Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentran desde primera hora de este miércoles en la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para requerir información en relación al caso Leire que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, han informado a EFE fuentes próximas a la investigación. La UCO también está registrando inmuebles propiedad del PSOE por toda la geografía nacional, la sede de la Fundación Pablo Iglesias, la sede de la consultora de Gaspar Zarrías y la vivienda de Santos Cerdán.

Se trata de un requerimiento de documentación relacionada con pagos a la que fuera militante del PSOE Leire Díez, según las citadas fuentes.

Además de esta actuación, los agentes de la UCO se encuentran también en el despacho en Madrid del exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías.

De hecho, Pedraz ha imputado a Cerdán, Zarrías y a la gerente del PSOE Ana María Fuentes en esta causa.

Pedraz prorrogó el pasado 8 de mayo un mes más el secreto de esta causa en la que investiga también al expresidente de la Sepi Vicente Fernández y al propietario de Servinabar Antxon Alonso, considerado socio del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por presuntas mordidas en la adjudicación de contratos públicos.

Díez, Fernández y Alonso fueron detenidos en diciembre por malversación, tráfico de influencias y organización criminal, y posteriormente quedaron en libertad con medidas cautelares: comparecencias quincenales, retirada del pasaporte y prohibición de salir de España.

Según la investigación, conformaron un grupo autodenominado Hirurok (‘nosotros tres’, en euskera) que se habría dedicado a orientar «diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros», para lo que se aprovechaban de su posición y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública para obtener «el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones».

La exmilitante socialista está siendo también investigada en un juzgado de Madrid por presuntas maniobras para perjudicar a fiscales o al responsable de la UCO, Antonio Balas con el objeto de entorpecer investigaciones judiciales.

En esa causa, el juez Arturo Zamarriego tomó declaración como testigo al exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías para indagar en el contrato que le hizo a través de la sociedad Zaño y en su relación personal con ella y los otros investigados.

Zarrías declaró que contrató a la exmilitante socialista en 2024 para que culminase una investigación periodística sobre si el excomisario José Villarejo estaba relacionado con el procedimiento de los ERE, sin que el PSOE tuviera nada que ver en este trabajo.