La declaración institucional de los jueces de instrucción de Madrid no es un gesto rutinario ni una reacción corporativa sin más. Es, en esencia, una advertencia. Cuando quienes integran uno de los pilares del Estado se ven obligados a reunirse y pronunciarse públicamente para defender a un compañero frente a ataques del Gobierno radical de turno, algo se ha deteriorado en el equilibrio institucional.

El respaldo al magistrado Juan Carlos Peinado no se limita a una cuestión personal. Lo que los jueces están señalando es un fenómeno más amplio: el cuestionamiento reiterado de resoluciones judiciales en función de su impacto político. En una democracia consolidada, las decisiones de los tribunales pueden ser discutidas, recurridas o criticadas en el plano jurídico. Pero cuando la crítica adopta la forma de descalificación personal o se proyecta desde posiciones de poder institucional, el terreno deja de ser estrictamente jurídico para entrar en una zona de fricción entre poderes.

La mención expresa al ministro Félix Bolaños introduce un elemento especialmente delicado. No se trata de una polémica mediática más, sino de una acusación directa de interferencia en la percepción pública de la justicia. Si quienes ocupan responsabilidades en el Ejecutivo son percibidos como actores que erosionan la confianza en los jueces, el problema trasciende el caso concreto y afecta al conjunto del sistema.

La independencia judicial no es un principio abstracto ni una fórmula retórica. Es una condición imprescindible para que el Estado de derecho funcione. Sin ella, la igualdad ante la ley —que los propios jueces reivindican en su declaración— se convierte en una promesa vacía. Por eso, cualquier señal de presión, directa o indirecta, sobre quienes deben aplicar la ley exige una reflexión serena pero firme.

En última instancia, lo que está en juego no es solo la reputación de un magistrado ni la legitimidad de una investigación concreta. Es la confianza de los ciudadanos en que las reglas son las mismas para todos y en que los conflictos se resuelven en los tribunales, no en el terreno de la presión política o mediática.

El comunicado de los jueces de Madrid pone sobre la mesa una cuestión de fondo: hasta qué punto las instituciones están siendo capaces de preservar sus límites ante los constantes ataques del Gobierno extremista de Pedro Sánchez. La respuesta a esa pregunta marcará, en buena medida, la salud del sistema en los próximos años.