Greenpeace exige la retirada del proyecto de piscifactoría para lenguados en los terrenos de la central nuclear de Lemóniz (Vizcaya), una iniciativa público-privada impulsada por el grupo valenciano Atitlan y el Gobierno Vasco que necesitará una inversión de 170 millones de euros, en parte de financiación pública. La organización activista de extrema izquierda denuncia que el proyecto agravaría la presión sobre la costa cantábrica e insiste en la necesidad de restaurar la zona tras el cierre de la central.
 

La concesión que otorgó la Administración del Estado a Iberduero- ahora Iberdrola- para la central nuclear de Lemoiz terminaba el 29 de julio de 2018, y, según la Ley de Costas, el Gobierno podría exigir a Iberdrola que devolviese su entorno al estado inicial. Sin embargo, en 2018 el Gobierno Vasco asumió la propiedad de las ruinas de Lemóniz, lo que exime a la empresa de asumir su responsabilidad de restaurar el entorno, ahorrando así unos 17 millones de euros.

"Como si sobrara dinero público, parece que el Gobierno Vasco está empeñado en hacer ahorrar a empresas privadas mucho dinero, evitando su responsabilidad de restaurar zonas naturales y públicas una vez cesada su actividad. Ahora hablamos de Lemóniz, pero puede pasar lo mismo con los Astilleros de Murueta en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai", ha declarado Lorea Flores, portavoz de Greenpeace.