La organización jurídica israelí Shurat HaDin ha presentado una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por su presunta implicación indirecta en crímenes de guerra. La acusación sostiene que España habría facilitado al régimen iraní componentes de doble uso vinculados a explosivos.

Según el expediente remitido al fiscal de la CPI en virtud del artículo 15 del Estatuto de Roma, estas exportaciones —valoradas en aproximadamente 1,3 millones de euros entre 2024 y 2025— no serían meros productos industriales. La denuncia argumenta que se trataría de elementos clave para la fabricación o funcionamiento de artefactos explosivos, en un contexto en el que su posible uso contra población civil resultaba “previsible y probable”.

El fundamento jurídico de la denuncia se apoya en el principio de complicidad en el derecho penal internacional, según el cual no solo es responsable quien ejecuta directamente un delito, sino también quien proporciona los medios indispensables para su comisión. En este sentido, Shurat HaDin subraya que Irán lleva años apoyando y armando a organizaciones terroristas como Hezbolá, Hamás o los hutíes, grupos que han empleado cohetes y sistemas explosivos contra objetivos civiles.

La denuncia incorpora además una dimensión política, al señalar que Madrid mantiene una postura extremadamente crítica hacia Israel en el ámbito internacional, pero que, por el contrario, habría permitido —según la organización denunciante— la exportación de componentes susceptibles de reforzar la capacidad militar iraní y la de sus aliados.

El documento también recoge reacciones dentro de España. Algunos representantes de la oposición han advertido del riesgo de que determinadas políticas puedan interpretarse como un apoyo indirecto al esfuerzo bélico iraní. Paralelamente, medios afines al régimen de Teherán han difundido imágenes propagandísticas de misiles con la imagen de Pedro Sánchez acompañada del mensaje “Gracias, señor presidente del Gobierno”.

La presidenta de Shurat HaDin, la abogada Nitsana Darshan-Leitner, resume el argumento central de la denuncia: “La responsabilidad no se limita a quien aprieta el gatillo, sino que se extiende a quienes proporcionan los medios que permiten el ataque”.