El Sindicato Profesional de la Ertzaintza (Si.P.E.) informa de que el Juzgado de lo Social del Tribunal de Instancia de Bilbao (Plaza N.º 10) ha admitido a trámite la demanda presentada por esta organización en la que se solicita la nulidad del procedimiento electoral de representantes sindicales en la Ertzaintza, un proceso que el sindicato ya denunció públicamente desde sus primeras fases como "carente de garantías democráticas".

El señalamiento del juicio ha sido fijado para el próximo 1 de junio, fecha en la que el Si.P.E. defenderá ante la Justicia lo que considera un proceso electoral viciado desde su origen.

El Si.P.E. ya advirtió el pasado 9 de marzo que las elecciones sindicales se estaban desarrollando en un contexto de opacidad, desigualdad y falta de garantías, denunciando un sistema que lejos de facilitar la participación, imponía obstáculos y generaba desconfianza en el colectivo.

Tal y como se ha denunciado, el sindicato alertó de un "proceso plagado de sombras" y de una organización electoral que introducía trabas en lugar de garantizar derechos fundamentales.

Entre las primeras irregularidades denunciadas destacaban:

• Un voto diferido convertido en una carrera de obstáculos, condicionado por la logística administrativa y con escaso margen real para ejercer el derecho al sufragio.

• La falta de transparencia en la designación de mesas electorales, mediante sistemas informáticos no auditados, sin control independiente ni garantías de neutralidad.

• Restricciones a la campaña electoral, impidiendo al Si.P.E. acceder a determinados centros de trabajo, especialmente en Gipuzkoa, limitando la libertad sindical y el derecho de los ertzainas a escuchar todas las opciones en igualdad.

Lejos de corregirse, estas anomalías se agravaron durante el desarrollo del proceso.

La demanda presentada por el Si.P.E. pone negro sobre blanco hechos de una gravedad extraordinaria que, en palabras del sindicato, convierten estas elecciones en un proceso "radicalmente nulo".

Entre las irregularidades más graves denunciadas destacan:

• Manipulación del censo electoral: el número de electores pasó de 7.109 a 7.078 sin procedimiento ni garantías, permitiendo además que personas sin derecho a voto participaran en el proceso.

• Alteración de las reglas durante el proceso electoral, vulnerando el principio de seguridad jurídica.

• Destrucción de votos ya emitidos, afectando directamente al derecho fundamental al sufragio.

• Errores graves en papeletas, que provocaron incluso la suspensión del voto en Guipúzcoa durante varios días.

• Restricciones arbitrarias al voto diferido, con limitaciones horarias y obstáculos en distintos centros de trabajo.

• Falta de garantías de privacidad, al no habilitarse medios adecuados para asegurar el voto secreto.

Todo ello configura, según el Si.P.E., un escenario en el que no ha existido igualdad entre candidaturas ni garantías mínimas para un proceso democrático, vulnerando tanto la normativa electoral como derechos fundamentales recogidos en la Constitución.

Desde el Si.P.E. se considera que lo ocurrido no es un simple conjunto de irregularidades aisladas, sino un fallo estructural del proceso electoral que ha afectado a todas sus fases: desde la campaña hasta el escrutinio final. "El problema no es un error puntual, es un sistema que ha funcionado sin garantías desde el principio hasta el final. Se ha impedido competir en igualdad, se ha dificultado el voto y se han alterado las reglas en pleno proceso. Eso no es una irregularidad, es un ataque directo a la democracia sindical", señalan fuentes del sindicato.

Ante esta situación, el sindicato ha solicitado judicialmente:

• La nulidad total del procedimiento electoral.

• La anulación de los acuerdos adoptados por la Junta Electoral.

• La convocatoria de un nuevo proceso electoral con plenas garantías legales, transparencia y equidad.