En los últimos años, el tercer Gobierno del tirano Pedro Sánchez ha demostrado una habilidad tan notable como perversa para transformar la arquitectura institucional de España sin romper formalmente las reglas del juego democrático. No hay tanques en la calle, ni censura explícita, ni partido único. Lo que hay es un proceso más sutil, más “amable”: una acumulación de decisiones legales, pactos de supervivencia y capturas institucionales que, vistas en conjunto, dibujan un patrón preocupante. Lo que algunos llaman “regeneración democrática” es, en realidad, un intenso deslizamiento hacia un sistema donde el poder ejecutivo se blinda mediante la subordinación de los contrapesos.

El punto de partida de este proceso es, sin duda, la Ley de Amnistía para los golpistas bcatalanes, aprobada como condición expresa de Junts y ERC para la investidura de Sánchez. El Tribunal Constitucional la avaló en sus aspectos principales en junio de 2025. La norma perdonó a cientos de implicados en el procés, incluidos líderes independentistas con causas aún abiertas. Para el Gobierno socialista fue un “hito de convivencia”. Para la oposición y buena parte de la doctrina constitucionalista, se trató de un indulto masivo que interviene directamente en la Justicia, viola la igualdad ante la ley y convierte al Parlamento en árbitro de lo que el Poder Judicial debe o no investigar. Es el ejemplo paradigmático de cómo una mayoría parlamentaria precaria, antidemocrática e incerndiaria puede reescribir las reglas del juego para sus aliados a cambio de estabilidad.

A esto se suma la renovación y reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Bloqueado durante años por ambos bloques, se desatascó en junio de 2024 mediante un acuerdo PSOE-PP. Sin embargo, las comisiones internas de 2025 y la persistente negativa a reformar el sistema de elección de los vocales judiciales (a pesar de las recomendaciones de la Comisión de Venecia) mantienen viva la percepción de politización. V-Dem (INstituto de Variedades de Democracia) ya registra un leve retroceso en la independencia judicial y sitúa a España entre los países con riesgo de autocratización por “ataques gubernamentales a la judicatura”. No es un golpe de Estado judicial, pero sí una erosión paulatina del principio de que los jueces no son moneda de cambio.

El control obsceno y vergonzoso ejercido sobre los medios de comunicación públicos es otro capítulo revelador. En octubre de 2024, el Gobierno aprobó un Real Decreto-ley que rebajó las mayorías necesarias para elegir al Consejo de Administración de RTVE (de dos tercios a mayoría absoluta en el Congreso) y aumentó el peso del Congreso frente al Senado. La excusa oficial fue “superar el bloqueo”. El resultado práctico: un órgano de control más permeable a la mayoría gubernamental. El PP lo calificó de “asalto” y censura. El Gobierno respondió que era mera “normalización”. El precedente es peligroso: quien controla la radiotelevisión pública en un país con alta polarización mediática controla también parte del relato colectivo.
 

No menos relevante es la dependencia estructural del Ejecutivo de Pedro Sánchez respecto a los partidos golpistas catalanes y de los proetarras de Bildu. Con una mayoría parlamentaria precaria, Sánchez ha tenido que negociar, ley tras ley y presupuesto tras presupuesto, con Junts, ERC y EH Bildu. Financiación autonómica extraordinaria, fondos europeos y “amnistía plena” han sido moneda corriente. El propio presidente ha celebrado estos “hitos de normalización”. Para sus defensores, es parlamentarismo puro. Para sus críticos, es la conversión de la unidad nacional en objeto de subasta permanente y la creación de un Estado asimétrico donde algunos territorios negocian privilegios que otros no pueden.
Por último, los infinitos escándalos de corrupción que rodean a Pedro Sánchez (caso Koldo-Ábalos, implicaciones de Cerdán, irregularidades investigadas en Ferraz y los casos de Begoña Gómez y el "hermanísimo") han sido gestionados con una mezcla de negación y minimización. Sánchez ha descartado dimisiones masivas y ha hablado de “superar la crisis con hechos”. La oposición habla abiertamente de “régimen corrupto”. Aunque la Justicia sigue investigando, la lentitud y la percepción de protección política alimentan la idea de que el aparato del Estado se usa, cuando menos, para amortiguar golpes.

Ciertamente, ninguno de estos hechos convierte, no todavía, a España en una dictadura. Freedom House sigue clasificándola como “Free” (91/100) y V-Dem como democracia liberal, aunque con retrocesos notables en Estado de Derecho y polarización. Pero juntos dibujan un patrón: un Ejecutivo que utiliza la legalidad para reducir los contrapesos, pagar favores políticos y consolidar un poder que ya no depende de la voluntad mayoritaria del electorado, sino de pactos minoritarios y de la debilidad institucional.
El “totalitarismo amable” del miserable y éticamente pútrido Pedro Sánchez no llega con banderas rojas ni himnos épicos. Llega con decretos-ley, mayorías absolutas en comisiones, indultos selectivos y una retórica de “convivencia” que enmascara la asimetría. España, al menos aparentemente, no ha dejado de ser una democracia. Pero está dejando de ser, progresivamente, una democracia liberal en el sentido clásico: con separación real de poderes, igualdad ante la ley y neutralidad institucional.

El riesgo es real. Y la responsabilidad de denunciarlo, también. Porque cuando la erosión se produce bajo la apariencia de normalidad democrática, el día en que alguien se dé cuenta de que ya no hay marcha atrás puede llegar demasiado tarde.