El Tribunal de Cuentas Europeo ha lanzado una de las críticas más duras hasta la fecha sobre la gestión del gigantesco fondo europeo de recuperación poscovid. En un informe oficial de 62 páginas, el organismo concluye que siguen existiendo “lagunas” en la trazabilidad y transparencia de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF), el instrumento dotado con 577.000 millones de euros con el que Bruselas, a las órdenes de Ursula Von der Leyen, financió los planes nacionales tras la pandemia.

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El documento sostiene que, aunque los Estados miembros cumplen formalmente buena parte de las obligaciones regulatorias, la Unión Europea sigue sin disponer de información completa sobre quién acaba recibiendo realmente el dinero, cuánto se paga finalmente y cuáles han sido los resultados efectivos de numerosos proyectos. El informe advierte incluso de que la Comisión Europea no solicita datos detallados de costes reales por proyecto, pese a que muchos países sí los recopilan internamente.

Una de las conclusiones más delicadas políticamente es que Bruselas reconoce que no existe una transparencia completa sobre el flujo final de los fondos europeos. El Tribunal denuncia que la normativa actual únicamente obliga a publicar los 100 mayores receptores finales de ayudas en cada país, una exigencia que además llegó “dos años después” del arranque del instrumento.

El problema, según los auditores europeos, es aún mayor porque más del 80 % del dinero publicado en esas listas termina asociado a organismos públicos, ministerios o empresas estatales, mientras que las cantidades transferidas posteriormente a contratistas privados quedan en muchos casos fuera de la transparencia pública.

El informe incluye una afirmación especialmente contundente: “La transparencia sobre quién recibe los fondos del RRF es incompleta”.

Los auditores también detectan enormes diferencias entre países. Mientras algunos Estados han creado sistemas avanzados capaces de rastrear automáticamente pagos, contratistas y costes reales —como Bulgaria o Letonia—, otros dependen de peticiones manuales de información. Francia aparece señalada de forma especialmente negativa: las autoridades francesas no pudieron entregar todos los datos legalmente exigidos y tardaron más de seis meses en facilitar parte de la información solicitada.

España también aparece citada en varios apartados del informe. El Tribunal explica que el sistema español recopila información de destinatarios y contratistas, pero no integra sistemáticamente los costes reales dentro de su plataforma centralizada. Además, los auditores detectaron inconsistencias en la publicación de los grandes beneficiarios: España publica importes adjudicados y no cantidades efectivamente recibidas, algo que el informe considera contrario al espíritu de la normativa.

Otro de los hallazgos más sensibles es la sospecha de que numerosos proyectos financiados con fondos europeos podrían haber costado bastante menos de lo inicialmente presupuestado. El Tribunal examinó proyectos completados en varios países y descubrió que 15 de 19 medidas auditadas tuvieron costes reales inferiores a los previstos. En Malta, por ejemplo, algunas actuaciones terminaron costando apenas el 75 % de lo estimado inicialmente.

Sin embargo, Bruselas no obliga a devolver automáticamente esos ahorros ni a reasignarlos de manera sistemática. El propio informe advierte del riesgo de que algunos Estados miembros acaben recibiendo más dinero europeo del que realmente necesitaron para ejecutar sus proyectos.

El Tribunal de Cuentas Europeo también cuestiona la filosofía misma del sistema de pagos del fondo poscovid. El mecanismo no funciona como una subvención clásica basada en facturas y costes auditados, sino mediante pagos vinculados al cumplimiento de hitos y objetivos políticos. Eso significa que la Comisión puede liberar miles de millones aunque no conozca con exactitud el coste real final de muchas medidas.

Los auditores alertan de que esta falta de datos “reduce la capacidad de la Comisión para evaluar la eficiencia” del gasto europeo y debilita el principio de buena gestión financiera de la UE.

Como consecuencia, el Tribunal reclama cambios profundos para futuros fondos europeos: recopilación obligatoria y sistemática de datos reales, publicación completa de beneficiarios públicos y privados, inclusión de contratistas y subcontratistas, y transparencia detallada sobre todas las cantidades pagadas.

El informe supone un nuevo golpe sobre la gestión política y administrativa del mayor programa de gasto conjunto jamás lanzado por la Unión Europea tras la pandemia.