¿qué ocurre cuando el sufrimiento tiene un origen psicológico?

En estos supuestos, la frontera entre una decisión autónoma y una voluntad condicionada por la enfermedad mental resulta especialmente difusa. No se trata de negar el sufrimiento de estas personas, sino de preguntarnos si el Estado pone a su disposición todos los medios necesarios para garantizar que reciben los tratamientos adecuados.

Este punto es clave. Antes de facilitar el acceso a la eutanasia, para un caso como el de Noelia, el Estado debería garantizar de forma exhaustiva que se han explorado todas las alternativas terapéuticas posibles, porque lo que tenemos claro es que el número de personas con problemas mentales va en aumento, y la única solución posible no puede ser la muerte. Esto implica no solo la existencia formal de recursos, sino su accesibilidad real.

Esto último es especialmente importante. Se trata de dar la importancia que merece a la salud mental y de que el acceso al servicio médico psicológico y psiquiátrico sea real y efectivo. Y es que aquí surge una realidad que no se puede ignorar: en algunas comunidades autónomas, los pacientes pueden esperar meses para recibir atención psicológica o psiquiátrica. Hablar de libertad de decisión en este contexto resulta, como mínimo, cuestionable.

En este sentido, parece razonable plantear la necesidad de reforzar los mecanismos de evaluación: incorporar tratamientos previos obligatorios, establecer seguimientos más prolongados y extremar las cautelas en los casos de especial vulnerabilidad psicológica. Y lo más importante: invertir más en salud mental.

De lo contrario, el riesgo es evidente: que la eutanasia deje de ser un derecho para convertirse en una salida fácil ante problemas que el propio sistema no ha sabido atender.

El gobierno progresista de Pedro Sánchez se llena de orgullo diciendo que nos encontramos ante un gobierno que mira exclusivamente por el progreso de los ciudadanos. Permítanme que discrepe. Si la única solución para una chica de 24 años es la muerte, más que progreso es retroceso.

Cuando un caso como este nos interpela, la pregunta no debería ser únicamente si la ley lo permite, sino si como sociedad hemos hecho todo lo posible por ofrecer una alternativa.

No quisiera acabar sin decir que, Noelia no es solo un caso aislado, es el reflejo visible de una enfermedad silenciosa que afecta a miles de personas en nuestro país.