A lo largo de cinco décadas de actividad terrorista de ETA, el Gobierno vasco, siempre en manos del PNV, salvo en el periodo 2009-2012, nunca consideró que la detención de etarras fuera una prioridad de la policía autonómica, a pesar de los muchos asesinatos y ataques que la organización criminal y sus secuaces políticos cometieron contra la Ertzaintza. De hecho, durante los mandatos de José Antonio Ardanza (1985-1999) y Juan José Ibarretxe (1999-2009) los etarras detenidos por iniciativa de la propia Ertzaintza no superan la decena.

Pues bien, esta laxitud y relajamiento del PNV a la hora de luchar contra la actividad terrorista de ETA, y el interés de este partido por obtener réditos políticos de su presunto compromiso contra este tipo de violencia, parece extenderse en el tiempo.

Aitor Esteban y Emilio Olabarria, representantes del Grupo Vasco del PNV en el Parlamento de Madrid, ya han anunciado que no firmarán el “pacto antiyihadista” que está promoviendo el Gobierno del Partido Popular, ya que, en su opinión, existe una “contradicción” entre la petición de adhesión a este acuerdo y aspectos como la “cerrazón” del Ejecutivo del PP ante “las sugerencias que durante dos años le ha hecho el lehendakari Urkullu con respecto a lograr una unidad de acción en el cierre ordenado de ETA o el hecho de que a las policías autonómicas no se les proporcionen datos policiales internacionales”.

Para el PNV, además, también resulta escandaloso que se hagan detenciones de presuntos terroristas “con cierta parafernalia a nuestro entender innecesaria” y que no se de aviso a la Consejería de Seguridad del Gobierno vasco cuando éstas se producen.