Hay decisiones que no solo afectan a un expediente penitenciario. Hay decisiones que erosionan intensamente los cimientos mismos de un Estado de derecho. La reciente concesión del tercer grado al asesino etarra Jon Bienzobas —condenado, entre otros crímenes, por el asesinato del jurista Francisco Tomás y Valiente— no es un episodio aislado, ni un simple trámite administrativo: es la expresión de una deriva política y moral impulsa por nacionalistas y socialistas que las víctimas llevan años denunciando y que hoy vuelve a quedar expuesta con crudeza.

Según ha denunciado el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), estamos ante un nuevo caso de lo que califican sin ambages como “tercer grado fraudulento”. La base de esa acusación es tan inquietante como reveladora: la progresión penitenciaria se estaría sustentando en elementos difícilmente verificables, como cartas privadas de arrepentimiento que nadie ve, en lugar de en hechos objetivos, públicos y contrastables. Las víctimas lo resumen con una claridad incómoda: no se les puede exigir “un acto de fe”. 

Pero el problema es aún más profundo. Porque lo que se presenta formalmente como un tercer grado —ya de por sí un régimen de semilibertad— acaba, en la práctica, convirtiéndose en algo muy distinto. COVITE denuncia que en torno al 90% de estos casos se ejecutan bajo el artículo 86 del reglamento penitenciario, lo que permite a los miserables asesinos de ETA permanecer prácticamente fuera de prisión, con controles telemáticos. Es decir: una libertad de facto encubierta bajo la apariencia de cumplimiento de condena.

La gravedad de esta situación impulsada por el PNV y el PSOE no reside únicamente en la concesión de beneficios penitenciarios —previstos por la ley—, sino en la sospecha, cada vez más consistente, de que se están vaciando de contenido los requisitos legales que los justifican. El arrepentimiento real, la desvinculación inequívoca del terrorismo, la colaboración con la justicia… todo ello parece diluirse en una burocracia nacionalsocialista complaciente donde basta una declaración privada para activar mecanismos de excarcelación progresiva.

El resultado es éticamente devastador. No solo para las víctimas, que ven cómo el dolor causado por los psicópatas asesinos queda relativizado en nombre de una supuesta normalización, sino para el propio sistema judicial. Porque cuando las normas se interpretan de manera laxa —o interesada— dejan de ser garantía de justicia para convertirse en instrumentos de conveniencia política.

COVITE lleva tiempo alertando de esta dinámica. No se trata únicamente de casos individuales, sino de una tendencia estructural avalada por PNV y PSOE: beneficios penitenciarios concedidos sin arrepentimiento acreditado, falta de transparencia por parte de las instituciones y una preocupante y más que sospechosa pasividad de la Fiscalía, que en lugar de ejercer un control riguroso, estaría avalando muchas de estas decisiones.

Y todo ello en un contexto en el que, según los propios datos del colectivo, la legitimación social del terrorismo no ha desaparecido, sino que sigue manifestándose en centenares de actos públicos cada año. Este es el punto clave que no puede ignorarse: ¿qué sentido tiene hablar de reinserción si el entorno político y social que rodea a los terroristas continúa justificando su pasado?

La cuestión, en última instancia, es incómoda pero ineludible: ¿se está priorizando una presunta paz política sobre la justicia? ¿Se está confundiendo convivencia con olvido? ¿Se está administrando la memoria de las víctimas en función de equilibrios institucionales? ¿se están liberando a los asesinos de ETA para que el sátrapa socialista Pedro Sánchez continue en el poder?

Porque la justicia no puede ser una negociación. No puede depender de cartas privadas ni de interpretaciones flexibles de la ley. No puede convertirse en una ficción administrativa donde el cumplimiento de las penas es, en realidad, una ilusión.

Cuando el tercer grado deja de ser una fase del cumplimiento para convertirse en un atajo hacia la libertad de los criminales, el sistema entero se resiente. Y cuando las víctimas perciben que su sufrimiento se diluye en decisiones opacas, lo que se quiebra no es solo su confianza: es la credibilidad misma del Estado democrático.

La pregunta ya no es jurídica. Es moral. Y, sobre todo, es política.