Etarras asesinos sueltos por las calles de Euskadi
El PP cree «grave» la gestión del Gobierno Vasco de la situación de presos de ETA y pide datos al Ejecutivo central
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El diputado del PP vasco Carmelo Barrio ha alertado de que «algo grave» pasa con la gestión del Gobierno Vasco de la situación penitenciaria de los presos de ETA, a los que, según ha asegurado, concede «permisos, grados y beneficios injustificados», sin que exista «arrepentimiento», y ha reclamado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que ofrezca datos de las flexibilizaciones de las condenas y las aplicaciones de terceros grados.
A través de sus redes sociales, Barrio ha lamentado que el Ejecutivo autómico, que gestiona los centros penitenciarios de Euskadi desde el 1 de octubre de 2021, reduzca «los tiempos de cumplimientos» de las penas de los reclusos de la banda.
Precisamente, Carmelo Barrio, junto a la también diputada vasca del Partido Popular, Bea Fanjul, ha presentado en el Congreso una serie de preguntas dirigidas al Gobierno de Pedro Sánchez, en las que le pide datos sobre la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que posibilita implementar un régimen flexible en la ejecución de las penas, combinando elementos de diferentes grados de clasificación siempre bajo la supervisión judicial, y que se ha aplicado a reclusos de la banda.
En concreto, los representantes del PP preguntan cuántas aplicaciones del artículo 100.2 fueron autorizadas o validadas a condenados por terrorismo y en concreto a los de ETA, por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias entre el 1 de enero de 2003 y el 30 de septiembre de 2021 –es decir, antes de que la gestión de las cárceles se traspasara a Euskadi–, y en cuántas ocasiones se concedieron terceros grados.
A continuación, solicita que le facilite estos mismos datos a partir del 1 de octubre de 2021, cuando el Gobierno Vasco ya gestionaba las prisiones.
En su iniciativa, también exigen que se aclaren los «mecanismos de coordinación y supervisión» que mantiene el Gobierno central «para garantizar que la aplicación del artículo 100.2 y del tercer grado a condenados por terrorismo responde estrictamente a criterios técnicos y no a decisiones políticas».
Por último, pide al Ejecutivo que aclare si «considera aceptable utilizar la política penitenciaria del Estado en favor de los intereses políticos del presidente del Ejecutivo y del PSOE, y en detrimento del Estado de Derecho y del respeto a las víctimas del terrorismo».
El diputado del PP vasco Carmelo Barrio ha alertado de que «algo grave» pasa con la gestión del Gobierno Vasco de la situación penitenciaria de los presos de ETA, a los que, según ha asegurado, concede «permisos, grados y beneficios injustificados», sin que exista «arrepentimiento», y ha reclamado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que ofrezca datos de las flexibilizaciones de las condenas y las aplicaciones de terceros grados.
A través de sus redes sociales, Barrio ha lamentado que el Ejecutivo autómico, que gestiona los centros penitenciarios de Euskadi desde el 1 de octubre de 2021, reduzca «los tiempos de cumplimientos» de las penas de los reclusos de la banda.
Precisamente, Carmelo Barrio, junto a la también diputada vasca del Partido Popular, Bea Fanjul, ha presentado en el Congreso una serie de preguntas dirigidas al Gobierno de Pedro Sánchez, en las que le pide datos sobre la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que posibilita implementar un régimen flexible en la ejecución de las penas, combinando elementos de diferentes grados de clasificación siempre bajo la supervisión judicial, y que se ha aplicado a reclusos de la banda.
En concreto, los representantes del PP preguntan cuántas aplicaciones del artículo 100.2 fueron autorizadas o validadas a condenados por terrorismo y en concreto a los de ETA, por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias entre el 1 de enero de 2003 y el 30 de septiembre de 2021 –es decir, antes de que la gestión de las cárceles se traspasara a Euskadi–, y en cuántas ocasiones se concedieron terceros grados.
A continuación, solicita que le facilite estos mismos datos a partir del 1 de octubre de 2021, cuando el Gobierno Vasco ya gestionaba las prisiones.
En su iniciativa, también exigen que se aclaren los «mecanismos de coordinación y supervisión» que mantiene el Gobierno central «para garantizar que la aplicación del artículo 100.2 y del tercer grado a condenados por terrorismo responde estrictamente a criterios técnicos y no a decisiones políticas».
Por último, pide al Ejecutivo que aclare si «considera aceptable utilizar la política penitenciaria del Estado en favor de los intereses políticos del presidente del Ejecutivo y del PSOE, y en detrimento del Estado de Derecho y del respeto a las víctimas del terrorismo».
