Lo ocurrido en la autovía A-66 no es una anécdota, ni un exceso puntual de unos aficionados exaltados. Es la expresión más descarnada de una degradación que lleva años incubándose en la sociedad española en general, y en el mundo del fútbol en particular: la normalización de la violencia, del odio tribal y de la impunidad en nombre de una ideología, de una patria o de unos determinados colores. Esta vez no hablamos de insultos en un estadio ni de altercados a la salida de un partido. Hablamos de algo mucho más grave: de poner vidas en peligro en plena carretera.

Encajonar un vehículo en marcha, lanzar objetos o simular maniobras para sacarlo de la vía no es “pasarse de la raya”. Es una conducta potencialmente homicida. Quien actúa así sabe —o debería saber— que basta un segundo para provocar una tragedia irreparable. No hay emoción deportiva que justifique ese comportamiento. No hay rivalidad que lo explique. Solo hay detrás ideologías liberticidas, fanatismo, irresponsabilidad, desprecio absoluto por la vida ajena y una sensación de impunidad que resulta insoportable.

No es una anécdota que los autores sean seguidores de la Real Sociedad, ya que especialmente en el País Vasco y en Cataluña se ha desarrollado, gracias al nacionalsocialismo dominante en ambas comunidades, una cultura identitaria que avala  que algunos individuos se sientan legitimados para actuar en la carretera como auténticas bandas mafiosas. Hechos indecentes como el que comentamos interpela directamente a la responsabilidad de las autoridades guerracivilistas, pero también a clubes, instituciones deportivas y a una sociedad que ha mirado hacia otro lado demasiadas veces.

Porque hoy ha sido una autocaravana. Mañana puede ser cualquier familia, cualquier conductor, cualquier ciudadano que simplemente circula por una autovía y porta un símbolo que disgusta a los matones.  Y entonces ya no hablaremos de acoso ni de imprudencia, sino de tragedia.

El fútbol no puede seguir siendo la coartada de la barbarie. Y la carretera no puede convertirse en un escenario donde la ley se disuelve entre gritos, bengalas y volantazos. Lo que está en juego no es un partido. Es algo mucho más serio: la seguridad de todos.

La respuesta no puede quedarse en una detención y una posterior puesta en libertad sin consecuencias ejemplares. Si de verdad se ha puesto en riesgo la vida de terceros, como han reconocido las autoridades, la respuesta penal debe estar a la altura. Las sanciones deben ser claras, firmes y disuasorias. Conductas como las descritas encajan, como mínimo, en delitos contra la seguridad vial y podrían agravarse si se acredita la intención de poner en peligro la vida de terceros. Eso debería traducirse en penas de prisión, retirada prolongada del permiso de conducir y multas severas. No basta con una reprimenda administrativa: quien convierte una autovía en un campo de acoso debe perder el derecho a conducir durante años.

Pero también hay una responsabilidad que trasciende lo penal. La legislación española contempla sanciones en el ámbito deportivo para quienes protagonizan actos violentos vinculados al fútbol. En este caso, sería razonable aplicar prohibiciones de acceso a recintos deportivos durante largos periodos —incluso de carácter permanente—, así como la imposición de multas relevantes. Los clubes, por su parte, no pueden limitarse a condenas genéricas: deben colaborar activamente en la identificación de estos individuos y aplicarles medidas internas contundentes. Solo así se empezará a cerrar el paso a quienes confunden la pasión con la violencia.