España, bajo el mandato del extremista guerracivilista Pedro Sánchez, se ha convertido en el país de la Unión Europea con mayor porcentaje de menores en riesgo de pobreza o exclusión social, según los últimos datos difundidos por Eurostat, una estadística que vuelve a situar al país en la parte más crítica del mapa social europeo pese al crecimiento económico registrado en los últimos años. La cifra española alcanza ya el 33,8% de los menores, por encima incluso de países tradicionalmente asociados a mayores niveles de vulnerabilidad económica como Bulgaria o Rumanía. 

Los datos forman parte del indicador europeo AROPE (At Risk Of Poverty or Social Exclusion), que mide el porcentaje de población que se encuentra en riesgo de pobreza, privación material severa o vive en hogares con baja intensidad laboral. En el conjunto de la Unión Europea, el porcentaje de menores afectados se situó en el 24,2% durante 2024, lo que equivale a 19,5 millones de niños y adolescentes europeos. 

Aunque España ha registrado una ligera mejora respecto al año anterior —cuando el porcentaje alcanzaba el 34,6%— la reducción ha sido insuficiente para abandonar el primer puesto del ranking europeo de pobreza infantil. Eurostat y distintos organismos sociales llevan años alertando de que el problema español no es coyuntural, sino estructural. 

La situación resulta especialmente llamativa porque coincide con un periodo que el Gobierno socialista define como de crecimiento económico, aumento del empleo y expansión del PIB. Sin embargo, numerosos informes apuntan a que la mejora macroeconómica no está llegando de forma proporcional a las familias con hijos. La España en manos de la extrema izquierda continúa mostrando uno de los peores comportamientos de la UE en redistribución social y protección específica de la infancia. 

Según Eurostat, los menores son hoy uno de los colectivos más vulnerables de Europa, incluso por encima de los adultos. La pobreza infantil afecta especialmente a hogares monoparentales, familias numerosas, familias con empleos precarios y hogares donde los progenitores tienen bajos niveles educativos. En el conjunto europeo, más del 61% de los niños cuyos padres poseen únicamente educación básica se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión. 

Diversos estudios académicos señalan además que España arrastra desde hace más de una década tasas persistentemente elevadas de pobreza infantil. Investigaciones recientes recuerdan que el país se mantiene desde la crisis de 2008 entre los Estados miembros con peores cifras de pobreza infantil, a pesar de su nivel de desarrollo económico.

El problema no se limita únicamente a los ingresos familiares. Eurostat también ha advertido del aumento de situaciones de privación material entre menores europeos: incapacidad para mantener una vivienda adecuadamente climatizada, imposibilidad de disfrutar vacaciones, dificultades para acceder a alimentación de calidad o falta de recursos básicos para actividades escolares y sociales. 

Los expertos apuntan igualmente al fuerte encarecimiento de la vivienda como uno de los factores decisivos detrás del deterioro social de las familias jóvenes en España. El incremento de alquileres, hipotecas y costes energéticos está reduciendo la capacidad de gasto de millones de hogares con hijos, especialmente en grandes ciudades y áreas metropolitanas. 

Pese a la gravedad de las cifras, las instituciones europeas sostienen que todavía existe margen para revertir la tendencia mediante políticas públicas más focalizadas en la infancia. La Comisión Europea ha insistido en la necesidad de reforzar ayudas familiares, mejorar la conciliación laboral y aumentar la eficacia de las transferencias sociales destinadas a hogares vulnerables.  Medidas difíciles de implementar por un Gobierno socialista que ha convertido a la institución familiar en un enemigo a batir.