No es una denuncia cualquiera. No es un gesto simbólico ni una acción marginal. La iniciativa presentada ante la Corte Penal Internacional contra el presidente del Gobierno de España, el autócrata socialista Pedro Sánchez, introduce una cuestión de enorme gravedad política, jurídica y moral: la posible complicidad indirecta de un Estado europeo en una cadena de violencia que, desde hace años, golpea a población civil en distintos puntos de Oriente Medio.

Conviene empezar por una premisa básica. En el derecho penal internacional, la responsabilidad no se limita al ejecutor material del crimen. También alcanza a quienes, de forma consciente o negligente, facilitan los medios que hacen posible su comisión. Este principio, consolidado en la jurisprudencia internacional, es el eje sobre el que se articula la denuncia presentada por la organización Shurat HaDin, que sostiene que España habría exportado al régimen islamista de Irán componentes de doble uso con potencial aplicación en sistemas explosivos.

El debate, por tanto, no es técnico, ni siquiera estrictamente comercial. Es profundamente político. Porque Irán no es un actor neutro en el tablero internacional. Es, desde hace décadas, un régimen que financia, entrena y arma a organizaciones terroristas como Hezbolá, Hamás o los hutíes, todas ellas implicadas en ataques contra civiles. En ese contexto, cualquier transferencia de materiales sensibles adquiere una dimensión que trasciende lo mercantil: entra de lleno en el terreno de la responsabilidad estratégica.

El Gobierno socialista español podrá alegar —y previsiblemente lo hará— que se trata de exportaciones legales, sujetas a control administrativo y enmarcadas en la normativa internacional sobre bienes de doble uso. Pero la cuestión de fondo no desaparece por ello. La legalidad formal no siempre agota la responsabilidad política. Y menos aún cuando se trata de materiales que, por su propia naturaleza, pueden integrarse en cadenas de suministro destinadas a fines militares o terroristas.

El impacto reputacional de esta denuncia no es menor. Que el nombre del presidente del Gobierno de España aparezca vinculado a una causa ante la Corte Penal Internacional, aunque se encuentre en fase preliminar, sitúa al país, una vez más, en una posición incómoda en el escenario internacional. No se trata solo de la resolución jurídica del caso, que puede dilatarse o incluso no prosperar. Se trata del daño político inmediato: la sospecha.

Por ello, lo exigible en este momento no es una reacción defensiva ni un cierre de filas retórico. Es transparencia. Es explicación. Es, en última instancia, rendición de cuentas. El Gobierno debe aclarar con precisión qué tipo de materiales se han exportadoa Irán, bajo qué controles, con qué evaluaciones de riesgo y con qué garantías de uso final.

Porque hay una cuestión que trasciende este caso concreto y que afecta al núcleo mismo de la acción política: la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Cuando esa coherencia se rompe, no solo se debilita una posición internacional. Se erosiona la credibilidad de todo un país.

Y en el mundo actual, donde los conflictos se libran tanto en el terreno militar como en el político y en el moral, la credibilidad no es un lujo. Es una necesidad estratégica.