La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha registrado este martes la oficina profesional del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y varias sociedades mercantiles vinculadas a su entorno, dentro de la investigación abierta por la Audiencia Nacional sobre el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. 

Los registros, ordenados por el juez José Luis Calama, afectan también a la consultora Análisis Relevante —considerada una pieza clave de la investigación— y a la agencia de comunicación Whathefav, vinculada a las hijas del expresidente socialista. Los investigadores tratan de esclarecer si determinados pagos realizados durante los últimos años respondían realmente a servicios profesionales acreditados o si pudieron utilizarse como vía para canalizar fondos de origen presuntamente irregular.

Según distintas informaciones conocidas este martes, la UDEF sospecha que parte de las operaciones económicas investigadas podrían estar relacionadas con presuntas comisiones vinculadas al rescate de Plus Ultra aprobado por el Gobierno en marzo de 2021. La causa analiza posibles delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo de capitales. 

La investigación sitúa en el centro del caso al empresario Julio Martínez Martínez, amigo personal de Zapatero y administrador de Análisis Relevante. De acuerdo con las pesquisas policiales, esta sociedad habría realizado pagos tanto al expresidente como a empresas vinculadas a sus hijas mientras mantenía relaciones económicas con Plus Ultra. 

Zapatero, que deberá declarar ante la Audiencia Nacional el próximo 2 de junio, ha defendido públicamente la legalidad de todos los ingresos percibidos y sostiene que las consultorías realizadas fueron legítimas y declaradas ante Hacienda. Mientras tanto, el caso continúa provocando un fuerte impacto político y mediático, al tratarse de la primera ocasión en democracia en la que un expresidente del Gobierno español es investigado judicialmente por un presunto caso de corrupción económica de esta magnitud.