La UDEF reconstruye una presunta red de influencias alrededor del rescate de 53 millones concedido a Plus Ultra durante la pandemia
Rodríguez Zapatero y la trama del Covid: ayudas públicas, lobby político y dinero bajo sospecha en el caso Plus Ultra
La investigación comenzó en silencio, entre teléfonos intervenidos, discos duros clonados y conversaciones que, según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, acabaron dibujando algo mucho más grande que un simple rescate empresarial. Lo que los informes 1907/26 y 1908/26 de la UDEF describen no es únicamente la concesión de una ayuda pública de 53 millones de euros a Plus Ultra durante la pandemia, mientras el Gobierno extremaizquierdista mantenía a los ciudadanos encerrados y con las bocas, literalmente, tapadas. Lo que sostienen los investigadores es la existencia de una red de influencias político-empresariales que, presuntamente, habría operado desde las sombras del poder para facilitar aquella operación.
Los dos informes policiales, fechados el 22 de abril de 2026 y remitidos al Tribunal Central de Instancia, describen una cronología minuciosa de contactos, mensajes y reuniones que, según la Policía, conectan a directivos de Plus Ultra con el entorno del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero y con personas vinculadas al entonces ministro José Luis Ábalos. La UDEF habla expresamente de “una red de influencia que trasciende del ámbito meramente empresarial” y sostiene que las interacciones halladas “evidencian notablemente la existencia de influencias de carácter ilícito utilizadas para lograr la concesión de la ayuda pública”.
Todo comienza en marzo de 2020. España acababa de entrar en el confinamiento del Covid. El sector aéreo se desplomaba. Plus Ultra buscaba desesperadamente financiación. Y es en ese momento cuando aparecen las primeras conversaciones que los investigadores consideran claves. El 23 de marzo de 2020, Rodolfo Reyes, principal accionista de la compañía, escribe a Miguel Palomero: “Necesitamos llegar a las ayudas”. Poco después añade: “A ver qué se te ocurre a nivel político. Dónde tocar puertas”. La respuesta llega enseguida: “Tocamos a Ábalos”.
Aquella conversación es interpretada por la UDEF como el nacimiento de la “vía Ábalos”: una cadena de contactos que, según los investigadores, conectaría a Plus Ultra con el entonces ministro de Transportes a través de Miguel Palomero y de Koldo García Izaguirre, a quien los informes identifican como “la mano derecha del ministro”.
Pero no era la única vía. Apenas una semana después, el 30 de marzo, aparece el otro gran nombre del sumario. “¿Tú crees que podamos pedir ayuda a Zapatero?”, escribe Rodolfo Reyes a Ramón Gordils. La conversación continúa con una frase que la UDEF reproduce íntegramente: “Tema lobby político Plus Ultra Líneas Aéreas. Ayudas públicas y/o financiamiento”. Gordils responde: “Yo busco cómo llegarle a ZP”.
Los investigadores sostienen que ahí nace la “vía Zapatero”. Y a partir de ese momento, las conversaciones comienzan a multiplicarse. El 28 de abril de 2020, Rodolfo Reyes comunica a Julio Martínez Sola que “acaba de hacerse el puente con ZP”. Ese mismo día, Reyes añade otra frase especialmente llamativa: “Manuel es la pieza de ZP en Venezuela”.
El nombre de Manuel Fajardo aparece desde entonces de forma recurrente. Según la UDEF, sería uno de los hombres de conexión con el entorno del ex presidente. El 29 de abril, Julio Martínez Sola escribe a Fajardo: “Me pongo en contacto contigo de parte de Ramón Gordils”. Horas después, Martínez Sola informa a Rodolfo Reyes de que ya ha hablado con Fajardo y añade: “Que me llama Zapatero”.
La investigación policial describe entonces una cadena de contactos cada vez más intensa. El 16 de mayo, Fajardo pregunta directamente por los avales ICO “de parte del amigo”, término que la UDEF identifica con Rodríguez Zapatero. En esa misma conversación aparece otro nombre central: Julio Martínez Martínez. “Ponte en contacto con Julio Martínez… Él te va ayudando”, escribe Fajardo. Y después añade una frase que los investigadores consideran decisiva: “En el equipo del amigo estamos él y yo”.
