El auto íntegro de la Audiencia Nacional sobre el caso Plus Ultra, al que ha tenido acceso este periódico, contiene afirmaciones de enorme dureza jurídica y política contra el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. El magistrado José Luis Calama sostiene que los indicios recopilados por la UDEF permiten apreciar la existencia de “una estructura organizada y estable” presuntamente dirigida por el ex jefe del Ejecutivo y orientada “al ejercicio ilícito de influencias ante autoridades nacionales y extranjeras” para obtener ventajas económicas y resoluciones administrativas favorables.

El juez sitúa a Zapatero “en el vértice de la estructura”, atribuyéndole un papel de “liderazgo estratégico” y señalando directamente su oficina de la calle Ferraz como “centro de coordinación de la red”, desde donde —según el auto— “se imparten instrucciones, se elaboran documentos, se gestionan comunicaciones sensibles y se articula la operativa financiera y societaria”.

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La resolución judicial describe un entramado formado por múltiples sociedades mercantiles presuntamente utilizadas para mover fondos, emitir facturas simuladas y dar apariencia de legalidad a operaciones económicas bajo sospecha. Entre ellas aparecen Análisis Relevante, Whathefav SL —vinculada a las hijas del expresidente—, Sofgestor, Inteligencia Prospectiva, Voli Analítica e Idella Consulenza Strategica. El auto sostiene que varias de estas sociedades carecían de actividad empresarial real y actuaban como “vehículos de canalización de fondos” y “estructuras instrumentales” destinadas a ocultar el origen y destino efectivo del dinero.

Uno de los pasajes más explosivos del documento hace referencia explícita al cobro de “mordidas”. El juez recoge conversaciones intervenidas entre directivos de Plus Ultra en las que se afirma que la denominada “finance boutique” creada en torno al entorno de Zapatero serviría para cobrar comisiones por las gestiones realizadas. En uno de los mensajes incorporados al auto, un directivo afirma textualmente: “Así que por ahí vendrá la mordida”.

El auto incorpora además mensajes y conversaciones en los que los investigados hablan abiertamente de “llegar a Ábalos”, de contactar con “la mano derecha del ministro” —en referencia a Koldo García— y de buscar “ayuda de Zapatero” para acceder a rescates y financiación pública.

La investigación sostiene que Plus Ultra comenzó a mover contactos políticos desde marzo de 2020 para acceder a ayudas estatales. Según el juez, los mensajes intervenidos muestran conversaciones sobre cómo “tocar puertas” en el Gobierno, cómo utilizar conexiones políticas y cómo activar la red de influencias vinculada al expresidente socialista.

Especial relevancia concede el magistrado a una carta dirigida al Banco Santander en mayo de 2020 “por instrucciones de José Luis Rodríguez Zapatero”, en la que se solicitaba apoyo para obtener financiación ICO para Plus Ultra. El documento figura íntegramente reproducido dentro del auto judicial.

La resolución también describe una presunta red internacional de contactos y sociedades opacas conectadas con Venezuela, Dubái y otros países. Según el juez, la estructura investigada mantenía relaciones con autoridades y operadores económicos extranjeros “con el objetivo de influir en decisiones administrativas o facilitar operaciones comerciales de gran escala”.

Otro elemento especialmente llamativo es la referencia a sociedades radicadas en Dubái que, según el auto, habrían sido utilizadas para “desviar al extranjero” fondos derivados de contratos relacionados con Plus Ultra. El juez señala concretamente a Idella Consulenza Strategica como pieza clave de esa operativa.

La dureza del auto queda reflejada también en el despliegue autorizado para los registros practicados por la UDEF. El juez permitió el acceso simultáneo a domicilios, despachos, garajes, cajas fuertes y dispositivos electrónicos, así como el volcado de teléfonos móviles, correos electrónicos y cuentas digitales. Incluso se autorizó expresamente la posible incautación de criptomonedas y el acceso policial a plataformas digitales y sistemas de mensajería.

El magistrado autorizó igualmente el uso “de la fuerza proporcionalmente necesaria” para abrir inmuebles, cajas de seguridad o dispositivos bloqueados, y permitió que la Policía pudiera cambiar contraseñas y asegurar cuentas electrónicas para evitar el borrado de información.

La investigación cuenta además con colaboración internacional. El auto revela que Homeland Security Investigations (HSI), agencia dependiente de Estados Unidos, facilitó a la Policía española extracciones telefónicas de dispositivos pertenecientes a investigados del caso.

El documento judicial concluye afirmando que los indicios recopilados apuntan a una “trama de tráfico de influencias dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero” que utilizaba “sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos” para obtener beneficios económicos y ocultar movimientos de fondos.