Un grupo de expertos vinculados a la iniciativa ciudadana Iniciativa 2028 ha presentado un extenso documento de más de 60 páginas en el que se plantea la necesidad urgente de un Pacto Nacional sobre Educación que ponga fin a décadas de inestabilidad legislativa, politización y deterioro progresivo del sistema educativo español. El informe —titulado “Una propuesta educativa desde la sociedad civil”— propone un marco integral de reformas dirigido a alumnos de entre 3 y 18 años, con el objetivo de garantizar una educación “libre, de calidad y al margen de intereses partidistas”, según se recoge en el texto.

El documento parte de un diagnóstico especialmente crítico: España ha aprobado ocho leyes educativas en apenas cuarenta años, lo que, a juicio de sus autores, ha convertido la educación en un “campo de batalla político” en lugar de una política de Estado estable. Esta volatilidad normativa, unida a la fragmentación territorial y a la falta de criterios comunes, habría generado desigualdades significativas entre comunidades autónomas, afectando directamente a la igualdad de oportunidades de los alumnos. En paralelo, el informe advierte de un deterioro sostenido en los resultados académicos, reflejado en evaluaciones nacionales e internacionales, con retrocesos en competencias clave como lectura, matemáticas y ciencias.

Entre los principales problemas detectados, el documento señala el aumento del fracaso escolar y del abandono temprano, la desmotivación del alumnado, la pérdida de autoridad del profesorado, el exceso de burocracia y la desconexión entre el sistema educativo y las necesidades reales del mercado laboral. También alerta sobre el impacto del uso prematuro de dispositivos móviles en menores y sobre la insuficiente formación pedagógica del profesorado, aspectos que, en conjunto, estarían contribuyendo a un modelo educativo “ineficiente y desorientado”.

Frente a este escenario, la propuesta articula una serie de principios rectores para un futuro pacto educativo, entre los que destacan la unidad del sistema en todo el territorio nacional, la libertad de elección de las familias, la neutralidad ideológica en las aulas, la excelencia académica basada en la cultura del esfuerzo y la necesidad de establecer mecanismos de evaluación independientes y transparentes. Asimismo, se reivindica el refuerzo del papel del profesorado, tanto en términos de autoridad como de reconocimiento social, y se plantea la creación de un organismo estatal encargado de supervisar los resultados del sistema educativo con criterios objetivos y comparables.

Uno de los ejes centrales del documento es la defensa de un currículo común básico que garantice conocimientos esenciales en toda España, evitando las actuales divergencias territoriales. En esta línea, se propone también reforzar el papel del Estado como garante de la igualdad de oportunidades, al tiempo que se mantiene cierto margen de desarrollo autonómico. El informe insiste, además, en la necesidad de despolitizar la educación, estableciendo límites claros a la utilización del sistema educativo con fines ideológicos o identitarios.

El texto concede un papel relevante a las familias, a las que reconoce el derecho a decidir la orientación educativa y moral de sus hijos, así como al profesorado, cuya autoridad considera “clave para el buen funcionamiento del sistema”. En paralelo, subraya la importancia de una corresponsabilidad entre todos los actores educativos —administraciones, centros, docentes y familias— para garantizar un entorno de aprendizaje eficaz y coherente.

La propuesta incluye también un amplio paquete de medidas estructurales, entre ellas la implantación de un sistema nacional de evaluación continua, la reducción de la carga burocrática en los centros, el impulso decidido a la Formación Profesional —especialmente en su modalidad dual—, la mejora de la formación inicial y continua del profesorado, y el establecimiento de una prueba de acceso a la universidad única en todo el territorio nacional. Asimismo, plantea alcanzar una financiación estable en torno al 5 % del PIB, orientada a objetivos medibles y vinculada a la mejora real del aprendizaje.

En el plano internacional, el documento toma como referencia a los sistemas educativos de mayor rendimiento, como los de Finlandia, Corea del Sur o Singapur, destacando elementos comunes como el alto prestigio de la profesión docente, la exigencia académica, la evaluación rigurosa y el liderazgo educativo. Según los autores, España debería adoptar estas prácticas si aspira a mejorar su competitividad en un contexto global cada vez más exigente.

La propuesta concluye con un mensaje inequívoco: la crisis educativa española no es coyuntural, sino estructural, y exige una reforma profunda basada en principios claros, estabilidad normativa y compromiso social. En palabras del propio documento, “una nación que renuncia a educar con rigor compromete su democracia y abdica de su futuro”, una advertencia que sintetiza el espíritu de un texto que busca situar nuevamente la educación en el centro del debate público.

El documento completo puede consultarse a través de este enlace, donde se detallan tanto el diagnóstico como las propuestas de reforma en profundidad.