A partir de ese momento, los informes sostienen que Plus Ultra activa simultáneamente dos líneas de presión: la vinculada a Ábalos y la vinculada a Zapatero. Los mensajes muestran a directivos de la aerolínea tratando de llegar al Gobierno, organizando reuniones y buscando respaldo político para acceder primero a créditos ICO y más tarde al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), el instrumento creado por el Ejecutivo socialista para rescatar empresas durante la pandemia.
La UDEF dedica decenas de páginas a reconstruir aquella secuencia. El 4 de mayo de 2020, Miguel Palomero comunica a Rodolfo Reyes que ya han hecho “un approach a la mano derecha del ministro”. Días después, las conversaciones reflejan la preocupación por “mover” expedientes dentro de la Administración. Y el 8 de julio de 2020 se produce uno de los episodios que más peso tienen en los informes: Plus Ultra recibe una llamada “de parte del ministro” para organizar una reunión con Pedro Saura, entonces secretario de Estado de Transportes.
Los investigadores destacan especialmente una conversación posterior al encuentro. Tras reunirse con Pedro Saura y su jefe de gabinete, los directivos de Plus Ultra escriben: “Se notaba que nos han recibido por ‘altas’ recomendaciones”. Rodolfo Reyes responde inmediatamente: “Sí bro. Nuestro pana Zapatero detrás”.
A medida que avanza el relato policial, aparece un elemento especialmente delicado: la supuesta estructura económica creada para canalizar pagos. La UDEF describe un “complejo entramado societario” instrumentalizado formalmente por Julio Martínez Martínez y detrás del cual, según los investigadores, el liderazgo real lo ejercería José Luis Rodríguez Zapatero.
En las conversaciones incorporadas al sumario, el director financiero de Plus Ultra, Roberto Roselli, habla incluso de una “finance boutique”. Según el informe, Roselli afirma que “por ahí vendrá la mordida”.
La UDEF sostiene que aquella estructura habría servido para “recibir pagos por las influencias ejercidas”. Los investigadores reconstruyen transferencias, contratos de asesoramiento y movimientos financieros que, a su juicio, no responderían a una actividad mercantil ordinaria sino a pagos relacionados con la obtención de la ayuda pública. Entre ellos aparece un contrato firmado el 30 de julio de 2020 entre Plus Ultra y la sociedad “Análisis Relevante”, vinculada a Julio Martínez Martínez, con una remuneración de 5.000 euros mensuales más IVA.
Los informes van todavía más lejos. La UDEF asegura haber detectado “capacidad de acceso a información privilegiada” por parte de la red investigada. Según la Policía, Julio Martínez Martínez felicitó a los responsables de Plus Ultra por la concesión de la ayuda incluso antes de que se celebrara formalmente la reunión decisiva del Consejo Gestor del FASEE.
El documento también cuestiona seriamente la documentación entregada por la SEPI. Los investigadores afirman haber encontrado carpetas vacías, documentos ausentes, archivos imposibles de abrir y diferencias significativas entre las distintas entregas documentales realizadas por el organismo público.
Especialmente sensible resulta el apartado relativo a la Seguridad Social. La UDEF sostiene que Plus Ultra obtuvo un certificado de estar al corriente de pagos con la Tesorería General de la Seguridad Social en agosto de 2020 pese a que, según la propia TGSS, la compañía mantenía deuda en aquel momento. La inexistencia de deudas era uno de los requisitos para acceder al rescate público.
El segundo informe, el 1908/26, añade además un elemento internacional inesperado. Parte de la información utilizada por la UDEF procede de Homeland Security Investigations (HSI), la agencia investigadora del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Según el documento, el HSI entregó a España la extracción telefónica de un móvil perteneciente a Rodolfo Reyes dentro de una investigación sobre “blanqueo de capitales, corrupción de empresarios y personas políticamente expuestas”.
Los investigadores estadounidenses, según recoge literalmente el informe, consideraban que la información podía ser relevante para “sustentar la presentación de cargos penales” en España.
A lo largo de más de 300 páginas entre ambos documentos, la UDEF va componiendo así una imagen que mezcla política, lobby, rescates públicos, empresarios venezolanos, intermediarios, estructuras societarias y acceso privilegiado al poder. Los informes, sin embargo, son todavía tesis policiales. No constituyen una sentencia. Muchas de las afirmaciones deberán ser ahora contrastadas judicialmente, sometidas a contradicción y defendidas ante el tribunal.
Pero hay algo que ya resulta evidente tras leer ambos documentos: la investigación ha dejado de ser únicamente un debate político sobre el rescate de una aerolínea. Lo que describen los investigadores es una presunta red de influencias que, de confirmarse judicialmente, podría convertirse en uno de los mayores escándalos político-financieros de la historia de España.
