La Policía Nacional ha desarticulado una presunta organización criminal dedicada a facilitar la inmigración irregular mediante la utilización de documentación falsa en procesos de regularización administrativa en España. La trama, asentada principalmente en Vizcaya y Guipúzcoa, ofrecía a ciudadanos extranjeros un auténtico “pack” de regularización que incluía empadronamientos ficticios, extractos bancarios manipulados, certificados fraudulentos y toda la documentación necesaria para obtener permisos de residencia temporal por circunstancias excepcionales. A cambio, la red cobraba entre 5.000 y 10.000 euros por cada inmigrante.

La operación se ha saldado con 19 detenidos —18 en Vizcaya y uno en San Sebastián—, entre ellos los principales responsables del entramado. Además, los agentes han practicado registros en dos gestorías y un bufete de abogados, donde se han intervenido más de 14.000 euros en efectivo, abundante material informático, documentos falsificados y diversa documentación relacionada con las actividades investigadas.

La investigación comenzó tras detectarse un incremento inusual de solicitudes de residencia presentadas por ciudadanos marroquíes y argelinos. En esos expedientes aparecían documentos presuntamente falsificados integrados dentro de los trámites exigidos para la regularización de extranjeros. A partir de ahí, la Policía inició distintas actuaciones en colaboración con varios ayuntamientos y con la Subdelegación del Gobierno en Vizcaya, logrando descubrir una estructura perfectamente organizada dedicada a la falsificación documental y al fraude en procedimientos de extranjería.

Las pesquisas permitieron identificar una red jerarquizada en la que cada integrante desempeñaba una función concreta. Mientras unos captaban clientes, otros se encargaban de localizar viviendas para realizar empadronamientos ficticios. Paralelamente, la organización utilizaba empresas, gestorías y bufetes de abogados para presentar solicitudes de residencia acompañadas, presuntamente, de documentación falsa, siendo plenamente conscientes —según los investigadores— de la irregularidad de los expedientes tramitados.

Los agentes han logrado documentar hasta 118 episodios de falsedad documental y han constatado que al menos 42 permisos de residencia fueron concedidos gracias a estas prácticas. La investigación también ha revelado que determinados despachos ofrecían la posibilidad de tramitar permisos de residencia sin que los solicitantes se encontraran siquiera en territorio español. Para iniciar el procedimiento bastaba con enviar fotocopias de pasaportes, justificantes médicos, certificados de empadronamiento o documentación bancaria.

Según las indagaciones policiales, algunas de las gestorías investigadas actuaban como piezas clave dentro del entramado criminal y podrían mantener vínculos con la llegada de embarcaciones tipo patera procedentes de Argelia, funcionando como una vía directa de captación de migrantes.

A los detenidos se les imputan delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.