La acusación popular ha solicitado 24 años de prisión para Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en el escrito de calificación presentado de cara al futuro juicio con jurado popular.

La iniciativa parte de la asociación Hazte Oír, que atribuye a Gómez la presunta comisión de cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida.

En el mismo escrito, la acusación solicita también 22 años de cárcel para Cristina Álvarez, asistente de Gómez en Presidencia del Gobierno, a quien considera responsable de malversación continuada de patrimonio público, así como cooperadora necesaria en delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida.

Asimismo, pide seis años de prisión para el empresario Juan Carlos Barrabés, al que vincula con supuestos beneficios derivados de contratos con la Administración y al que imputa delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

La acusación popular solicita además la adopción de medidas cautelares para los tres investigados, entre ellas la prohibición de salir del territorio nacional sin autorización judicial, la retirada del pasaporte, comparecencias periódicas ante el juzgado y la imposición de fianzas para garantizar posibles responsabilidades económicas.

En el listado de testigos propuestos figuran diversas personalidades del ámbito político y empresarial, como el ministro Félix Bolaños, el empresario Víctor de Aldama, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el asesor Iván Redondo o responsables de grandes compañías y organismos internacionales.

Según el relato de la acusación, la trayectoria profesional de Gómez experimentó un cambio significativo tras la llegada de su esposo a la presidencia del Gobierno, lo que habría incrementado su proyección institucional y su capacidad de influencia en ámbitos públicos y privados.

El escrito detalla que, tras dejar en excedencia su actividad profesional anterior, asumió responsabilidades en el Africa Center del Instituto de Empresa y posteriormente impulsó la creación de una cátedra universitaria en la Universidad Complutense.

En relación con esta cátedra, la acusación subraya que se habría creado sin un proceso competitivo equiparable al habitual en el ámbito académico.

Finalmente, el documento también pone el foco en el registro de la marca “TSC Transformación Social Competitiva”, así como en la creación de una sociedad vinculada, interpretando estas actuaciones como un intento de controlar o explotar en beneficio propio el desarrollo tecnológico asociado a la cátedra.