Así lo ha informado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García Martín, durante la rueda de prensa posterior a la reunión de Consejo de Gobierno. La Abogacía General de la Comunidad de Madrid interpuso dicho recurso en el que también se solicitó como medida cautelar la suspensión del Real Decreto.

El Gobierno regional presentó este recurso porque el Real Decreto “afecta gravemente a la prestación de los servicios públicos madrileños sin articular mecanismos financiación y de provisión de medios”. Además, “contraviene la normativa de la Unión Europea y afecta a la Seguridad Nacional”.