Ninguna tradición justifica la barbarie
La mutilación genital femenina no es una “tradición cultural”. No es una “costumbre ancestral”. No es una cuestión “compleja” que deba abordarse con eufemismos burocráticos ni con el miedo permanente a incomodar determinados discursos multiculturales. Es, sencillamente, una forma extrema de violencia contra la mujer. Una agresión física y psicológica brutal ejercida sobre niñas y jóvenes cuya libertad individual queda anulada en nombre del control, la sumisión machista y el miedo.
Los datos conocidos ahora en el País Vasco son estremecedores. Casi 400 posibles casos detectados por Osakidetza desde 2013. Más de un centenar de menores de edad. Decenas de niñas expuestas a una práctica que organismos internacionales consideran una grave violación de los derechos humanos. Y, sin embargo, durante años el debate público sobre esta cuestión ha permanecido atrapado entre el silencio, la incomodidad y la cobardía de políticos y medios a señalar realidades evidentes.
Porque el verdadero fracaso no es sólo que existan estos casos. El verdadero fracaso es que Europa lleva demasiado tiempo actuando como si determinadas prácticas intolerables pudieran relativizarse cuando llegan envueltas en la etiqueta de la inmigración o la “diversidad cultural”. No. La defensa de los derechos de la mujer no puede depender del origen geográfico de quien agrede ni del contexto cultural desde el que se justifique la agresión.
Con no poco esfuerzo, Occidente ha construido durante décadas un consenso básico: ninguna niña pertenece a su familia, a su clan o a su comunidad de un modo absoluto. Ninguna mujer debe ser mutilada para garantizar su “pureza”, su obediencia o su aceptación social. Y precisamente por eso resulta inquietante comprobar cómo parte del discurso institucional evita hablar con claridad sobre el componente cultural y comunitario que existe detrás de estas prácticas. Combatir la mutilación genital femenina exige prevención, vigilancia sanitaria y acción policial, sí. Pero también exige valentía moral y política para afirmar que hay costumbres salvajes incompatibles con una sociedad democrática.
La protección de las víctimas debe situarse por encima de cualquier cálculo ideológico. Y eso implica actuar antes de que el daño se produzca: reforzar controles sobre menores en situación de riesgo, mejorar la coordinación entre servicios sociales, centros educativos y sanitarios, ofrecer protección real a las niñas amenazadas y perseguir penalmente a quienes promuevan o faciliten estas mutilaciones, incluso cuando se realicen fuera de España durante viajes familiares.
También conviene recordar algo incómodo pero esencial: muchas mujeres inmigrantes son precisamente las primeras víctimas de estas estructuras opresivas y las primeras que desean escapar de ellas. Defender sus derechos no es racismo. No es xenofobia. Es exactamente lo contrario: reconocerlas como ciudadanas libres e iguales, titulares de los mismos derechos fundamentales que cualquier otra mujer europea.
Una sociedad mínimamente decente no mira hacia otro lado ante una barbarie por miedo a parecer intolerante. Una sociedad decente protege a las niñas antes que a los dogmas ideológicos. Y una democracia madura debe ser capaz de decir, sin complejos y con absoluta claridad, que ninguna tradición está por encima de la dignidad y de la libertad humana.
La mutilación genital femenina no es una “tradición cultural”. No es una “costumbre ancestral”. No es una cuestión “compleja” que deba abordarse con eufemismos burocráticos ni con el miedo permanente a incomodar determinados discursos multiculturales. Es, sencillamente, una forma extrema de violencia contra la mujer. Una agresión física y psicológica brutal ejercida sobre niñas y jóvenes cuya libertad individual queda anulada en nombre del control, la sumisión machista y el miedo.
Los datos conocidos ahora en el País Vasco son estremecedores. Casi 400 posibles casos detectados por Osakidetza desde 2013. Más de un centenar de menores de edad. Decenas de niñas expuestas a una práctica que organismos internacionales consideran una grave violación de los derechos humanos. Y, sin embargo, durante años el debate público sobre esta cuestión ha permanecido atrapado entre el silencio, la incomodidad y la cobardía de políticos y medios a señalar realidades evidentes.
Porque el verdadero fracaso no es sólo que existan estos casos. El verdadero fracaso es que Europa lleva demasiado tiempo actuando como si determinadas prácticas intolerables pudieran relativizarse cuando llegan envueltas en la etiqueta de la inmigración o la “diversidad cultural”. No. La defensa de los derechos de la mujer no puede depender del origen geográfico de quien agrede ni del contexto cultural desde el que se justifique la agresión.
Con no poco esfuerzo, Occidente ha construido durante décadas un consenso básico: ninguna niña pertenece a su familia, a su clan o a su comunidad de un modo absoluto. Ninguna mujer debe ser mutilada para garantizar su “pureza”, su obediencia o su aceptación social. Y precisamente por eso resulta inquietante comprobar cómo parte del discurso institucional evita hablar con claridad sobre el componente cultural y comunitario que existe detrás de estas prácticas. Combatir la mutilación genital femenina exige prevención, vigilancia sanitaria y acción policial, sí. Pero también exige valentía moral y política para afirmar que hay costumbres salvajes incompatibles con una sociedad democrática.
La protección de las víctimas debe situarse por encima de cualquier cálculo ideológico. Y eso implica actuar antes de que el daño se produzca: reforzar controles sobre menores en situación de riesgo, mejorar la coordinación entre servicios sociales, centros educativos y sanitarios, ofrecer protección real a las niñas amenazadas y perseguir penalmente a quienes promuevan o faciliten estas mutilaciones, incluso cuando se realicen fuera de España durante viajes familiares.
También conviene recordar algo incómodo pero esencial: muchas mujeres inmigrantes son precisamente las primeras víctimas de estas estructuras opresivas y las primeras que desean escapar de ellas. Defender sus derechos no es racismo. No es xenofobia. Es exactamente lo contrario: reconocerlas como ciudadanas libres e iguales, titulares de los mismos derechos fundamentales que cualquier otra mujer europea.
Una sociedad mínimamente decente no mira hacia otro lado ante una barbarie por miedo a parecer intolerante. Una sociedad decente protege a las niñas antes que a los dogmas ideológicos. Y una democracia madura debe ser capaz de decir, sin complejos y con absoluta claridad, que ninguna tradición está por encima de la dignidad y de la libertad humana.
