La ONU acusa al régimen cubano de violaciones sistemáticas contra artistas y activistas y denuncia una estrategia de “prisión o exilio”
![[Img #30187]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/04_2026/3505_screenshot-2026-04-02-at-21-57-41-naciones-unidas-acusa-a-cuba-de-graves-violaciones-sistematicas.png)
Cuatro relatoras especiales de Naciones Unidas han acusado al régimen cubano de cometer graves violaciones sistemáticas de derechos humanos contra artistas, activistas y miembros de la sociedad civil, en una comunicación oficial remitida a La Habana y hecha pública en los últimos días. La denuncia, impulsada por la ONG Prisoners Defenders y respaldada por el Consorcio Justicia, señala un patrón continuado de represión que incluye detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y expulsiones forzadas del país como mecanismo de control político.
El documento, firmado por las relatoras Gina Romero, Alexandra Xanthaki, Irene Khan y Mary Lawlor, advierte de la existencia de una estrategia estructurada para neutralizar la disidencia, basada en la coerción sistemática contra quienes ejercen derechos fundamentales como la libertad de expresión, asociación o creación artística. Según la comunicación, esta política se concreta en la práctica conocida como “prisión o exilio”, mediante la cual los activistas son presionados para abandonar el país bajo amenaza de encarcelamiento o tras haber sufrido detenciones reiteradas.
La carta fue enviada al Gobierno cubano el 7 de enero de 2026, sin que las autoridades hayan presentado alegaciones dentro del plazo de 60 días establecido por Naciones Unidas. De acuerdo con las organizaciones denunciantes, esta ausencia de respuesta supone una aceptación tácita de los hechos descritos y refuerza la gravedad de las acusaciones ante la comunidad internacional.
Entre los casos analizados figura el del opositor José Daniel Ferrer, cuya situación es presentada como paradigmática. Las relatoras denuncian que permaneció más de seis años en prisión pese a haber sido condenado a cuatro años y medio, además de haber sufrido episodios de desaparición forzada y múltiples detenciones contrarias a los estándares internacionales de debido proceso.
El informe sostiene que estos casos no son aislados, sino representativos de un patrón generalizado que afecta a numerosos artistas, activistas y defensores de derechos humanos en Cuba. Las expertas de la ONU concluyen que estas prácticas vulneran obligaciones internacionales básicas del Estado cubano, especialmente aquellas recogidas en la Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos de 1998, y exigen explicaciones formales sobre los hechos documentados.
La denuncia supone un nuevo episodio de presión internacional sobre el régimen comunista cubano en materia de derechos humanos y refuerza las advertencias de organismos internacionales sobre la persistencia de mecanismos de represión política en la isla.
Cuatro relatoras especiales de Naciones Unidas han acusado al régimen cubano de cometer graves violaciones sistemáticas de derechos humanos contra artistas, activistas y miembros de la sociedad civil, en una comunicación oficial remitida a La Habana y hecha pública en los últimos días. La denuncia, impulsada por la ONG Prisoners Defenders y respaldada por el Consorcio Justicia, señala un patrón continuado de represión que incluye detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y expulsiones forzadas del país como mecanismo de control político.
El documento, firmado por las relatoras Gina Romero, Alexandra Xanthaki, Irene Khan y Mary Lawlor, advierte de la existencia de una estrategia estructurada para neutralizar la disidencia, basada en la coerción sistemática contra quienes ejercen derechos fundamentales como la libertad de expresión, asociación o creación artística. Según la comunicación, esta política se concreta en la práctica conocida como “prisión o exilio”, mediante la cual los activistas son presionados para abandonar el país bajo amenaza de encarcelamiento o tras haber sufrido detenciones reiteradas.
La carta fue enviada al Gobierno cubano el 7 de enero de 2026, sin que las autoridades hayan presentado alegaciones dentro del plazo de 60 días establecido por Naciones Unidas. De acuerdo con las organizaciones denunciantes, esta ausencia de respuesta supone una aceptación tácita de los hechos descritos y refuerza la gravedad de las acusaciones ante la comunidad internacional.
Entre los casos analizados figura el del opositor José Daniel Ferrer, cuya situación es presentada como paradigmática. Las relatoras denuncian que permaneció más de seis años en prisión pese a haber sido condenado a cuatro años y medio, además de haber sufrido episodios de desaparición forzada y múltiples detenciones contrarias a los estándares internacionales de debido proceso.
El informe sostiene que estos casos no son aislados, sino representativos de un patrón generalizado que afecta a numerosos artistas, activistas y defensores de derechos humanos en Cuba. Las expertas de la ONU concluyen que estas prácticas vulneran obligaciones internacionales básicas del Estado cubano, especialmente aquellas recogidas en la Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos de 1998, y exigen explicaciones formales sobre los hechos documentados.
La denuncia supone un nuevo episodio de presión internacional sobre el régimen comunista cubano en materia de derechos humanos y refuerza las advertencias de organismos internacionales sobre la persistencia de mecanismos de represión política en la isla.
