Está ya en marcha, por parte del PNV y PSE, la elaborada campaña para, cuando el próximo 11 de noviembre finalice la concesión en la AP-68 Bilbao-Zaragoza, metérsela doblada a la ciudadanía. El manual es el mismo que utilizaron, hace ya 23 años, al finalizar también la concesión de la AP-8 Irun-Basauri, cuando también pasó a manos de las Diputaciones de Guipúzcoa y Vizcaya.

Se trata de hacer creer al ingenuo ciudadano que su derecho a una movilidad segura, eficiente, y más ecológica (propia del siglo XXI, como lo es la sanidad, educación etc, dónde no se aplican peajes), debe estar sujeto a pasar por caja continuando pagando el peaje, en unas infraestructuras que las concesionarias les entregan a coste cero, y de las que las diputaciones obtuvieron, durante los años de concesión, decenas de millones para las arcas forales a través del IVA y los correspondientes impuestos de explotación a la concesionaria.

Para ello vienen argumentando una batería de mantras, los cuales nunca han querido confrontar con la ciudadanía, ni mucho menos con nosotros, pues bien saben su poca solidez argumental.

En el caso de la AP-8, incluso se saltaron la sacrosanta palabra de vasco que, el Sr. José Luis Bilbao (entonces Diputado General de VizcayaBizkaia) dió públicamente en representación del PNV; Declaró en 2003: “Sólo vamos a mantener el peaje para construir el tercer carril y cuando tengamos amortizado su coste, será libre de pago”. Con los cuantiosos ingresos de los dos primeros años cubrieron sobradamente los gastos, pero, su palabra de vasco se la llevó el viento y, 23 años después, seguimos pagando el injusto y discriminatorio peaje a nuestra diputación, sino no queremos sufrir el infierno que supone transitar por la N- 634, la tercermundista opción que ambas diputaciones nos ofrecen como alternativa a la AP-8, si no acatamos este sobreimpuesto por circular por una vía rápida para desplazarse, por ejemplo, a Bilbo, como tienen el resto de las comarcas de Vizcaya, (salvo la escandalosa excepción del Valle de Carranza, cuyos vecinos ven cómo sus impuestos se dilapidan en obras faraónicas como la Súpersur, y ahora el subfluvial, por cierto, saltándose el cuestionamiento popular encauzado por la Plataforma Subfluvial EZ).

Pero el genuino y auténtico motivo, que PNV-PSE no confiesan a la ciudadanía, para mantener sine die el cobro del peaje, es el suculento y escandaloso negocio que les supone tan fácil recaudación extra a través de los peajes, los que intentan ahora expandir por el conjunto de la red viaria del País Vasco. Recaudación qué, por su magnitud, hace que los distintos entes forales encargados de su cobro: Interbiak, Bidegui, y Arabat, estén, en sus respectivos herrialdes, en el top10 de las empresas con mayores ingresos. A los cuales hay que sumar los cientos de millones de euros que, en exclusiva, aportan los sufridos automovilistas, por su tenencia, para su trabajo, desplazamientos laborales, sociales, de ocio etc, de cualquier medio de locomoción, principalmente por el impuesto de carburantes, al que las arcas forales cargan con casi el 50% de impuestos en su factura. No es casualidad la designación del Sr. Pradales como lendakari, dado que que siempre se destacó, durante su paso por la Diputación de Bizkaia, como él más acérrimo defensor de los peajes.

Seguimos denunciando está injusta y discriminatoria política que suponen los peajes, y concienciando a la ciudadanía para que se posicione ante el nuevo atropello que supone, 50 años después, el que las diputaciones de Álava y Vizcaya, pretendan mantener los peajes en la amortizada AP-68. Máxime cuando las otras tres comunidades por la que también transcurre esta autopista, han decidido al unísono, suprimir sus respectivos peajes, con el acertado criterio de favorecer la movilidad de sus representados en parámetros de igualdad. Incluso para favorecer la implantación, a los márgenes de esta regalada infraestructura, de nuevas empresas que no tengan qué añadir a sus costes de producción, peaje alguno que encarezca sus productos.