La investigación comenzó en silencio, entre teléfonos intervenidos, discos duros clonados y conversaciones que, según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, acabaron dibujando algo mucho más grande que un simple rescate empresarial. Lo que los informes 1907/26 y 1908/26 de la UDEF describen no es únicamente la concesión de una ayuda pública de 53 millones de euros a Plus Ultra durante la pandemia, mientras el Gobierno extremaizquierdista mantenía a los ciudadanos encerrados y con las bocas, literalmente, tapadas. Lo que sostienen los investigadores es la existencia de una red de influencias político-empresariales que, presuntamente, habría operado desde las sombras del poder para facilitar aquella operación.
Los dos informes policiales, fechados el 22 de abril de 2026 y remitidos al Tribunal Central de Instancia, describen una cronología minuciosa de contactos, mensajes y reuniones que, según la Policía, conectan a directivos de Plus Ultra con el entorno del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero y con personas vinculadas al entonces ministro José Luis Ábalos. La UDEF habla expresamente de “una red de influencia que trasciende del ámbito meramente empresarial” y sostiene que las interacciones halladas “evidencian notablemente la existencia de influencias de carácter ilícito utilizadas para lograr la concesión de la ayuda pública”.
Todo comienza en marzo de 2020. España acababa de entrar en el confinamiento del Covid. El sector aéreo se desplomaba. Plus Ultra buscaba desesperadamente financiación. Y es en ese momento cuando aparecen las primeras conversaciones que los investigadores consideran claves. El 23 de marzo de 2020, Rodolfo Reyes, principal accionista de la compañía, escribe a Miguel Palomero: “Necesitamos llegar a las ayudas”. Poco después añade: “A ver qué se te ocurre a nivel político. Dónde tocar puertas”. La respuesta llega enseguida: “Tocamos a Ábalos”.
Aquella conversación es interpretada por la UDEF como el nacimiento de la “vía Ábalos”: una cadena de contactos que, según los investigadores, conectaría a Plus Ultra con el entonces ministro de Transportes a través de Miguel Palomero y de Koldo García Izaguirre, a quien los informes identifican como “la mano derecha del ministro”.
Pero no era la única vía. Apenas una semana después, el 30 de marzo, aparece el otro gran nombre del sumario. “¿Tú crees que podamos pedir ayuda a Zapatero?”, escribe Rodolfo Reyes a Ramón Gordils. La conversación continúa con una frase que la UDEF reproduce íntegramente: “Tema lobby político Plus Ultra Líneas Aéreas. Ayudas públicas y/o financiamiento”. Gordils responde: “Yo busco cómo llegarle a ZP”.
Los investigadores sostienen que ahí nace la “vía Zapatero”. Y a partir de ese momento, las conversaciones comienzan a multiplicarse. El 28 de abril de 2020, Rodolfo Reyes comunica a Julio Martínez Sola que “acaba de hacerse el puente con ZP”. Ese mismo día, Reyes añade otra frase especialmente llamativa: “Manuel es la pieza de ZP en Venezuela”.
El nombre de Manuel Fajardo aparece desde entonces de forma recurrente. Según la UDEF, sería uno de los hombres de conexión con el entorno del ex presidente. El 29 de abril, Julio Martínez Sola escribe a Fajardo: “Me pongo en contacto contigo de parte de Ramón Gordils”. Horas después, Martínez Sola informa a Rodolfo Reyes de que ya ha hablado con Fajardo y añade: “Que me llama Zapatero”.
La investigación policial describe entonces una cadena de contactos cada vez más intensa. El 16 de mayo, Fajardo pregunta directamente por los avales ICO “de parte del amigo”, término que la UDEF identifica con Rodríguez Zapatero. En esa misma conversación aparece otro nombre central: Julio Martínez Martínez. “Ponte en contacto con Julio Martínez… Él te va ayudando”, escribe Fajardo. Y después añade una frase que los investigadores consideran decisiva: “En el equipo del amigo estamos él y yo”.
A partir de ese momento, los informes sostienen que Plus Ultra activa simultáneamente dos líneas de presión: la vinculada a Ábalos y la vinculada a Zapatero. Los mensajes muestran a directivos de la aerolínea tratando de llegar al Gobierno, organizando reuniones y buscando respaldo político para acceder primero a créditos ICO y más tarde al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), el instrumento creado por el Ejecutivo socialista para rescatar empresas durante la pandemia.
