Llamar “accidente laboral” a la muerte de dos guardias civiles que perseguían a una narcolancha en aguas de Huelva no es solamente un error de lenguaje. Es un obsceno error moral, político y simbólico. Porque las palabras importan. Y cuando un representante público reduce una muerte en acto de servicio a la categoría burocrática de “accidente”, está rebajando también la gravedad de aquello que ha ocurrido. Hace décadas, en el País Vasco, los sicarios de la banda terrorista ETA y sus voceros políticos definían de la mima manera el asesinato terrorista de políticos, empresarios o periodistas.

Los agentes de la Guardia Civil no murieron cambiando una bombilla en una oficina ni sufrieron una caída fortuita en un entorno de trabajo convencional. Murieron enfrentándose a organizaciones criminales que, gracias al Gobierno de María Jesús Montero, son cada vez más violentas, más ricas y más impunes. Murieron en una operación contra el narcotráfico. Murieron porque hay mafias operando en determinadas zonas del sur de España con una capacidad logística y una agresividad impropias de un Estado que presume de controlar sus fronteras y garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

Por supuesto que, desde un punto de vista administrativo o jurídico, toda muerte producida durante el desempeño de un trabajo puede encuadrarse técnicamente como accidente laboral. Pero la política no consiste únicamente en aplicar categorías técnicas. La política exige comprender el significado profundo de los hechos. Y aquí el significado es evidente: esos guardias civiles cayeron en una confrontación contra el crimen organizado.

La diferencia no es menor. Como decíamos, tampoco llamaríamos “accidente laboral” al asesinato de un concejal amenazado por ETA, ni a la muerte de un juez asesinado por una mafia, ni al atentado contra un presidente del Gobierno. Sería jurídicamente absurdo y moralmente ofensivo. Porque cuando alguien muere como consecuencia directa de la violencia criminal o terrorista ejercida contra el Estado y sus representantes, lo que existe no es un simple accidente derivado del trabajo. Existe un ataque contra quienes sostienen el orden público y la legalidad.

El problema de fondo es aún más grave: la normalización del deterioro de la seguridad en determinadas áreas de la España en manos socialistas. Desde hace años, asociaciones policiales y mandos de la Guardia Civil denuncian falta de medios, embarcaciones insuficientes, inferioridad técnica frente a las narcolanchas y abandono institucional. Mientras tanto, el narcotráfico se profesionaliza, multiplica sus recursos y desafía abiertamente a las fuerzas de seguridad.

En ese contexto, banalizar la muerte de dos agentes mediante una expresión administrativa transmite una sensación devastadora de distancia política respecto a la realidad que viven quienes patrullan el mar, las carreteras o los barrios más conflictivos. No se trata de una cuestión semántica. Se trata de respeto. Y también de verdad.

Porque un país que acaba considerando normales estas muertes termina acostumbrándose a algo todavía peor: a que sus servidores públicos caigan frente al crimen mientras las instituciones en manos de la extrema izquierda socialista hablan de ellos con el frío lenguaje de un expediente laboral.