La UDEF dedica decenas de páginas a reconstruir aquella secuencia. El 4 de mayo de 2020, Miguel Palomero comunica a Rodolfo Reyes que ya han hecho “un approach a la mano derecha del ministro”. Días después, las conversaciones reflejan la preocupación por “mover” expedientes dentro de la Administración. Y el 8 de julio de 2020 se produce uno de los episodios que más peso tienen en los informes: Plus Ultra recibe una llamada “de parte del ministro” para organizar una reunión con Pedro Saura, entonces secretario de Estado de Transportes.
Los investigadores destacan especialmente una conversación posterior al encuentro. Tras reunirse con Pedro Saura y su jefe de gabinete, los directivos de Plus Ultra escriben: “Se notaba que nos han recibido por ‘altas’ recomendaciones”. Rodolfo Reyes responde inmediatamente: “Sí bro. Nuestro pana Zapatero detrás”.
A medida que avanza el relato policial, aparece un elemento especialmente delicado: la supuesta estructura económica creada para canalizar pagos. La UDEF describe un “complejo entramado societario” instrumentalizado formalmente por Julio Martínez Martínez y detrás del cual, según los investigadores, el liderazgo real lo ejercería José Luis Rodríguez Zapatero.
En las conversaciones incorporadas al sumario, el director financiero de Plus Ultra, Roberto Roselli, habla incluso de una “finance boutique”. Según el informe, Roselli afirma que “por ahí vendrá la mordida”.
La UDEF sostiene que aquella estructura habría servido para “recibir pagos por las influencias ejercidas”. Los investigadores reconstruyen transferencias, contratos de asesoramiento y movimientos financieros que, a su juicio, no responderían a una actividad mercantil ordinaria sino a pagos relacionados con la obtención de la ayuda pública. Entre ellos aparece un contrato firmado el 30 de julio de 2020 entre Plus Ultra y la sociedad “Análisis Relevante”, vinculada a Julio Martínez Martínez, con una remuneración de 5.000 euros mensuales más IVA.
Los informes van todavía más lejos. La UDEF asegura haber detectado “capacidad de acceso a información privilegiada” por parte de la red investigada. Según la Policía, Julio Martínez Martínez felicitó a los responsables de Plus Ultra por la concesión de la ayuda incluso antes de que se celebrara formalmente la reunión decisiva del Consejo Gestor del FASEE.
El documento también cuestiona seriamente la documentación entregada por la SEPI. Los investigadores afirman haber encontrado carpetas vacías, documentos ausentes, archivos imposibles de abrir y diferencias significativas entre las distintas entregas documentales realizadas por el organismo público.
Especialmente sensible resulta el apartado relativo a la Seguridad Social. La UDEF sostiene que Plus Ultra obtuvo un certificado de estar al corriente de pagos con la Tesorería General de la Seguridad Social en agosto de 2020 pese a que, según la propia TGSS, la compañía mantenía deuda en aquel momento. La inexistencia de deudas era uno de los requisitos para acceder al rescate público.
El segundo informe, el 1908/26, añade además un elemento internacional inesperado. Parte de la información utilizada por la UDEF procede de Homeland Security Investigations (HSI), la agencia investigadora del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Según el documento, el HSI entregó a España la extracción telefónica de un móvil perteneciente a Rodolfo Reyes dentro de una investigación sobre “blanqueo de capitales, corrupción de empresarios y personas políticamente expuestas”.
Los investigadores estadounidenses, según recoge literalmente el informe, consideraban que la información podía ser relevante para “sustentar la presentación de cargos penales” en España.
A lo largo de más de 300 páginas entre ambos documentos, la UDEF va componiendo así una imagen que mezcla política, lobby, rescates públicos, empresarios venezolanos, intermediarios, estructuras societarias y acceso privilegiado al poder. Los informes, sin embargo, son todavía tesis policiales. No constituyen una sentencia. Muchas de las afirmaciones deberán ser ahora contrastadas judicialmente, sometidas a contradicción y defendidas ante el tribunal.
Pero hay algo que ya resulta evidente tras leer ambos documentos: la investigación ha dejado de ser únicamente un debate político sobre el rescate de una aerolínea. Lo que describen los investigadores es una presunta red de influencias que, de confirmarse judicialmente, podría convertirse en uno de los mayores escándalos político-financieros de la historia de España.




















